Diputados aprobaron la Ley de Bosques Nativos con modificaciones

La discusión en el Congreso Nacional se extendió por más de seis horas. Se modificaron algunos articulados, logrando que la tala de bosques se suspenda por un año y a partir de las nuevas solicitudes de planes de aprovechamiento. Misiones votó en contra de 21 artículos, del total de 28. La diputada nacional Fabiola Bianco sostiene que la iniciativa impulsada por el legislador Miguel Bonasso es «inconstitucional». En tanto, los empresarios madereros consideraron que las modificaciones realizadas «hacen viable su ampliación». La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la sesión del miércoles en particular la Ley de Presupuesto Mínimos de Bosques Nativos, impulsada por el legislador Miguel Bonasso, y giró al Senado la iniciativa que prohíbe la tala indiscriminada de bosques nativos, en el marco de la primera sesión del período ordinario del año.

El proyecto había sido aprobado en general en diciembre pasado, pero la discusión en particular se postergó debido a las diferencias que generó el texto entre los legisladores de varias provincias forestales del norte e incluso provocó fuertes controversias en el seno del bloque del Frente para la Victoria-PJ.

La norma fue aprobada con modificaciones, establece una moratoria a los desmontes por un año, hasta que cada provincia desarrolle un ordenamiento territorial en sus bosques nativos en distintas categorías de conservación, para que el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, económicas y ambientales.

La suspensión de los desmontes rige para nuevos emprendimientos o solicitudes de planes de aprovechamientos, que ahora deberán ser acompañados por estudios de impacto ambiental y serán aprobados por las provincias, a través de autoridad de aplicación local.

La norma establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y establece como prioritarios cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.

En la Argentina, por año, se desmontan 250 mil hectáreas de monte nativo, principalmente en el Chaco Seco, donde se produce el 70% de la deforestación anual por culpa de la expansión agrícola (en la mayoría de los casos soja transgénica) y ganadera. El Chaco Húmedo y la selva pedemontana de las Yungas forman parte también de la lista de áreas amenazadas. La Selva Misionera alberga la más alta biodiversidad del país, pero sólo queda un 7% de la superficie original, y la mayor parte se encuentra en nuestro país, ya que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida. A la destrucción del bosque para conversión en tierra de cultivo se le suma el reemplazo de selvas por forestaciones implantadas, para uso industrial.

Frustración

El gobierno de Misiones, por medio de sus legisladores, planteó tres aspectos fundamentales para la aplicación eficiente de la norma, pero sólo uno de ellos fue atendido, que fue la eliminación de la emergencia forestal y la prohibición del desmonte. La incorporación del Fondo de Compensación por Servicios Ambientales, por ejemplo, no fue incluido, y los fines de la conservación, «es clave».

«El rechazo de Misiones no es a la iniciativa de una ley de Presupuesto Mínimo, al contrario, apoyamos y promovemos que se avance en una ley de esta naturaleza; pero el proyecto de Bonasso sólo tiene un artículo que está vinculado a Presupuesto Mínimo, y de las modificaciones que propusimos no se aprobó ninguna», sostuvo la diputada nacional Fabiola Bianco.

«Con las modificaciones logradas solo se logró morigerar algunos de los artículos, como la eliminación de declaración de emergencia forestal y la suspensión indefinida de la tala del bosque. Realmente nos sentimos frustrados pero hemos luchado para que se entienda el concepto de lo que significa una Ley de presupuesto mínimo. Por ejemplo, no se incluyó el Fondo de Compensación por Servicios Ambientales, sólo se estableció un subsidio o una ayuda de cooperación técnica. De todas maneras, tenemos la tranquilidad de que Misiones fijo posición y fuimos responsables en cada uno de los planteos», señaló en diálogo con este medio.

Para Bianco, «el artículo 5 de la norma es el único que corresponde a la Ley de PM». El mismo esta establece que»cada jurisdicción, a través de un proceso participativo, deberá ordenar los Bosques Nativos existentes en sus territorios de acuerdo a los criterios ecológicos establecidos en el Anexo de la presente ley, declarando las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas unidades de bosques. Cuando el Ordenamiento de los Bosques Nativos incluya a más de una jurisdicción, será de aplicación lo dispuesto en el Art. 23 de la Ley 25.675″.

