Trabajo convocó a audiencia por conflicto motosierrista

En el primer encuentro los empresarios aseguraron que cumplieron con la
conciliación y denunciaron que algunos trabajadores no se presentaron. La segunda reunión en el marco de la conciliación obligatoria se hará el próximo jueves En el marco de la audiencia de verificación de cumplimiento con la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de e realizó la primera audiencia de verificación en el marco de la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en el conflicto iniciado por un grupo de trabajadores forestales y rurales, y que afectó a empresas de servicios de Lipsia, Toll, Pindó y Alto Paraná SA. En la reunión, tanto los empresarios como el grupo de huelguistas aseguró haber cumplido con la conciliación. Se fijó una nueva audiencia para el próximo jueves 29 de marzo en la sede de la Agencia Territorial Misiones.

Del encuentro participaron representantes de las empresas contratistas; del sindicato de papeleros (Soep) -organización que impulsó el paro y pretende la representación de los trabajadores-; de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) -gremio al que están afiliados los obreros- y del ministerio de Trabajo de la Nación.

El objetivo de esta primera audiencia fue constatar que las partes involucradas en el conflicto hayan cumplido con la conciliación obligatoria dispuesta por el ministerio de Trabajo de la Nación, medida que dispuso el cese de las protestas y la reincorporación de los trabajadores para facilitar las negociaciones entre las partes.

Los representantes de las empresas contratistas de servicios aseguraron que cumplieron con la parte que les tocaba-reicorporar al personal- y denunciaron que algunos trabajadores no se presentaron para retomar sus labores. Por su parte, los representantes del Soep aseguraron que los trabajadores que esuvieron involucrados en la protesta intentaron volver a sus puestos, pero en algunos casos les fue impedido el ingreso.

En tanto que los representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación resolvieron disponer de controles propios o a través de personal designado a tal fin, para verificar el normal cumplimiento con los términos de la Conciliación Obligatoria, la cual se extendería hasta los primeros días de abril.

Origen del conflicto

El conflicto se inició a fines de febrero cuando un grupo de trabajadores rurales de empresas que prestan servicios forestales iniciaron un piquete en el acceso a la planta de celulosa ubicada en Puerto Esperanza. Los huelguistas pretendian dejar de pertenecer a la Uatre y para ser representados por el Soep.

En medio del reclamo por la pretensión gremial, argumentaron una serie de incumplimientos por parte de las empresas contratistas de Lipsia, Toll, Pindó y Alto Paraná SA (Apsa).

«En el caso de las empresas que trabajan con Apsa quedó claramente demostrado que las denuncias no tenían sustento, pruebas que fueron verificadas y constatadas tanto por las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia como del Ministerio de Trabajo de la Nación, a lo cual los dirigentes del Soep manifestaron que su reclamo principal y de fondo es la representación de esos trabajadores, dado que por Ley del Trabajo Agrario están comprendidos dentro de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre)», explicaron los representantes legales de las Emsefor.

Además, la Provincia declaró ilegal el paro realizado por los motosierristas, cuestionó duramente al Soep y a sus dirigentes por no canalizar el pedido de encuadre gremial por la vía legal que corresponde, intimación que también efectuó la Nación a dicho sindicato.

En tanto, hasta el momento se desconoce que el SOEP haya iniciado el trámite legal pertinente, para lo cual tuvieron parada durante dos semanas la principal planta de celulosa del país, pero además, los piqueteros, apoyados por la CTA, valiéndose de una muy coordinada logística con radios, celulares y motocicletas, interceptaban los vehículos de las contratistas de Apsa que trasladaban a los trabajadores hacia las operaciones forestales, impidiendo su paso bajo amenazas, tal consta en mas de una decena de denuncias presentadas en dependencias policiales de la zona

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