Eduardo Luft y Rafael Cuneo Libarona presentaron ayer en la Fiscalía de Instrucción Nº1, a cargo de Amalia Spinatto, un pedido para que «exija al juzgado interviniente, celeridad y pronto despacho ante evidente denegación de justicia», en la demanda que llevan adelante contra el empresario Juan Carlos Vera, Leoncio Daniel Fernández y Juan Carlos López; por amenazas coactivas doblemente agravadas por el uso de arma». También reclaman por la demora en demanda por «usurpación y robo de madera», que está a cargo del juez Horacio Gallardo.
El representante legal de la firma Papel Misionero Sacifia, Eduardo Luft, acompañado por el asesor legal de la compañía, Rafael Cúneo Libarona, solicitó formalmente ante la Fiscalía de Instrucción Nº1 de Posadas, a cargo de Amalia Spinatto, que «la fiscal exija al juzgado interviniente, celeridad y pronto despacho ante evidente denegación de justicia».
El trámite judicial se concretó ayer y el reclamo surge a partir de que la empresa realizaró anteriormente, ante el Juzgado de Instrucción Nº2, «una denuncia penal que fue presentada el 2 de febrero del corriente año contra Juan César Vera, Leoncio Daniel Fernández y el Dr. Juan Carlos López; por el delito de amenazas coactivas doblemente agravadas por el uso de arma».
El Código Penal de la Nación señala que (Art. 149 bis) será reprimido con presión de 6 meses a dos años al que hiciere uso de amenazas para amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a 3 años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueran anónimas».
Para la empresa existe una injustificada inactividad judicial que, según consta en el escrito, hace pensar que hay alguna razón extraña en este caso en particular; o que existiría algún motivo judicial o extra judicial que justifique semejante retraso. «¿Carecerá de importancia el testimonio de las personas que presenciaron los hechos denunciados?», se preguntaron.
De esta manera, la empresa reclamó nuevamente el pronunciamiento en un plazo razonable que se plantea la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga final al conflicto e incertidumbre».
Paralelamente a esta causa, la empresa recurrió también a la justicia penal por un conflicto de «usurpación y robo de madera» en una propiedad que poseen en la localidad de San Ignacio. El campo tiene una superficie total de 600 hectáreas, pero unas 200 has. de plantaciones de pino estarían amenazadas por los intrusos, para su explotación comercial. Y se estima que el perjuicio económico por el «robo de madera» superaría los 800 mil dólares ( 2,4 millones de pesos aproximadamente).
Exigen se les otorgue una medida cautelar a los fines de que «cesen los efectos nocivos de la explotación ilegitima de la madera», que estaría llevando adelante Daniel Fernández.
Según explicaron los abogados, existe un alto grado de riesgo por los perjuicios económicos que la situación de intrusión ya implica, sumado a un clima de tensión por los enfrentamientos que se generaron entre Fernández y el personal de seguridad contratado por la empresa para custodiar los lotes que aún no fueron usurpados. «Es necesario que la justicia se expida en forma urgente sobre este caso, sin perjuicio de que, luego que se defina la cuestión de fondo, se le otorgue la razón a una de las partes del conflicto», remarcó en la entrevista con este medio el Dr. Cúneo Libarona.
La causa por «usurpación y robo de madera», está a cargo del juez de Instrucción Nº 1, Horacio Gallardo, pero hasta el momento no se expidió.
