Foto: Diario Crítica
El diario Crítica dio detalles de las obras por un monto de 70 millones de pesos otorgada a una empresa misionera que por primera vez participa en la licitación porteña, encargada por el gobierno de Mauricio Macri.
El gobierno de Mauricio Macri inició el proceso de urbanización de villas. A través de la Corporación Buenos Aires Sur, licitó tres complejos habitacionales para Villa Lugano y Villa Soldati que suman 552 viviendas. Una constructora de la provincia de Misiones, que por primera vez participa en una licitación porteña, ofreció la mejor cotización en los tres concursos de precios. El presidente de la Corporación, el también misionero Humberto Schiavoni, está a punto de firmar los contratos por 70 millones de pesos. No serán las primeras obras que Schiavoni le otorgue a Ingeniero Mercado S.A. El funcionario y la compañía son viejos conocidos. Esa empresa fue una de las principales beneficiarias de contratos de obra pública durante el gobierno provincial de Ramón Puerta, cuando Schiavoni era el ministro de Economía. También le adjudicó contratos durante el año y medio que presidió el Ente Binacional Yacyretá, entre 2002 y 2003. El vínculo continúa.
Durante la primera semana de abril, la Corporación Buenos Aires Sur (CBAS) un ente gubernamental porteño creado para estimular el desarrollo de las zonas más postergadas de la Ciudad llamó a tres licitaciones públicas para la construcción de viviendas sociales: 168 casas en Villa Lugano y dos barrios de 205 y 180 viviendas en Villa Soldati. Al primer llamado respondieron cinco empresas. Además de Ingeniero Mercado, se presentaron cuatro firmas radicadas en la Ciudad: Tala-Riorca, Bricons, Vidogar y Emaco. La primera superó el presupuesto oficial (21.168.000 pesos) en casi 3 millones de pesos. Las otras, se excedieron en 10 millones. La empresa misionera ofertó el precio más bajo: $ 23.073.120, y ofreció una variante que empardó al número oficial. Quedó primera.
La segunda licitación también atrajo a cinco empresas: Teximco, Vidogar, Emaco, Mercado y Carlos R. Nosiglia. Esta última también es misionera y, como Mercado, es una vieja conocida de Schiavoni. Las dos hicieron las mejores ofertas, entre 2 y 11 millones de pesos más baratas que las demás. Y nuevamente Mercado hizo una propuesta alternativa que igualó al presupuesto oficial: 22.680.000 pesos.
El tercer llamado, para 204 viviendas en Villa Soldati, sólo atrajo a tres interesados: Bricons, Vidogar y Mercado. El presupuesto oficial era de 25.704.000 pesos. Bricons cotizó 39.783.905,69 pesos. Vidogar, 40.201.672,71 pesos. Y la firma de Posadas ofertó hacer las obras por 27.503.280, con una variante por 24.932.880 pesos.
¿Fue simple casualidad? Crítica de la Argentina preguntó a las autoridades de la Corporación Buenos Aires Sur cuál era la magia de las empresas misioneras que ofrecían realizar las obras a valores hasta 30% más bajos que sus competidores. Después de dos días de llamados a las dependencias públicas, fue imposible obtener alguna información. «Lo vamos a llamar», fue la única respuesta que recibió este diario desde la Gerencia de Obras, la Gerencia de Relaciones Institucionales y la «privada» del Presidente de CBAS.
Un funcionario que pidió mantener su nombre en estricta reserva ofreció una explicación: «Schiavoni invitó a algunas empresas conocidas de las provincias para romper con la cartelización de precios que habían armado la empresas locales. Mauricio está al tanto y lo aprueba». De ser cierto, el argumento oficial se tropieza con un dilema legal. La cartelización de precios es un delito penado por la ley. El artículo 300 del Código Penal de la Nación prevé entre seis meses y dos años de prisión para quienes concerten un alza del precio de un bien o un servicio determinado. Y la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia impone multas de hasta 150 millones de pesos para las personas o empresas que coordinen «posturas en las licitaciones o concursos». Y los funcionarios o empleados públicos, cualquiera sea su rango, están obligados a denunciar ante la Justicia la supuesta comisión de cualquier delito. Pero promesas de gestión no son compatibles con los tiempos judiciales.
