La Provincia consideró que el gremio que impulsó la protesta «actuó de mala fe». Los huelguistas ya habían ignorado una conciliación obligatoria y continuarán con la protesta a pesar de la desición oficial. Sancionarán al gremio de papeleros y a las empresas que suspendieron personal. La Subsecretaría de Trabajo de la Provincia declaró ilegal el paro de motosierristas que hace once días mantiene bloqueado el ingreso a la planta de celulosa de la empresa Alto Paraná y paralizados los trabajos de campo de la mayoría de las firmas forestales de la zona Norte. Se pediràn sanciones para el gremio de papeleros (Soep) que impulsa la medida y para las empresas que hayan suspendido personal.
Juan Carlos Agulla, titular del área de Trabajo, explicó que la medida de fuerza fue considerada fuera del marco legal porque ignoró una conciliación obligatoria convocada hace nueve días (medida que impone la interrupción de la protesta para facilitar las negociaciones entre las partes) y porque, según el propio Agulla, «el gremio (en referencia al Soep) actuó de mala fe, pretendiendo imponer por la fuerza un reencuadre gremial -que por ley no corresponde- sin antes haber canalizado ese reclamo por la vía legal».
Por su parte, desde el sindicato no acusaron recibo de la disposición de la Provincia y adelantaron que continuarán con la medida de fuerza hasta que se satisfagan sus exigencias.
Vale recordar que la huelga es encabezada por el Soep y su principal reclamo es la transferencia a ese gremio de los aportes sindicales de los obreros de las empresas contratistas que prestan servicios a la planta de celulosa de Alto Paraná, a pesar de que, por la actividad que desempeñan, la ley determina que esos empleados se encuadren en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre).
En el marco de esta puja gremial por los aportes de los trabajadores, el Soep ya impulsó dos paros pero todavía no se ocupó de iniciar el trámite administrativo necesario para solicitar el reencuadre sindical que pretenden, lo que fue interpretado por las autoridades provinciales como un acto «de mala fe».
Teniendo en cuenta estas irregularidades, Agulla adelantó que pedirá al ministerio de Trabajo de la Nación que sancione al Soep, organización que corre riesgo de perder su personería gremial.
El funcionario aclaró que también recaerían sanciones sobre las empresas que suspendieron o cesantearon a sus trabajadores; tanto las que despidieron a obreros que participaron de la protesta, como las que recortaron temporariamente su planta por la paralización generada por la huelga. «Las empresas no pueden tomar medidas contra sus trabajadores mientras rija la conciliación obligatoria y en casos de caída de actividad solo pueden suspender personal aquellas firmas que hayan presentado un concurso preventivo de crisis, proceso que ninguna compañía concretó en este caso», indicó Agulla.
Cientos de empleados exigen garantías al gobierno para que «respeten el derecho a trabajar»
