Los precios del gas se mantienen, pero no se llegó a un acuerdo para una tarifa por el envío a domicilio porque las firmas consideran que la jueza no tiene competencia. Se reunieron ayer las empresas distribuidoras de gas y el representante de la Asociación de Usuarios y Consumidores para consensuar el precio de la garrafa, pero no hubo acuerdo en el monto del flete. Los apoderados de la parte empresaria no reconocen la competencia de la magistrada para regular los precios. Al finalizar la reunión se firmó un acta en la que consta el desacuerdo y se ratifica la medida original ordenada por la jueza. Las distribuidoras anticiparon que apelarán la medida.
Los representantes de las empresas distribuidoras, de la Asociación de Usuarios y Consumidores (Uscom) y la jueza Rossana Pía Venchiarutti, se reunieron ayer para establecer una lista de precios para el gas en planta y para el que se distribuye a domicilio del consumidor. La mesa de diálogo finalizó con un acta en la que consta que no se logró concretar un acuerdo, por lo tanto, se mantiene la disposición de la jueza que, en respuesta a un recurso de amparo presentado por la Uscom, había establecido un precio máximo de 23,50 pesos para las garrafas de diez kilos, 34 pesos para la unidad de quince kilos y 122,50 para las garrafas de 45 kilogramos. Pero nada se resolvió en referencia al valor de traslado del combustible, en consecuencia las empresas están liberadas a cobrar el monto que consideren oportuno por el traslado.
La jueza Rossana Pía Venchiarutti planteó en la mesa conciliadora que se aplique un precio «razonable» por el traslado a domicilio, pero Marcelo Armanini, apoderado de una de las empresas distribuidoras de gas (Finten Gas), opinó que establecer un valor razonable, como pretende la jueza, sería difícil teniendo en cuenta que «la razonabilidad se da de acuerdo a la estructura de costos de cada empresa, algunas tienen costos altos, otras costos más bajos y por ende van a cobrar menos».
Al finalizar la mesa de diálogo, Armanini dijo que apelarán a la instancia superior porque «las empresas no consienten la competencia del tribunal para discutir la formación de precios», y que van a seguir la causa hasta que se produzca una sentencia.
Por su parte, Edmundo Maldonado (de Amarilla Gas), explicó que «nosotros, -haciendo alusión a la empresa que representa- no vamos a hacer una presentación, sólo vamos a expresar los agravios a la resolución que está apelada. Los expendedores siguen vendiendo de forma normal, cumpliendo los precios fijados por la jueza, más los gastos de distribución».
Agregó que «no tengo conocimiento de lo que hacen las otras empresas, ni de la situación económica particular de cada una, sólo de la que represento, a pesar de que no se logró un acuerdo, nosotros vamos a seguir dialogando, siempre es bueno llegar a un acuerdo».
De su lado, el titular de la Uscom, Gustavo Tassano, lamentó la falta de acuerdo y relató que «las empresas concurrieron con una posición de no aceptar la jurisdicción del tribunal y no se prestaron a la conciliación debatiendo una serie de causales procesales y jurídicas, que pueden se atendidas, pero no es lo trascendental».
Flete razonable
«La resolución que está en pie, es la del 13 de mayo, que por un lado, ratificó a la primera y, por otro, decía que las empresas podían cobrar un precio a domicilio siempre que sea razonable. Ante esto, nosotros vamos a pedir que la jueza se expida concretamente qué es justo y razonable, para que por lo menos lo usuarios podamos tener una certeza de cuál es el precio que debemos pagar por la garrafa que es llevada a domicilio», destacó el titular de la Uscom, Gustavo Tassano.
«Nosotros consideramos que es una pérdida, la oportunidad que teníamos para llegar a un acuerdo y zanjar las diferencias para así lograr un beneficio para los consumidores. Lo que sí queda en evidencia es que las empresas no tuvieron voluntad de dialogar, no quisieron tratar los precios, ni el transporte, ni el flete. Además, no quisieron reconocer que se está violando la ley de defensa del consumidor, que se está violando la ley que regula el GLP y pretenden argüir que el gas es un producto más y que por lo tanto está liberado pudiendo así poner el precio que consideren necesario».
El dirigente enfatizó que «de nuestra parte el diálogo quedó abierto, estamos para debatir y no para confrontar. Defendemos la aplicación de la ley 2.620 y la de defensa del consumidor y ellos defienden el bolsillo de las empresas».
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