El Gobierno logró un respaldo inesperado en su política fiscal. El obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, avaló el modelo impositivo en el que pagarán más lo que más facturan en la provincia. Aunque sin hablar explícitamente de la suba de impuestos a los grandes centros de ventas, las entidades financieras, telefónicas y las industrias de pasta celulósica y papel, el prelado coincidió con el modelo de redistribución propuesto por el oficialismo, que, sin embargo, es resistido por empresarios, los directamente afectados e incluso entidades cooperativas, que advierten que una suba de Ingresos Brutos afectará directamente toda la cadena de precios que ya sufre un incesante proceso inflacionario.
Aunque el concepto es progresista, lo cierto es que el capital nunca deja alegremente que mengüen sus ganancias. Fuentes de las telefónicas ya admitieron que el costo se lo trasladarán al usuario, lo mismo que los grandes centros de venta, que, aunque formadores de precios, son los distribuidores de cientos de almacenes de barrio.
Las más afectadas serían las industrias de papel y celulosa, que destinan su producción a la exportación y por lo tanto, deben absorber los costos para no perder competitividad en un terreno con jugadores mundiales ultracompetitivos. Pero también cooperativas como la de Montecarlo, anticipan que la suba de impuestos puede «profundizar aun más la crisis económica de los productores misioneros». Su presidente, Juan Carlos Haasis pidió «trabajar en proyectos que minimicen la carga tributaria tal cual establece el compromiso firmado con los yerbateros».
El Gobierno, en cambio, sostiene que la suba de impuestos no debe traducirse en mayores precios, ya que las empresas a las que apuntan el incremento de Ingresos Brutos -la mayoría de inversores extraprovinciales-, tienen ganancias superlativas en comparación con el comercio local.
La pulseada sigue abierta y se verá cuál de las dos partes tiene la razón, ya que la ley de incrementos de Ingresos Brutos se aprobará probablemente en la sesión del jueves, tras haber pasado por el análisis de los diputados. Es de esperar que prime el diálogo y no se llegue a los extremos como el ya largo conflicto entre el campo y el Gobierno nacional.
Argentina está ante una oportunidad única de volver a convertirse en el granero del mundo. La crisis de alimentos se profundiza globalmente: unas 6.600 millones de personas habitan hoy nuestro planeta. Paradójicamente, al mismo tiempo que se produce en el mundo entero «todo» lo que ésta población necesita para alimentarse, una de cada ocho personas, sin embargo, se enfrenta cada día a la escasez de alimentos; y una de cada tres está mal nutrida. Argentina puede satisfacer su demanda interna y aún exportar. Pero en lugar de ello, parece estar encaminada a un diálogo de sordos en el que nadie parece querer ponerse de acuerdo.
«Los ciclos económicos no son eternos. Hoy tenemos una oportunidad extraordinaria porque somos productores de alimentos», dijo ayer durante su exposición, en Lima, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, frente a mandatarios de Europa, América Latina y el Caribe. En medio del conflicto con el campo, la Presidenta remarcó las ventajas que tiene el país para producir materias primas y pidió realizar «una alianza estratégica» con los países desarrollados para combatir los problemas que genera el aumento de precios internacionales de los alimentos.
Del otro lado, los ruralistas mantienen un paro que si bien no está generando los inconvenientes del anterior, tiene efectos impensados: el mercado de granos cerró el viernes sin negocios por noveno día consecutivo, por la huelga comercial que realizan productores agropecuarios contra un impuesto a las exportaciones de granos y sus derivados.
El festejo del Bicentenario es un buen motivo para la reflexión respecto al país que se quiere. La oportunidad está al alcance de la mano, pero para alcanzar el objetivo de crecer en forma sostenida, todos deberían ceder un poco. El enfrentamiento, y mucho más si es en forma prolongada, sólo afecta los cimientos de la economía que está en momentos de despegar.
El Gobierno provincial apuesta fuerte a autoabastecerse en alimentos y energía. El turismo es la otra pata de la economía provincial que puede generar divisas y mano de obra. Más allá del récord de un millón de turistas alcanzado el año pasado, Misiones se ha convertido en un atractivo permanente que comienza a mostrar sus resultados: Iguazú se convirtió en el destino del país donde más creció la llegada de extranjeros, con 61 por ciento, desplazando a los lugares tradicionales como Buenos Aires o el sur. La ocupación hotelera de Cataratas, por parte del segmento de turistas más exclusivo, fue la que más creció en términos porcentuales y superó en valores absolutos (cantidad de camas ocupadas) a la registrada en el mismo lapso en destinos tradicionales como la Costa Atlántica, Córdoba, Mendoza, el polo conformado por Salta, Jujuy y Tucumán.
En este caso, el modelo económico y la promoción constante rindieron sus frutos y alimenta el objetivo de alcanzar en el mediano plazo los cinco millones de turistas anuales. Como sostén de la economía, el Gobierno mantuvo para el turismo de Iguazú una alícuota cero de Ingresos Brutos para fortalecer las inversiones y los servicios que se brindan al visitante.
Sin embargo, en otros sectores, la suba constante de los precios se está haciendo sentir. los constantes aumentos registrados en los costos de la construcción, tanto en materiales, como en mano de obra, restaron dinámica al crecimiento que el sector viene acarreando desde 2003 y que tuvo una explosión en 2006 y 2007. Según datos de la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad, en abril último se aprobaron permisos para construir en 12.000 metros cuadrados, 14.000 menos que los solicitados en igual mes del año pasado. Si se mantiene el mismo ritmo, cuando termine 2008 se habrán autorizado proyectos por 123.000 metros cuadrados de construcciones. Esa cifra representaría una reducción de 52 por ciento respecto a los 258.000 metros cuadrados aprobados en 2007, la primera retracción que experimentaría el sector desde 2002.
Una teoría indica que la manera más eficaz de frenar la inflación es enfriar la economía, modelo rechazado por las políticas oficiales. Pero eso conlleva riesgos. Los precios suben diariamente, como las naftas o algunos comestibles, que incluso escasean, o el gas, combustible al que Misiones accede únicamente en garrafas al precio más caro del país. Pese a una resolución judicial que ordena bajar los precios a la medida de los acordados en la Secretaría de Energía de la Nación, las expendedoras encontraron el mecanismo para cobrar más: sólo venden las garrafas rebajadas si se compran en las sedes comerciales, ya no a domicilio. Una sola empresa acató la orden judicial -Central Gas, distribuidora de Shell Gas- prestó ayer el servicio de traslado de garrafas, mientras que desde otras compañías se resguardan legalmente en que los precios bajaron, pero sólo para los que vayan hasta los centros de distribución.
Fuerte gesto de la Iglesia en medio del debate por suba de impuestos
