El cuerpo de magistrados consideró que, viciado el proceso de recolección de datos, todo el proceso que derivó de ello, termina siendo nulo.
Esta era la casa de Marilyn Bárbaro, donde fue perpetrado el asesinato.
La resolución de nulidad de las pruebas incorporadas a la causa por el asesinato de Marilyn Bárbaro encuentra antecedentes en fallos de la Corte Suprema de la Nación de 1891: básicamente, lo que sostuvo el Superior Tribunal de Justicia es que la incorporación en forma irregular de las pruebas que incriminaban a Matías Ortíz, enturbió todo el proceso judicial volviéndolo nulo. Según juristas consultados, se trata de la doctrina del fruto del árbol envenenado, que dispone que «la ineficacia probatoria de los actos vulneratorios de garantías constitucionales se extiende a aquellas pruebas derivadas de aquel». Es decir, la prueba impugnada -los pelos de la víctima hallados en el vehículo- fue tomada cinco meses después de la muerte, sobre un vehículo que no estaba preservado y del que se extrajeron muestras clasificadas sin control de las partes y por quien no era perito en la causa.
Con esto, se violó el derecho de defensa en juicio y la prueba perdió toda certeza.
Así, toda la causa vuelve al momento exacto en que se tomaron esas pruebas, al momento del pedido de prórroga extraordinaria, planteado por el juez Horacio Alarcón -Ortiz, Gabriel Piotroski, Patricio Do Santos y Daniel Chaparro Núñez estaban libres-. Con esto, el abogado José Jacobo Mass, anticipó que una vez que se haga oficial la resolución, pedirá la falta de mérito para Matías Ortíz, el hijo de la ex diputada Marlene Carvallo y su inmediata libertad.
El defensor de Piotroski, Orlando Flossi coincidió con Mass en que «esto fue una aberración jurídica lo que ocurrió, no había pruebas en contra de mi cliente, demostramos que estaba en otro lugar a esa hora, era imposible esto.Este fue un fallo valiente y ejemplificador», explicó.
Roberto Bondar, abogado defensor de Ruben Schming- unico que quedará detendido por haber confesado estar en el lugar del hecho-dijo que «sabía como iba a resolver el STJ . Solo a manera de ejemplo digo que los que hicieron las pruebas que ahora se anulan fueron peritos de Gendarmería, y ahora habría que ordenar la inmediata detención de los peritos, porque su resolución determinó que estas personas estén detenidas por mucho tiempo, pero no lo hacen y allí está la trampa, porque si lo hubieran hecho iban a defenderse argumentando lo que efectuaron que es totalmente legal», argumentó Bondar.
En cambio, el abogado de la familia Bárbaro, Ramón Enriquez admitió que no le queda nada por hacer en esta instancia. Pero insistió en que el procedimiento judicial está mal «porque el Superior no debió haberse expedido ahora, si no resolver otros pasos previos».
Sorprendidos in fraganti tendrán juicio inmediato
