Por unanimidad, el jurado de enjuiciamiento dio lugar a la presentación de la familia de Agustina María Bernasconi y Hugo Maciel, y decidió alejar del cargo al juez de Eldorado hasta que finalice el proceso
Protestas. Trasplantados y enfermos en lista de espera contra el juez De La Cruz.
[su_note note_color=»#cdcdcd»]Las acusaciones son por daño colectivo, abuso de autoridad e incumplimiento de la ley de transplante[/su_note]El jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios consideró ayer por unanimidad que las imputaciones efectuadas al juez Carlos María De La Cruz, como las pruebas reunidas en la investigación preliminar, ameritan la admisión de las denuncias en su contra. Asimismo, decidieron proceder a la suspensión del magistrado denunciado en ejercicio de sus funciones hasta la culminación del proceso.
Los integrantes del Jury -los ministros Humberto Schiavoni y Ramona Veláquez, los diputados Horacio Blodek y Ricardo Biazzi, los abogados Edmundo Maldonado y Claudia Dutto, bajo la presidencia de Jorge Rojas- aceptaron las denuncias formuladas por la familia de la niña Agustina María Bernasconi y Hugo Maciel, presidente de la Asociación Civil «Esperanza de Vida».
Para el Jurado de enjuiciamiento, «las pruebas reunidas en la investigación preliminar, ameritan un estudio minucioso, lo que será factible si se admiten las denuncias». En consecuencia, votaron por la apertura del proceso, «debiéndo corrérsele vista al Procurador General por el término de cinco días».
Repercuciones
Hugo Maciel, uno de los denunciantes del juez de primera instancia en lo Civil y Comercial 2 de la Tercera Circunscripción de Misiones, se mostró satisfecho por la resolución del jurado de enjuiciamiento. Dijo que ya comunicó el fallo a Carlos Soratti, viceministro de Salud de la Nación -el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, sería testigo en el proceso- y al ministro de Salud Pública de la Provincia, José Guccione.
Con el mismo estado de ánimo, Amarilis Giménez -madre de la niña que sufrió un accidente de tránsito, le diagnosticarón muerte encefálica y se procedió a la ablación de sus órganos con expresa autorización del juez De La Cruz- recibió la noticia de la suspensión. «Es un primer paso a su destitución. Estamos satisfechos con la decisión del jurado de suspender al juez que acusó nos acusó, a los padres, médicos y funcionarios del Incuaci de ser los responsables de la muerte de mi hija».
Acusaciones
Julio González Schinca, abogado de Gustavo Bernasconi y Amarilis Giménez, presentó el 4 de diciembre de 2006 en el Superior Tribunal de Justicia, el pedido de jury contra el juez de Eldorado, Carlos María de la Cruz, en base a las acusaciones por «mal desempeño en sus funciones, incumplimiento de los deberes de funcionario público, calumnias (por imputar a los padres de la niña fallecida el delito de homicidio), en concurso ideal con los delitos de Prevaricato y Abuso de Autoridad».
Por su parte, Hugo Natalio Maciel, presidente de la Asociación Civil Esperanza de Vida, lo acusa de profundo daño colectivo, abuso de autoridad e incumplimiento de la ley nacional de donación y trasplantes de órganos.
Donar o no órganos
El director del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones (Cucaimis), José Gaspar Arguello, se refirió ayer sobre un trabajo de investigación que realizaron alumnos de la Universidad Nacional de Misiones sobre los motivos por los cuales la gente dona o no los órganos. Si bien el estudio se realizó antes de la decisión del juez Carlos María De La Cruz, ya se encaró otro para sondear las consecuncias de ese fallo judicial en la opinión pública.
El titular del Cucaimis contó que en el período comprendido desde mediados del años pasado a la fecha, la negativa -antes denominada familiar y ahora «en vida», desde la ley de Donante Prsunto, ha crecido de un 45 por ciento a un 68.
En cuanto al estudio encarado por estudiantes del área de Trabajo Social y Comunicación Social -antes de estos episodios- reveló que «no fue tan manifiesto, como se pensaba, de que cuestiones religiosas eran las que influenciaban en la donación. En realidad lo que se vio es que se expresan cuestiones de tipo operativas como el desconocimiento por parte de la comunidad sobre la metodología pra diagnosticar la muerte cerebral o encefálica. Por otro lado, también surgió como problema la desconfianza en las instituciones en general.
Estas investigaciones se realizan a través de una convenio entre el Cucaimis y la Universidad Nacional de Misiones, y se contrató becarios para realizar trabajos sociales respecto a las donaciones.
