El dirigente renovador Eduardo «Balero» Torres hizo un análisis de las designaciones en la Justicia desde el retorno de la democracia. Pide a la dirigencia una lectura integral a la hora de emitir opiniones.
Justicia. El poder judicial es usado como eje del debate electoral.
[su_note note_color=»#cdcdcd»]Desde 2002 funciona el Consejo de la Magistratura, que le dio transparencia a la selección[/su_note]La polémica desatada esta semana en torno a la situación de la justicia por una supuesta frase emitida por el vicegobernador Pablo Tschirsch, que él mismo se encargó de desmentir ayer, produjo un documento de análisis de las designaciones en la Justicia desde el retorno de la democracia realizado por el dirigente renovador Eduardo Torres. El documento sostiene que el Gobierno actual no realizó ninguna designación en el Poder Judicial sin haber atravesado el cedazo del Consejo de la Magistratura en el que los candidatos deben aprobar primero un riguroso examen, y lo comparó con las designaciones de los gobiernos anteriores que recaían únicamente en la confianza o cercanía del futuro juez con el mandatario del momento y su círculo de confianza.
Desde el retorno de la democracia hasta 2002 los nombramientos fueron siempre por decisión del gobernador y en cambio, en el Gobierno actual en la práctica no se ha nombrado a ningún juez o fiscal sin haber sido seleccionado previamente por el Consejo de la Magistratura.
Los últimos jueces nombrados a dedo fueron Julio Alberto Ifrán y Liliana Bertolotti de Esperanza en el último acto de Gobierno de Ramón Puerta, con un sentido de ecuanimidad en el reparto: un peronista -su vicegobernador- y una radical.
Después, fue el Consejo el encargado de elegir las ternas de las que elige a uno el Gobernador. Para cubrir las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia se utilizó el mecanismo constitucional que usaron otros gobernadores y que, en todo caso, debe ser modificado para que sea más transparente en el futuro.
El gobierno del radical Ricardo Barrios Arrechea tuvo la tarea de cubrir numerosas vacantes después de siete años de dictadura militar: a su gusto nombró a ministros del Superior e incluso inauguró la vinculación política con Carlos Acosta, quien saltó de la presidencia de la Legislatura a la presidencia del STJ. En total, designó a 84 magistrados y funcionarios judiciales.
Con el peronismo
Después, el Gobierno de Julio Humada amplió el Superior a nueve integrantes y armó parte de la estructura que funciona hasta la actualidad.
Incluso, hubo ascensos meteóricos como el de Marta Catella, nombrada jueza de primera instancia en 1990 y ministra un año después.
Varios abogados peronistas ocuparon cargos relevantes en el Poder Judicial, en lugares claves para la administración de ese poder y siguen en sus cargos hasta la actualidad.
En total, Humada nombró a 62 magistrados. De acuerdo al documento elaborado por Torres, Ramón Puerta completó 19 nombramientos.
Prácticamente la totalidad de los jueces, fiscales y defensores actuales fue nombrado con el peronismo en el poder: 71 jueces, casi lo mismo que los nombrados por Barrios Arrechea para cubrir las vacantes tras la dictadura.
Ya con el actual gobernador Carlos Rovira en el poder, llegaron los nombramientos de Ifrán y Esperanza, anunciados por Puerta en su despedida en diciembre de 1999. Recién en 2002 hubo nuevos nombramientos, pero tras la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura, después de una larga pelea política, que incluso eliminó una mayor participación ciudadana y mecanismos de remoción, como tiene el mismo organismo en el ámbito federal.
En total, Rovira nombró a siete jueces y ahora la lista puede ampliarse a nueve si se aprueban los pliegos de los candidatos a jueces de Jardín América y Leandro N. Alem, en los flamantes juzgados, con sus correspondientes fiscales y defensores. Las audiencias se realizarán hoy y la oposición promete oponerse a las designaciones, como en casos anteriores.
Transparencias
Para mejorar la transparencia en las designaciones en el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura debería tener un perfil más técnico, sin injerencia directa del poder político: los diputados y el Gobierno tienen una doble participación. También debería poder avanzar en la investigación y remoción de los jueces denunciados por irregularidades. Actualmente, ese mecanismo está en manos de un jury con participación política y generalmente cuestionado por la amplia participación política.
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