Lo hizo el padre de la única detenida ante el Ministerio de Derechos Humanos. Además, reveló irregularidades en el expediente. Piden que se aparte del caso en forma urgente. El padre de una joven que se encuentra detenida por un homicidio, ocurrido en 2001, denunció al juez de Instrucción, José Luis Rey, por violación de los derechos humanos, por cuanto a pesar del tiempo transcurrido, la causa aún se encuentra en etapa de sustanciación.
La presentación, firmada por Luis Rojas, fue realizada ante el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, que encabeza Edmundo Soria Vieta, y en la que se detalla una serie de irregularidades en las que habría incurrido el magistrado, además de la mora en el expediente.
El denunciante, en su escrito, se remitió a la causa en la que se encuentra involucrada su hija, Lucía Cecilia Rojas «y otros por homicidio agravado», originado en el homicidio de una mujer, el 27 de julio de 2001, en el barrio El Palomar de Posadas.
Rojas sostuvo que «no se discute la repugnancia del delito que se investiga», sí en cambio «la parcialidad violatoria de los derechos humanos que el juez de Instrucción 2, José Luis Rey, que todavía tiene la causa en etapa de instrucción, o sea en la primera etapa del proceso, pese a que han transcurrido siete años desde que ocurrió el hecho».
Después de advertir que la indagatoria correspondiente «se realizó en agosto de 2001», el denunciante se remitió al Código Procesal penal para advertir acerca de los plazos que rigen en el caso, y que fueron ampliamente superados.
Una declaración
Por esa razón, consideró que el juez Rey «debió dictar sentencia de sobreseimiento a fines de febrero de 2003, pero no lo hizo hasta la fecha, pese a que el Código así se lo impone», tras lo cual se remitió a un acta de ampliación de denuncia en la que un testigo de parte involucra a Rey y a un abogado de apellido Paredes.
«Entonces me encuentro con el oficial Santander, el doctor Paredes y Rey, que me estaban ayudando», consta en el acta que el denunciante acompañó a su presentación, para luego señalar que el doctor Paredes «era socio del doctor Rey al momento de ser consultado», y éste es actualmente el juez «de la causa penal en que se procesa a mi hija», señaló.
Las expresiones mencionadas, añadió Rojas, responden a una acusación contra la empleada doméstica de la víctima, pero que se modificó seis meses más tarde, «justo cuando es ayudada o asesorada por sus dos abogados defensores, uno de los cuales es precisamente el Juez de Instrucción de la causa».
Apartamiento
Tras considerar que, por las razones citadas, el juez Rey «debe apartarse», el padre de la acusada sostuvo que hay una «cadena de transgresiones» al Código Procesal Penal, al Código Penal Argentino, a la Constitución de la Nación, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Pacto de San José de Costa Rica, cometidas por el magistrado.
Por último, el denunciante advirtió que «el primer derecho del hombre es el derecho a la Justicia», por lo cual solicitó la intervención de la cartera de Derechos Humanos «a fin de que pueda cesar el sufrimiento excesivo que padece mi hija por el ilegal encarcelamiento prolongado, producto del mal desempeño de la función judicial del magistrado denunciado».
