, la iniciativa de aumentar algunas de las alícuotas del referido gravamen contenida en un proyecto de ley presentado recientemente a la Cámara, no será acompañada por nuestro voto, sin perjuicio de reiterar la mas decidida disposición y voluntad política de trabajar en el logro de una política tributaria al servicio de la producción y del bienestar de todos los misioneros, dice un comunicado del presidente del bloque de la UCR, Pablo Andersen.
El legislador argumenta que la Constitución provincial en su artículo 71 prescribe que «El régimen tributario de la Provincia se estructurará sobre las bases de la función económico- social de los impuestos y contribuciones».
En el artículo 72 el mandato de la Ley Fundamental «es inequívoco en cuanto a que «Los artículos superfluos o suntuarios se gravarán mas intensamente y los consumos esenciales de la población se desgravarán paulatinamente». La orientación impositiva de nuestra Constitución tiene sentidos y objetivos muy precisos en relación al logro de «una tasa de inversión optima» factor relevante del desarrollo económico, en definitiva, del bienestar general en la medida en que la política fiscal se instrumente prudentemente en beneficio de una mas equitativa distribución del ingreso».
Continúa diciendo que la Unión Cívica Radical a través de sus representantes ha planteado reiteradamente la necesidad de una revisión integral del régimen tributario de manera de poder adecuarlo a la realidad económica y social provincial, y generar las condiciones de posibilidad de una mayor productividad del conjunto de la producción sin perder de vista que, como también manda la Constitución, «La igualdad, proporcionalidad y progresividad constituyen la base de los impuestos y de las cargas públicas».
Andersen indica que el impuesto a los ingresos brutos es un tributo que por su naturaleza y estructura «es trasladable, de manera que el sujeto de derecho que efectivamente lo abona luego lo recupera total o parcialmente cuando el sujeto de hecho paga el precio, por ejemplo, de determinado consumo. Es por ello que un eventual incremento en las alícuotas de la comercialización al por mayor o menor de productos por parte de hipermercados, autoservicios mayoristas o supermercados más tarde o mas temprano lo terminaría pagando el consumidor final y ello en un contexto de alta inflación y de preocupantes signos de desaceleración del crecimiento económico, resultaría a todas luces, cuanto menos, inconveniente. En consecuencia, la iniciativa de aumentar algunas de las alícuotas del referido gravamen contenida en un proyecto de ley presentado recientemente a la Cámara, no será acompañada por nuestro voto, sin perjuicio de reiterar la más decidida disposición y voluntad política de trabajar en el logro de una política tributaria al servicio de la producción y del bienestar de todos los misioneros».
