Los alcances de la Ley de Presupuesto Mínimo para la Protección de Bosques Nativos están contempladas en la legislación provincial vigente, que regula la explotación de los recursos naturales, a diferencia de otras provincias del país. Las autoridades de Ecología aseguran que su impacto «será nulo» en la medida que se cumpla con las normativas vigentes.
En el marco de un encuentro realizado en Posadas entre los integrantes del Foro Forestal del NEA y las autoridades del área del Ministerio de Ecología de Misiones, los empresarios madereros se interiorizaron sobre el impacto que tendría -sobre los más de 300 aserraderos que dependen de la explotación de los bosques nativos- la Ley de Presupuesto Mínimo aprobada por Diputados; y la tranquilidad llegó de la palabra del ministro Luis Jacobo, quien aseguró que «Misiones supera el piso que establece una ley de Presupuesto Mínimo, y la autoridad de aplicación de la norma es la Provincia, a través del Ministerio de Ecología», dijo.
La norma aprobada por los diputados nacionales tuvo cambios sustanciales al proyecto original presentado por el legislador Miguel Bonasso, lo que «conformó» de alguna manera a las autoridades nacionales. Entre las modificaciones, establece una moratoria a los desmontes por un año, hasta que cada provincia desarrolle un ordenamiento territorial en sus bosques nativos en distintas categorías de conservación, para que el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, económicas y ambientales. Y eliminó el término de «emergencia forestal».
La suspensión de los desmontes rige para nuevos emprendimientos o solicitudes de planes de aprovechamientos, que ahora deberán ser acompañados por estudios de impacto ambiental y serán aprobados por las provincias, a través de autoridad de aplicación local.
La norma establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y establece como prioritarios cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.
El gerente de la regional Afoa Nea, José Saiz, explicó que «la provincia supera el piso que establece una Ley de PM; cuenta con una legislación amplia en materia de protección de recursos naturales y gestión sostenible (ej: Ley 854 de Bosque Nativo; de Tierras; de Fajas Ecológicas; Ley Áreas Naturales Protegidas, etcétera); por lo tanto, la llamada Ley «Bonasso» no cambiaría en nada en cuanto a las autorizaciones para el aprovechamiento sustentable que se realizan en Misiones, en la medida en que el sector forestal se ocupe de cumplir con las normativas vigentes. Evidentemente, la Ley de PM no nos afectaría absolutamente en nada», dijo el ingeniero Saiz. «Este tema quedó aclarado con los comentarios del ministro (Jacobo), dado que la provincia será el organismo de la aplicación de la ley Bonasso», acotó.
El temor de los empresarios radicaba en que, en el caso que la autoridad de aplicación sea la instancia nacional, se generen interpretaciones que provoquen retrasos en la actividad, o los funcionarios de turno decidan según un criterio personal y así sobrevengan las dificultades como sucedió con la Ley 25.080 (de Inversiones para Bosques Cultivados).
En este sentido, Saiz recordó que «con la 25.080 se fue cambiando de criterio según los cambios de autoridades, generando dificultades en la aplicación de la ley. Antes se aprobaban y se pagaban planes realizados sobre desmontes donde alguna vez existieron bosques nativos, y posteriormente no. En el polémico articulo 4, según la autoridad de aplicación de la Nación no se permite plantaciones sobre capueras, pero en Misiones la capuera es un área improductiva. En este punto todavía no se cuenta con una definición técnica consensuada con las autoridades nacionales para unificar un criterio y tener reglas claras para la ejecución de los proyectos. Todo esto es definitiva dificulta la operatoria», remarcó el ingeniero.
Por otra parte, los empresarios manifestaron a las autoridades provinciales la necesidad de que se instrumente el sistema de Fondo de Compensación por Servicios Ambientales.
Al respecto, Jacobo informó que «se está trabajando con los legisladores misioneros para que incorporen un artículo en la Ley aprobada en el Congreso y se avance en el debate sobre el Fondo de Compensación».
Según los empresarios «este fondo es fundamental para aquel propietario que se ve impedido de utilizar su bosque nativo, es la única manera que se pueda conservar el recurso, se necesita de apoyo económico para lograrlo y esta necesidad no fue contemplada por los Diputados. Ahora existe la intención de la provincia incorporarlo a través de sus senadores y apoyamos la iniciativa», indicó el directivo de Afoa NEA.
Agenda forestal
Del encuentro con las autoridades de gobierno participaron directivos de la Afome, Amayadap, Apicofom, Coiform, Colegio de Ingenieros Agrónomos, Afoa Nea y el presidente Manuel Climent, de la Asociación Forestal Argentina, quien expuso los principales puntos que preocupan al sector y que demandan la urgente intervención del gobierno nacional para dinamizar la actividad.
En ese contexto, el ministro de Ecología se comprometió ante los empresarios a realizar las gestiones pertinentes para concretar en el corto plazo una reunión con el secretario de Agricultura, Miguel Campos y las nuevas autoridades a cargo de la Dirección de Forestación y de la Comisión Asesora de la Ley 25.080
En tanto, a nivel local, plantearon al ministro la necesidad de avanzar en el ordenamiento territorial y determinar la disponibilidad de tierras disponibles para la inversión forestal. «La preocupación surge de las dificultades que enfrenta la industria en la oferta disponible de la materia prima. Los aserraderos hoy se están abasteciendo, en su gran mayoría, de las plantaciones de Corrientes. Si bien es un faltante puntual, nada indica que esto no se prolongue a futuro de mantenerse las 280 mil hectáreas forestadas para sostener la industria que en la actualidad está funcionando en la provincia, y no se puede pensar en una ampliación si no se define la superficie disponible para el mediano plazo», explicaron los empresarios.
Plantearon que el sector foresto-industrial requiere más superficie para expandirse o ampliar su capacidad. «Una idea puede ser desarrollar la zona que acompaña el Rio Paraná para sostener la industria celulósica y de transformacion mecánica; otro tema es el defininir el uso de las capueras (habria unas 600 mil hectáreas disponibles, entre improductivas y no convertibles) que demandan una definición tecnica y la determinacion de la superficie que no son convertibles, etcéteras».