QUIÉN ES ESTE HOMBRE. Humberto Luis Arturo Schiavoni es un gran conocedor del mercado de la construcción. De hecho, armó su propia empresa del rubro a principios de los 80, después de recibirse de abogado en la UBA. Y se especializó en el área desde la función pública. Fue ministro de Economía de la provincia de Misiones durante el gobierno del peronista Ramón Puerta. Desde esa cartera, tuvo a su cargo la obra pública provincial durante una década. Y se ocupó de la privatización y liquidación de las empresas estatales como el Banco de la Provincia de Misiones y el Instituto Provincial del Seguro. También fue por unos meses ministro coordinador del gabinete de gobernador Carlos Rovira, y fugaz jefe de Gabinete de la brevísima presidencia de Puerta, en diciembre de 2001. Su paso por la Casa Rosada le valió un puesto nacional. Con Eduardo Duhalde como jefe de Estado, fue designado al mando del Ente Binacional Yacyretá, donde licitó la construcción de viviendas reubicadas. Un concurso que también ganó Ingeniero Mercado.
Schiavoni llegó al gobierno de Macri gracias al vínculo político de ambos con Puerta. Renunció a una banca en el Concejo Deliberante de la capital misionera para asumir en la Corporación del Sur. Pero el jefe de Gobierno y Schiavoni se conocen hace más de una década. El 12 de septiembre de 1999, Macri llegó a Apóstoles en un LearJet privado. Y junto a su amigo Puerta, viajaron en helicóptero hasta Posadas para sobrevolar la costanera de la ciudad. Era un vuelo de negocios: unos días antes, una de las empresas de Macri había ganado la licitación para la construcción de la avenida Monseñor Kemerer, que bordea el Paraná. Schiavoni, entonces ministro de Economía, fue el redactor del contrato y el hombre que condujo la licitación. Desde esa cartera, también le adjudicó por esos años el mantenimiento de la represa hidroeléctrica de Urugua-í y la Ruta Provincial 103, que une Oberá con Alba Posse, en el límite con Brasil.
Yacyretá da oportunidades a todos
El presidente de la Corporación del Sur estuvo a cargo entre 2002 y 2003, del Ente Binacional Yacyretá (EBY), el organismo que controla la represa hidroeléctrica. Como director ejecutivo del EBY, fue responsable de la concesión de las obras habitacionales para las comunidades que debía relocalizarse porque sus tierras serían inundadas por la elevación de la cota del embalse. Ingeniero Mercado SA consiguió el contrato para la construcción de 164 viviendas en el municipio de Garupá, hizo la escuela y el equipamiento comunitario. Hace pocos días, finalizó un barrio de 130 casas en Posadas del Plan Federal de Vivienda. Crítica de la Argentina publicó en su edición de ayer el detalle de las tres últimas adjudicaciones por parte del Ente, por las que se pagaron sobreprecios de hasta el 90% del presupuesto previsto.
La Auditoría advirtió sobre la falta de control en la Corporación del Sur
Apoco de asumir, Mauricio Macri advirtió que su prometido gobierno centrado en la «gestión» sería complicado. Tuvo 350 millones de motivos: en diciembre, la Legislatura le había autorizado a contratar obras por ese monto con mecanismos de licitación «exprés» para acondicionar escuelas. Pero el programa debía finalizar a comienzos de marzo. A pesar del permiso parlamentario, la burocracia y la supuesta cartelización de las empresas del sector derivaron en que el Ministerio de Educación sólo pudiera ejecutar hasta hoy el 30 por ciento de ese presupuesto.
Alertado sobre el combo «antigestión», Macri también intentó buscar un mecanismo de contratación más ágil para los planes de viviendas en villas, uno de sus principales eslóganes de campaña, y transfirió los programas de urbanización a la Corporación del Sur, una empresa estatal exenta de algunos mecanismos de control de presupuesto. Pero la «dinámica» y la transparencia no siempre van de la mano.
Un informe de la Auditoría General de la Ciudad, hace pocos días, cuestionó la carencia de registro de proveedores de los últimos años, «con falta de transparencia en el circuito de contrataciones», así como el hecho de que no surja el criterio de selección para invitar a cotizar y la ausencia de control por oposición en la auditoría interna de la Corporación porque «consta de un solo integrante que ejecuta, supervisa y controla».
Fuente: Diario Crítica
