Desde el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones sostienen que la Provincia cuenta con un marco legal muy completo, superador de la Ley de Bosques, pero aseguraron que esas leyes no se cumplen.
María Inés Aguilar reclamó que se cumplan las leyes vigentes en el área forestal.
El Congreso sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental del Bosque Nativo en el país, y desde el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Coiform) los profesionales que están relacionados directamente al tema- marcaron su posición sobre la nueva normativa, y en un documento hacen hincapié en que «la provincia de Misiones cuenta con un marco legal muy completo que supera en muchos aspectos a esta ley, tiene un organismo gubernamental especialmente encargado de la aplicación de las mismas, pero nuestra realidad es que nos falta hacer cumplir las leyes», expusieron.
«No podemos expresar que «rechazamos» la Ley Bonasso. Estamos convencidos que seguramente es muy necesaria en algunas provincias que no cuentan con un marco legal que regule la actividad, sumado a la gran presión que se da sobre los bosques nativos para ampliar superficie destinadas a otros cultivos. Pero esta no es la situación de la provincia de Misiones», afirmaron.
A continuación, el interrogante de los profesionales se preguntaron fue sobre cuál es el motivo de que Misiones deba tener una moratoria cuando la provincia ya tiene un marco legal superador a lo que se pretende imponer. «Si la legislación en Misiones no se cumple, quizás nuestro esfuerzo debe dirigirse a exigir su cumplimiento», se respondieron.
Intrusión y ambiente
También en el documento se refieren a otro con preocupación «a la presión que existe sobre los bosques nativos originados por la intrusión, dado que se trata de una situación que genera desmonte, quema, cultivos poco sustentables, etcétera».
En este sentido, indican que «esta situación no lo va a solucionar la nueva ley, por que siempre las consecuencias de dictar normas la sienten quienes la cumplen y no los que están fuera de la ley», remarcaron.
Al respecto se preguntan cómo se piensa solucionar este problema: «Con la nueva ley seguro que no, por que ni siquiera se menciona al tema», indicaron.
Consideraron que «en la actualidad la presencia que pueda tener el propietario a través de distintas actividades que desarrolla en el bosque, está garantizando mantener la propiedad del mismo y evitar la intrusión y sus consecuencias sobre el bosque nativo.
Ordenamiento
Asimismo, sobre la preocupación que causa en algunos sectores de la sociedad la prohibición de la conversión que establece esta nueva ley consideraron que «es entendible, pero su verdadero impacto no lo conocemos, el rol del Estado para minimizar el impacto social de esta medida es fundamental», indicaron.
«La prohibición no es por un determinado tiempo, un año es el plazo máximo que tienen las provincias para realizar su ordenamiento territorial, va a depender del compromiso que asuma cada provincia y la importancia que le al tema. Este será el ámbito donde los distintos sectores interesados en el cuidado del ambiente debemos participar activamente, para que como resultado de este trabajo obtengamos un modelo de provincia que contenga a todos los sectores».
A su vez, agregaron que «del análisis del proyecto de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos se desprende que los cambios que introduce esta nueva norma van más allá de la prohibición del desmonte, pero cuando nos detenemos en analizar las implicancias de esta nueva norma podemos encontrar que tiene cosas positivas, como es la creación del Programa Nacional de Protección de los BN y la creación cierta del fondo nacional para el enriquecimiento y la conservación de los mismos», rescataron.
«Para que este se transforme en una herramienta útil y que cumpla con los objetivos para lo cual fue creada, es necesario que en la reglamentación sea clara y garantice que los fondos lleguen a los verdaderos beneficiarios como así también el monto destinado al órgano de aplicación se refleje en una infraestructura y recursos humanos que posibiliten hacer efectivo su aplicación, caso contrario caeríamos en el mismo problema que hoy tenemos, nos sobran leyes pero nos faltan medios para hacerlas cumplir», recalcaron.
Producción
Para concluir, en el documento, que fue firmado por la presidente del Coiform, María Inés Aguilar, consideraron que «no es correcto pedirle a la sociedad el apoyo a la sanción de una ley con fundamentos poco serios y a veces muy contradictorios, como por ejemplo echarle la culpa a la agricultura, a la forestación o a la ganadería de los desmontes. La solución a este problema es más compleja y principalmente radica en la falta de educación, empezando por resaltar las ventajas que tiene en Misiones el cultivo forestal versus otros cultivos agrícolas, y no la falsa opción de selva versus bosques cultivados».
Los ingenieros pusieron en valor que «la actividad forestal es una de las actividades productivas de menor impacto ambiental, los cultivos permiten el desarrollo de modelos sustentables de producción, donde se garantiza el cuidado del ambiente, un modelo económicamente viable e innumerables benéficos sociales para los trabajadores y su comunidad».
El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los BN, que cuenta en la actualidad con la aprobación del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, e Diputados, para los profesionales marca que «se terminaron los tiempos de discursos se terminaron, llegó la hora de trabajar. Desde el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones estamos dispuestos a seguir aportando nuestros conocimientos técnicos para que los objetivos de esta nueva norma se cumplan», propusieron.
