Revelan incoherencias en los argumentos de los ministros y que se le negó a la ex diputada cualquier medida de defensa. Ahora la ex legisladora podría plantear un jury contra el juez José Luis Rey. [su_note note_color=»#cdcdcd»]La renuncia con la firma falsificada fue aceptada en 2004 por todos los diputados opositores[/su_note]El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le dio la razón a la ex diputada Elsa Irene Garayo y habilitó la vía para que pueda reclamar un resarcimiento por haber sido desplazada de su cargo con una renuncia con su firma «falsificada», revela contradicciones en el Superior Tribunal de Justicia y severas fallas en el voto de la por entonces mayoría automática que falló a favor de la Legislatura, comandada por el arco opositor en la cabeza del ahora senador Luis Viana.
Asimismo, los asesores legales de Garayo consideran que la decisión de la Corte de dejar sin efecto la sentencia del STJ que avaló un supuesto conflicto de poderes planteado por la Cámara, puede hacer lugar a que la ex diputada le pida un jury al juez José Luis Rey, quien llevó la causa penal con suma «lentitud».
El fallo de la Corte hace hincapié en las visibles contradicciones de los ministros del Superior Tribunal y especialmente las de la destituida Marta Catella, quien primero consideró que no existía el conflicto de poderes denunciado por la Cámara tras el allanamiento ordenado por la jueza Georgina López Liva para conseguir los expedientes de la renuncia supuestamente falsificada. El procurador fiscal de la Corte, Ricardo Bausset considera que el voto de Catella «contiene una contradicción insalvable que impide comprender su verdadero sentido». «Primero explica conceptualmente en qué consiste un conflicto de poderes y luego concluye que no existió la invasión denunciada que habilite el conflicto de poderes, pero a continuación expone sus razones por las que sí considera que aquel conflicto se produjo, por qué debe ser resuelto por el Superior Tribunal de Justicia y vota por hacer lugar a la cuestión de jurisdicción y competencia», reclamado por Viana, quien es apuntado como el principal responsable de la falsificación denunciada por Garayo. Incluso sus aliados de otrora ahora dicen que votaron por admitir la renuncia de la ex diputada que se había sumado a la Renovación sin saber qué votaban. El fallo de la Corte considera que el STJ «clausuró» toda posibilidad de defensa de Garayo, pero que en su génesis fue «desvirtuado e inoperante, porque no cumplió con la validez de los pronunciamientos judiciales».
Es que no hubo una coincidencia de opiniones entre los ministros e incluso, las contradicciones de Catella harían nulo su voto y podrían torcer la balanza, ya que el conflicto de poderes que frenó la causa fue admitido por cinco votos contra cuatro.
El escándalo
La expulsión de la diputada Garayo de la Cámara de Diputados fue votada por todo el arco opositor liderado por Luis Viana el 21 de abril de 2004.
Pese a la denuncia pública de que la firma de la renuncia había sido falsificada.
El argumento utilizado por el peronismo, ya en la oposición al Frente Renovador, es que todos los diputados firmaban una renuncia en blanco a disposición del partido.
De nada valió el reclamo de la ex diputada que se había sumado a las filas del oficialismo ni una medida cautelar de la Justicia. Los diputados opositores ahora dicen que no sabían qué habían votado.
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