«El resto de la ley es una reglamentación y avance sobre la potestad de las provincias; por lo tanto, votamos en contra de todos los artículos a partir del 7 en adelante», explicó. «Lo que se votó anoche no es una ley de PM, es inconstitucional. Las provincias son dueñas de sus recursos naturales, la Nación no puede decir que y cómo deben explotar sus recursos naturales y en esta norma este principio no se cumple, tal como lo indican el art. 41 y el art. 124 de la Constitución Nacional», recordó

Inconstitucional

De esta manera, la legisladora remarcó que «la Nación no puede establecer prohibiciones en las provincias, y en el caso de Misiones, estamos a la vanguardia en legislación, protección y cuidado de los recursos forestales, entendiendo el concepto de aprovechamiento sustentable, del uso racional de los recursos buscando el equilibrio y sostenimiento del ambiente con el desarrollo productivo. Nuestro problema no es el ordenamiento territorial o la política ambiental, porque la ejercemos en Misiones y somos diferenciales en esto al resto del país; pero nuestro reclamo tiene que ver con los beneficios ambientales que ofrecemos como provincia a todo el país, y que nada recibimos por ello, hoy todo recae sobre nosotros y esta situación se tendrá que revertir en algún momento», dijo en relación al Fondo de Compensación por Servicios Ambientales que intentaron incorporar en la ley y no lo lograron.

Finalmente, Bianco insistió que «Misiones defendió el federalismo y la autonomía de las provincias. La ley aprobada es inconstitucional –insistió- y nuestra obligación como legisladores es sancionar normas en base a derecho. Hay personas que en forma irresponsable instalaron el tema en forma mediática y fundamentalista, tratándonos de lobbistas, cuando lo único que hicimos desde un principio fue defender la soberanía de Misiones y la actividad forestal (que está regulada) que da sustento a miles de familias, como también pasa en Formosa o Salta. No nos oponemos a la ley, la aprobamos en general en noviembre pasado, pero creo que nadie puede sentirse satisfecho con el debate que se escuchó en el recinto y la desazón que se sintió al terminar la sesión con la aprobación de la norma», concluyó la legisladora.

Mejor de lo esperado

Sin embargo, la frustración de la diputada nacional Fabiola Bianco, no se sintió en el sector empresario. El presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), Pedro Reyna, adelantó su opinión personal sobre la ley aprobada de PM aprobada en Diputados y consideró que «en general, las modificaciones se han adecuado a los planteos realizados. Nosotros compartimos la filosofía de la norma y, en reuniones con Greenpeace, hemos manifestado que estamos en contra de la tala rasa, y promovemos la utilización racional de los recursos; pero la ley original era otra cosa. Las modificaciones que introdujeron de eliminar la emergencia forestal y establecer, en ese período de un año, la reglamentación de un ordenamiento territorial de las provincias, es más viable», dijo. «Creo que los cambios logrados, en comparación al proyecto original, fueron mejor de lo esperado», indicó en la entrevista con ArgentinaForestal.com.

Cabe recordar que, según el texto que fuera aprobado de manera general en diciembre último, el proyecto de Bonasso establecía la restricción en forma total para el desmonte o la tala rasa de bosques nativos hasta tanto las provincias no desarrollen un ordenamiento forestal que indique claramente el aprovechamiento permitido para cada territorio. La norma directamente clausuraba la actividad industrial en determinados lugares y establecía una consideración nacional en el manejo de los bosques, quitándoles a las provincias esa posibilidad.

«Esta suspensión ahora tendrá un periodo de un año, y será para los nuevos emprendimientos o nuevas solicitudes de planes de aprovechamiento, que deberá ser acompañados con estudio de impacto ambiental para que la autoridad de aplicación analice su viabilidad. Todo esto cambia radicalmente el escenario», explicó Reyna.

Este punto fue solicitado por los madereros para su modificación, teniendo en cuenta la situación de miles de familias de Chaco, Formosa o Misiones que viven del bosque. «Al eliminarse la emergencia forestal también se eliminaron muchos extremos. De todas maneras, una legislación no saldrá nunca conformando a todas las partes. Ahora falta el debate en el Senado, y es probable que se incorporen más opiniones».

Por el momento, Reyna se excuso de fijar postura por la entidad, «hasta tanto se realice la reunión de comisión directiva, oportunidad que analizaremos en profundidad el proyecto y sus modificaciones aprobadas», dijo.

Finalmente, el empresario remarcó que la existencia y desarrollo sostenible de los bosques nativos, como así también la correcta conversión de las superficies de territorio aptas para la implantación de bosques con especies arbóreas alternativas, que aseguren la sustentabilidad de la materia prima que abastece a la industria, son los principales objetivos de los empresarios agrupados en Faima.

En la Argentina funcionan unas 7.580 empresas vinculadas a la industria de la madera; 2.425 aserraderos, es decir industrias que realizan la primera y segunda transformación de la madera y 5.156 empresas de bienes finales, como fabricantes de muebles las cuales brindan empleo a cerca de 65.000 personas en todo el país. Principalmente la madera nativa es destinada a la fabricación de productos finales para la construcción (techos, aberturas, pisos, escaleras, entre otros), como así también para la fabricación de muebles (muebles rústicos, de campo, de jardín y de estilo). Según estadísticas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el volumen de aprovisionamiento de materia prima proveniente de bosques nativos es de 900.000 m3 al año, principalmente de las provincias de Chaco, Formosa y Misiones.

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