Las provincias quieren definir en el Cofema los contenidos de la ley Bonasso

Las autoridades del Consejo Federal de Medio Ambiente insistieron ante el Congreso Nacional en la necesidad de que «los contenidos de la Ley de Presupuesto Mínimo para la Protección de Bosques Nativos se resuelvan en este ámbito institucional, antes de su tratamiento en Diputados». En la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), se resolvió insistir ante el Congreso Nacional en la necesidad de que los contenidos de la Ley de Presupuesto Mínimos para la Protección de Bosques Nativos se resuelvan en este ámbito institucional, donde los representantes de las provincias de todo el país debaten las políticas y problemáticas ambientales de la Argentina.

El ministro de Ecología, Luis Jacobo, participó del encuentro y reiteró la posición de Misiones al respecto, que se ha mantenido desde el inicio el debate, planteando que «no se puede aprobar una Ley de Presupuestos Mínimos -que significa establecer condiciones básicas para que la explotación de bosques en Argentina sea sustentables- sin incorporar el concepto de la compensación o incentivos por los servicios ambientales que ofrecen los bosques nativos».

Para el funcionario «tiene que existir un fondo, cuanto menos para la primera etapa de este proceso de acomodamiento de las modalidades de la explotación del monte nativo, que en algunas provincias del país es una de las principales actividades económicas. De esta manera, el productor o empresarios forestal podrá ajustarse al cumplimiento de la norma que, dado que en alguna etapa del proceso le puede producir un perjuicio económico», explicó.

El concepto de la compensación no es un lucro cesante, sino que, con la capacidad que se obtenga de cada monte de ofrecer otros servicios ambientales, se podrá establecer si hay o no una capacidad potencial del bosque nativo de ofrecer otro tipo de servicio.

«Misiones tiene algunas experiencias en este aspecto, debe acreditación en el mercado de bonos de carbono hasta la utilización con fines turísticos o de productos no maderables. Por lo tanto, hay un menú de opciones a potenciar. Por ejemplo, la protección del agua adquirió una dimensión extraordinaria ante la escasez del agua a nivel mundial. Consecuentemente, merece el propietario del monte que posee este recurso, acceder a una compensación por algún servicio real o potencial que esta prestando su propiedad. Y desde el Estado hay que iniciar el proceso de acompañamiento hasta que el empresario forme parte de un mercado y resuelva su negocio. Hay que pensar en políticas sustentables», remarcó.

El Cofema fue terminante en acompañar este concepto, y expresa la necesidad de que la ley no se trate en el Congreso Nacional hasta que las provincias no se expidan en el marco de este ámbito institucional.

Por otra parte, Jacobo indicó que también se solicitó que en su contenido, la ley que impulsa el diputado nacional Miguel Bonasso no vulnere el principio constitucional de que el dominio originario del recurso natural corresponde a las provincias. «El gobierno nacional no puede imponer a las provincias el modo de utilizar los recursos naturales, solo puede establecer las bases de un Presupuesto Mínimo», recalcó.

Escenario local

Por otra parte, el ministro de Ecología manifestó que la situación de Misiones no es la que más alarma genera a nivel nacional, sino que el mayor problema se presenta en aquellas provincias donde el avance de la frontera agropecuaria, particularmente la soja, es una amenaza para el bosque nativo y no rigen normativas de aprovechamiento sustentable, planes de manejo y demás, como si existen en la provincia.

De todas maneras, desde el organismo provincial analizan la actualización de la Ley Prov. 854 de Bosques Nativos. «Tenemos leyes que en algunos de sus articulados tienen modelos de producción antiguos, que hoy el mundo cuestiona porque no aparece el concepto de sustentabilidad. Por este motivo estamos revisando la ley 854 y todas aquellas relacionadas al uso del suelo y de los espacios, buscando la manera de que, sin producir traumas, vayamos migrando hacia estadios de producción que sean mas amigables con el recurso fundamental: el suelo, el agua y los bosques nativos, que son los tres recursos vitales para el desarrollo futuro de Misiones», concluyó.

Próximo debate

El presidente del bloque Justicialista del Frente para la Victoria , Agustín Rossi, y el diputado nacional Miguel Bonasso, anunciaron el martes el compromiso oficial de tratar en la primera sesión ordinaria de 2007 el proyecto de ley de bosques, luego de que ambientalistas y productores madereros llegarán a un acuerdo.

«El Gobierno tiene interés de que se apruebe esta ley y por eso la vamos a tratar en la primera sesión. Somos un bloque federal y como tal, hay una visión federal de cada tema, pero pudimos debatir y consensuar para tratar la ley», aseguró Rossi.

Bonasso, a su vez, se refirió como de «inaceptables presiones» a la resolución del Cofema de insistir en que no se postergue el tratamiento de la ley hasta que las provincias no se expidan en este ámbito. «Creo que algunos gobernadores confunden federalismo con feudalismo». «Lo central es que la ley salga y que se paren los desmontes salvajes, ya que lo que perdimos no lo podemos recuperar», dijo el diputado, quien consideró «un triunfo» que la ley sea tratada en la primera sesión. El acuerdo, que fue anunciado durante una conferencia de prensa ofrecida el martes por ambos legisladores en el Congreso, limita a un año, de los cinco originales, la veda para desmontar los bosques nativos hasta que las provincias hagan un ordenamiento territorial que permita planificar el uso sostenible de las masas forestales.

Por su parte, el director Político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, defendió el acuerdo alcanzado al señalar que «el texto conserva la estructura fundamental de la ley. Esperamos que las modificaciones acordadas realmente destraben el conflicto interno dentro del oficialismo, porque las demoras están significando un altísimo costo ambiental». El proyecto de ley sobre bosques nativos fue aprobado en general por Diputados en noviembre pasado y sólo resta el tratamiento de artículo por artículo.

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