El diputado Ricardo Biazzi (PJ), presentó en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley, acompañado por los diputados Esteban Lozina (FpV), Miguel López (FpV), Fabiana Perié (FpV), Héctor Bárbaro (FpV) y Mariano Díaz (PS) sobre la Integridad del Salario del Empleado Público-Condiciones de Descuentos en Haberes, pidiendo que se declare de interés provincial la protección de la integridad de la retribución de los agentes públicos en todo ámbito de la provincia, para preservar su carácter
alimentario. Están comprendidos entre los agentes públicos mencionados quienes presten servicios en planta permanente, temporaria o transitoria, de la Administración Pública Central, Entes Descentralizados, Autárquicos, Poder Legislativo, Judicial y Organismos de la Constitución provincial.
Los descuentos, quitas o retenciones de los haberes de los agentes del
sector público a los que refieren los incisos 5, 7 y 8 del artículo 29
de la Ley 2341 y sus modificatorias, no podrán exceder del 30% del
importe neto de la retribución mensual, (se limita la posibilidad que el empleado publico pueda disponer, autorizando estos descuentos, de más del 30% del neto de su haberes mensuales).
Biazzi fundamentó su proyecto de ley en que «más allá de la discusión
sobre la validez de los índices inflacionarios publicados por los
organismos de estadísticas del país, es una realidad diaria la pérdida
del poder adquisitivo que afecta de manera directa a los asalariados y
entre ellos al empleado público provincial. Este proceso que erosiona
mensualmente el poder adquisitivo de los argentinos, lleva a que la
economía familiar tenga que recurrir al crédito para cubrir el
desfasaje entre los salarios que se perciben y el aumento del costo de
vida, con el creciente endeudamiento que ello trae aparejado. Los
acreedores, a su vez, con el fin de proteger sus créditos proceden a
realizar, -autorizados por la ley y la voluntad de los interesados-
descuentos directamente de las remuneraciones. Es por ello que con
este proyecto de ley se pretende asegurar la integridad de la
retribución de los empleados públicos, con la finalidad de preservar
su carácter alimentario».
Agregó además que «esa integridad, de no establecerse un tope
determinado para los descuentos provenientes de acuerdos voluntarios
de los agentes, quedaría notoriamente desnaturalizada. Es
indispensable impedir que los agentes públicos perciban salarios
insignificantes, o que incluso en muchos casos, no lleguen a
percibirlos como consecuencia de los descuentos cuya implementación
autoriza la legislación vigente, y resulta conveniente establecer un
tope a las retenciones que por tales conceptos se efectúa sobre los
haberes disponibles. Varias provincias como Córdoba, San Juan y La
Rioja, entre otras, establecieron en los últimos años una legislación
de estas características, destinada a proteger esa integridad del
salario de los empleados públicos», remarcó.