Gerardo Alonso Schwarz, economista de la Regional NEA del IERAL Fundación Mediterránea, expuso que «si el gobierno busca incrementar la disponibilidad de sus recursos, debe trabajar en combatir la economía informal que existe en Misiones».
En una entrevista con Gerardo Alonso Schwarz, economista e investigador Jefe de la Regional NEA del IERAL Fundación Mediterránea, se refirió al proyecto de Reforma de la Ley de Alícuotas que se debate en la Cámara de Diputados, y consideró que el objetivo de incrementar la tasa de Ingresos Brutos para atender la necesidad del gobierno de incrementar la recaudación provincial no es la medida «más eficiente».
El especialista sostuvo que habría que apuntar a lograr «controles más eficientes» para disminuir la economía informal en la provincial y negociar una «mayor coparticipación» per capita para Misiones.
De esta manera, indicó que con las dos medidas mencionadas se lograría incrementar significativamente la recaudación; mientras que con un incremento en la tasa de Ingresos Brutos «no se mueve la aguja de la recaudación provincial, y sí se afecta la rentabilidad de las empresas y se genera incrementos en los precios finales, esto es inevitable», dijo.
¿Cuál es la opinión empresaria en la Fundación Mediterránea de los distintos ámbitos productivos sobre estos dos proyectos: reforma de la ley de Alícuotas y mayores facultades a la Dirección General de Rentas?
La mayoría de los empresarios se enteró del proyecto por los medios de comunicación, no se tenía conocimiento previo a esta iniciativa, este fue el comentario coincidente en los distintos ámbitos empresarios. Es lógico que cuando uno toma conocimiento de esta manera, la primera reacción es de nerviosismo, ya que genera incertidumbre el no conocer toda la información sobre el alcance de la medida. Se sabe que hay algo que puede llegar a afectar a tu empresa, que implica menor rentabilidad, o en algunos casos, hasta que deje de existir la misma, sin saber a ciencia cierta de que se trata. Esto fue lo que generó preocupación y por eso hubo reacción de algunos sectores.
Además, prácticamente los afectados están analizando los proyectos de ley cuando, paralelamente, ya se está tratando en cámara. Esto también marca que realmente está en duda el poder opinar, sugerir mejorar en alguna forma cambios en la iniciativa y analizar en profundidad el impacto de la medida.
¿Y cuál es su visión con respecto a las medidas concretas planteadas en el proyecto?
Por un lado, creo que uno de los temas más importantes de los dos proyectos, es destinar el 13% de la recaudación a la DGR, ya que implica mayor poder de la Dirección. En principio estamos de acuerdo en que el encargado de recaudación provincial tenga mayor autoarquía, esto genera mayor estabilidad en la formación de técnicos propios, toda la movilidad necesaria para trasladarse a los distintos puntos de la provincia para realizar los controles que se espera que mejoren, etcétera. Se convertiría en un organismo técnico, no político. Creo que esto es positivo, para que se asegure algún nivel de recurso. Ahora, es discutible si el 13% es lo que corresponde, en eso no es que este de acuerdo.
Por otro lado, también se plantea dar mayor poder a la DGR, ampliando las facultades del ente en varios puntos, uno de ellos esta referido a la ley de Transparencia de los Productos Originarios, para que pueda controlar el cumplimiento de los precios oficiales o concertados de los productos misioneros y además. En este punto sí entendemos que en toda la economía es imposible hacer esto.
Pero además, sin dudas que esta facultad excede ampliamente las facultades de una DGR. El planteo que nos hacemos es saber cuál es la función del organismo a futuro.
No es función de la DGR controlar los precios oficiales, esto implicaría darle una nueva funcionalidad a Rentas y el debate es mucho más profundo.
Por otra parte, en el proyecto se hace referencia a la capacidad de controlar la estructura de costos de cada sector productivo, pudiendo exigir la desagregación o detalle analítico de los componentes o insumos de la matriz de producción de la actividad.
Esto traspasa ampliamente las facultades que históricamente tuvo un organismo de recaudación y es donde vemos que se está transformando al organismo en otra cosa distinta.
Tener un organismo de control de la estructura de costo es predeterminar o decidir cual es la rentabilidad que puede tener o no una empresa. Y esto es el premio que la misma tiene por los riesgos de contratar personal, invertir en tecnología, capacitación, bienes de capital, desarrollar mercado, etcétera.
Por el momento, no sabemos a ciencia cierta cuál es el objetivo de esto, y este es un interrogante abierto para los empresarios.
