La Nación buscará destrabar el conflicto de los motosierristas

El paro impulsado por el sindicato de papeleros (Soep) mantiene bloqueado el ingreso a la planta celulosa de Alto Paraná a pesar de que la medida fuera declarada ilegal por la Provincia. El ministerio de Trabajo convocó a los sindicatos, las contratistas y Alto Paraná a una audiencia que se hará hoy [su_note note_color=»#cdcdcd»]Los funcionarios nacionales adelantaron que, para facilitar las negociaciones, se tratarán por separado los distintos puntos del reclamo de los huelguistas[/su_note]El Ministerio de Trabajo de la Nación intentará esta tarde destrabar el conflicto generado a partir de la protesta de un grupo de obreros rurales que responden al sindicato papelero (Soep), quienes mantienen bloqueado el ingreso a la pastera de la empresa Alto Paraná -en Puerto Esperanza- e impiden los trabajos de campo a las empresas contratistas de servicios rurales de la zona Norte. La huelga ya paralizó a buena parte del aparato productivo de la provincia y provocó despidos y suspensiones de personal.

La intervención de la Nación en el conflicto se produjo un día después de que la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia dictaminara la ilegalidad de la medida de fuerza y luego de que el Soep anunciara la continuidad de la protesta a pesar de la disposición de la Provincia.

Entre 80 y 100 son los obreros involucrados en la protesta, mientras que el piquete que montaron mantiene en riesgo la fuente laboral de unos 7.000 trabajadores y tiene parados a unos 500 camiones y se perdieron más de 2.500 fletes sólo tomando en cuenta el promedio de ingreso de cargas a la pastera.

Para encontrar una rápida salida, las autoridades nacionales convocaron a una asamblea que se realizará hoy a las 17 horas en Buenos Aires y reunirá a representantes del Soep, de las empresas contratistas, de Alto Paraná Sociedad Anónima y de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre).

Según se ocuparon de aclarar los propios representantes del Soep, el principal reclamo de la huelga -declarada ilegal por la Provincia- es el traslado a ese gremio de los aportes sindicales de un grupo de trabajadores rurales actualmente afiliados a la Uatre. Además protestan porque entienden que algunas firmas contratistas estarían incumpliendo aumentos salariales acordados el año pasado y no estarían disponiendo las condiciones laborales adecuadas a sus obreros.

El Soep reclama también la reincorporación de los empleados despedidos por participar del piquete y que se dejen sin efecto las suspensiones de personal practicadas por las empresas que debieron paralizar su producción como efecto de la huelga.

Por su parte las empresas contratistas se niegan a volver atrás con los despidos y las suspensiones porque consideran que el carácter ilegal de la medida de fuerza los habilita a tomar ese tipo de medidas.

Los funcionarios nacionales adelantaron que, para facilitar las negociaciones, se tratarán por separado los distintos puntos del reclamo de los huelguistas, ya que mientras el reencuadre gremial puede derivar en un trámite que llevaría años, el resto de las cuestiones se podría resolver más rápidamente.

Argumentos cruzados

El secretario general del Soep, Lorenzo Barrientos, reconoció que convocó al piquete en reclamo por el reencuadre sindical, sin haber intentado antes por la vía legal. Tras mantener bloqueada la celulósica de Esperanza por más de doce días, aseguró que recién ahora iniciará el trámite para solicitar el reencuadre gremial.

El dirigente gremial reconoció además que el acuerdo logrado con Alto Paraná el año pasado significó una notable mejoría para los trabajadores de las empresas que prestan servicios a la celulósica, pero advirtió que muchas contratistas no cumplen con las condiciones allí establecidas y en vez de cobrar los 1.200 pesos que indica el convenio en cuestión, cobran 400 ó 500 pesos.

Por su parte el abogado de las contratistas, Javier González negó de plano que se hayan producido incumplimientos por parte de las empresas que representa y recordó que todas las contratistas de Alto Paraná «están sometidas a una auditoría permanente y el cumplimiento es pleno», aseguró.

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