El rectorado pretende recortar un adicional que se paga doble y con recursos de la universidad. El impacto sería mínimo en los salarios, pero los docentes resisten.
Debate. Caballero pretende que el adicional se use para inversiones de la UNaM.
Las máximas autoridades de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) elaboraron un informe sobre la situación salarial de los docentes que reclaman por la supuesta eliminación de un adicional por zona que percibían desde 1990. Es que una parte de ese adicional debe ser cubierto con fondos de la propia universidad y no con lo que recibe de la Nación, lo que genera problemas financieros y ocupa fondos que podrían ser destinados a becas o albergues.
Pero los docentes vieron la intención del rectorado como un «velado» recorte salarial decidido en forma inconsulta. De hecho, la semana antepasada realizaron un paro total de actividades en protesta por la quita del adicional, en paralelo a los reclamos salariales que vienen realizando en conjunto con el gremio nacional, que se repetirán a fin de mes.
Según fuentes gremiales, el no pago de la suma de dinero que reclaman significaría un millón de pesos para todo el escalafón docente, ya que se mantuvo en el caso de los no docentes.
Pero el documento firmado por el rector Aldo Caballero y el vice Darío Montini, señala que la «idea acordada unánimente en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Administración es trabajar profundamente la cuestión en todas las dimensiones que tiene el problema en tratamiento para, una vez que se logren los consensos necesarios -en cualquiera de los sentidos que el Consejo Superior crea que debemos avanzar-, se convoque a una Sesión Extraordinaria para emitir la Ordenanza correspondiente sobre la bonificación de la zona desfavorable; naturalmente, respetando la intangibilidad de los salarios como manda la legislación vigente».
El informe revela que si se suspendiera el adicional que paga la Unam a sus docentes, la diferencia salarial sería de 1,36 por ciento, sobre la base de un sueldo de 2.930 pesos (ver infografía).
«Es obvio que a medida que la política salarial se incremente la diferencia por la suspensión de la bonificación de la zona será más notable. También debemos tener en cuenta que para los docentes de mayor antigüedad el impacto porcentual es creciente. La suspensión de la bonificación de la zona desfavorable para los incrementos salariales, posibilitaría una adecuación paulatina de nuestra liquidación de haberes al financiamiento otorgado por el Tesoro Nacional. La Universidad puede mantener esta bonificación, pero en ese caso también deberá prever su financiamiento, habida cuenta de que las partidas para gastos de funcionamiento ya no son una alternativa posible», señalan Caballero y Montini.
El sueldo de un docente con 18 años de antigüedad promedio es de mil de básico a los que se agrega 500 (50 por ciento sobre el Básico), más 800 por antigüedad (80 por ciento sobre el básico).
Con el incremento del diez por ciento acordado en paritarias, si no se suspendiera la bonificación y se mantuviera la actual metodología de liquidación, llegarían a un salario de 2.970 pesos.
En cambio, aplicando el recorte al fondo que debe aportar la Universidad, sosteniendo la intangibilidad salarial, el resultado sería de 2.930 pesos.
Lo que se pretende modificar es que la antigüedad se pague sobre el básico, pero no por la zona, como se hace actualmente, lo que afecta los fondos municipales.
La pulseada sigue abierta, sumada a la polémica por el pago de un plus a los funcionarios de la universidad, de 2,3 millones de pesos, que desató un conflicto que derivó en pedidos de investigaciones a la Sindicatura General de la Nación y ahora una denuncia penal realizada por un alumno «en defensa de los docentes».
