El conflicto se agrava y las empresas cuestionan la inacción del gobierno

Desde las empresas de servicios forestales sostuvieron que «funcionarios de la Subsecretaria de Trabajo y Empleo de la Provincia reconocieron en los medios que se trata de un paro y de una acción fuera del marco impulsada por Barrientos y el Soep, sin embargo los piquetes continúan, y eso no lo logramos entender, cómo una autoridad que debe hacer cumplir la ley reconoce que hay gente obrando en forma ilícita y no toma las medidas pertinentes».

El conflicto, que se inició el lunes pasado, cuenta con más de 200 motosierristas de empresas contratistas de APSA, Lipsia, Toll, Pindó y Yací Yateré, cortaron el acceso a la planta de Celulosa en Esperanza y otros caminos estratégicos en la misma localidad, en reclamo de que se defina la cuestión de encuadramiento sindical, por la cual piden que se pase su afiliación de Uatre al Soep, cuestión que sólo puede definir el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Asimismo, las empresas contratistas manifestaron su indignación al señalar que «el miércoles la Provincia dictó la Conciliación Obligatoria, por la cual se establece una medida de no innovar que obliga a las partes a retrotraer la situación al momento anterior al conflicto, y esto fue notificado tanto a nosotros como a los trabajadores que están en el piquete, quienes debían suspender la medida de fuerza y regresar a sus puestos de trabajo».

Conciliación viciada

«Sin embargo, no sólo continúan los piquetes, sino que los motosierristas en huelga no se presentaron a cumplir con sus tareas habituales, desconociendo de esta manera la disposición del gobierno», y agregaron que «esto demuestra que no hay respeto por la ley y mal desempeño de las funciones por parte de los funcionarios públicos».

«Hemos presentado denuncias penales, con las pruebas y documentación correspondiente, contra el Soep y algunos de los piqueteros, de los cuales hay un grupito que permanentemente recorriendo en motos los terrenos y donde ven gente trabajando se movilizan con palos y otros objetos para presionar a los trabajadores a cesar en sus tareas, cometiendo los delitos de usurpación e intimidación al personal, y pese a que las denuncias ya fueron presentadas, estos individuos se mueven con total impunidad».

Situación inexplicable

Por su parte, desde la Subsecretaría de Trabajo de la provincia reconocieron recientemente en los medios que la medida adoptada por el Soep y su titular Barrientos es «ilegal» y que el reclamo «no tiene que ver con las empresas, los trabajadores ni las autoridades provinciales», lo que desconcertó aún más a los contratistas, quienes manifestaron no entender «por qué no se actúa sobre el conflicto para garantizar el derecho constitucional a trabajar y poder circular libremente, la medida ya tendría que haber sido decretada ilegal, pero todavía nos estamos perjudicando todos ante la pasividad de las autoridades de aplicación».

«Hay más de 1.500 trabajadores forestales que a diferencia de los 200 piqueteros están conformes con su situación laboral y el cumplimiento del convenio 62/2006, y que quieren seguir trabajando con normalidad y no tienen ninguna pretensión de encuadre gremial, sino que les preocupa como un grupo de piqueteros pueden poner en riesgo su integridad física, la de sus familias y sus fuentes de trabajo. La situación está tensa y si las autoridades no resuelven en forma inmediata, el conflicto puede tomar dimensiones impensadas, hay que recordar que además hay otros miles de trabajadores de las empresas de transportes, proveedores y clientes que están afectados y que tampoco se quedarán de brazos cruzados».

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