¿Cuál es el impacto que puede generar en la economía provincial este aumento en las tasas de Ingresos Brutos, donde en celulosa y papel, hipermercados y telefonía celular alcanzan a un 6%?
El impacto directo de esta medida en la recaudación provincial es mínimo. Esto no mueve la aguja de la recaudación. Por lo tanto, el objetivo de incrementar la autarquía financiera de la provincia no es perseguido con esta finalidad, ya que esta medida no modificará en el total de recursos. Sólo el 26% o 27% de los recursos que administra la Provincia son de recaudación propia, todo lo demás viene de la Nación.
Misiones hoy cuenta con una coparticipación por habitante mucho menor a lo que reciben otras provincias (recibe 1200 pesos mientras que Corrientes a febrero de este año recibía 1.500 pesos y Chaco 2000), es decir, nos llegan 300 pesos menos que otras o más.
Por eso, me pareció muy positiva la iniciativa del gobernador Maurice Closs cuando comenzó a gestionar recursos a nivel nacional para compensar esta diferencia histórica en la recaudación, ya que en gestiones anteriores esto no se supo negociar eficientemente. De lograr este reclamo ante la Nación, la recaudación provincial sí incrementará sustancialmente.
Estamos de acuerdo en la necesidad de la provincia de lograr mecanismos que permitan incrementar los recursos, pero considero que no es la vía más eficiente la decisión de incrementar alícuotas de Ingresos Brutos. Creo que si queremos mejorar la disponibilidad de recursos, sin dudas hay que trabajar en los fondos de coparticipación.
El gobierno inició las gestiones en ese camino y considero que tienen muchísimo mas potencial de éxito para lo que se quiere lograr, que es aumentar la recaudación provincial, a la de incrementar la tasa a los IB.
¿Y en los privados, cuál sería el impacto directo con el incremento de IB?
Habrá dos resultados claros: los directos, donde algunas empresas que son proveedoras de pequeños almaceneros, supermercados de barrios o kioscos incrementarán los costos y necesariamente aumentos se trasladarán por los precios de estos insumos. Esto va a suceder con seguridad, los precios finales van a incrementar.
Pero en segundo lugar, y lo mas importante, es la referencia a la señal que desde Misiones se esta mandando al mercado. ¿Realmente queremos estimular la radicación de industrias competitivas, que generen trabajo, que generen inversión en la región, productividad, y que indirectamente también incremente la recaudación total en la provincia por futuros pagos de IB y otros impuestos provinciales?.
Creo que si estamos modificando continuamente los impuestos a las tasas aplicables a la industria que se radican en la provincia, claramente no.
Es llamativo, por ejemplo, como el gobierno provincial cuando reconoce el potencial de inversiones en una actividad, lo incentiva, como es el caso de la actividad turística en Iguazú, donde no solamente están exentas de la tasa de IB los hoteles, sino toda la cadena (restaurante, remises, etc). Pero esto esta restringido a Iguazú. ¿Por qué no trasladar la experiencia a otras actividades de la provincia?. Creo que esta medida puede funcionar en toda la provincia y para otras actividades también.
Con esto, no estoy diciendo que la tasa de Ingreso Bruto tiene que volver a 0 como alguna vez estuvo, estamos de acuerdo que tiene que tener una tasa más cercana al promedio nacional, pero no en los primeros puestos.
Por otra parte, a los inversores hay que asegurarles previsibilidad, que durante tantos años no tendrán determinados impuestos, por ejemplo.
Para otras actividades se están cambiando las reglas, como es el caso de la actividad forestal, donde los proyectos de inversión enmarcados en la 25.080 otorgan estabilidad fiscal por 30 años
Por supuesto, con ese tema hay toda una discusión. Esto genera mayores presiones. Esa ley fue eficiente en algunos puntos, en otros no. Pero nunca se hablo de que la tasa tenía que ser baja, o que no tenía que existir, sino que se le aseguraba al inversor por el ciclo de vida del proyecto productivo. Le daba previsibilidad.
En ese sentido apunta lo más interesante de este debate ¿queremos que lleguen empresas que tengan empresas de largo plazo en nuestra provincia o no? Queremos tener empresas que generen empleos productivos y que sean competitivas a mediano y largo plazo o no?. Estos son los efectos indirectos que generan este tipo de iniciativas, creo que son más importantes que aquellos que signifiquen presiones al alza de los precios del consumidor final.
