Coiform: falta decisión política para expulsar a los intrusos de Yabotí

Para el titular del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, Eduardo Stirnermann, la intervención de la justicia en los casos de intrusión sobre propiedades de bosques nativos es lenta. «Es necesario que el gobierno demuestre en esta problemática una firme decisión política de evitar el avance sobre la propiedad privada y actúe con celeridad en San Pedro, de lo contrario se perderá la reserva porque es un mal precedente, y seguirán avanzando sobre las tierras», advirtió. La intrusión en lotes privados de la Reserva de Biosfera de Yabotí, en la zona de Colonia Primavera, a 30 kilómetros de la localidad de San Pedro, generó preocupación en los empresarios. El presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Coiform), Eduardo Stirnermann, reclamó al Estado provincial «la falta de decisión política de expulsar a los intrusos que avanzan sobre la reserva. Esto será un mal antecedente, seguirán avanzando sobre las tierras y perderemos la reserva», advirtió.

El profesional explicó que, en los casos de intrusión sobre bosques nativos, «la actuación de la justicia es lenta, dado que se considera como un delito menor porque se trata de un bosque donde no hay explotación maderera, sería un área improductiva, por lo tanto, los juzgados locales no actúan con la celeridad como sí lo hacen en campos con plantaciones forestales», dijo.

El pasado fin de semana, funcionarios del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de la Provincia realizaron, en forma conjunta con la policía local, un procedimiento en la localidad de San Pedro y constataron la presencia de intrusos en la propiedad que Beatriz Irene Torcelli posee dentro de la Reserva de Biosfera de Yabotí.

En las intervenciones realizadas, los intrusos se mostraron ante las autoridades provinciales «pacíficos y sin intenciones de aferrarse a sus ilegales pretensiones, están abiertos al diálogo y principalmente predispuestos a obedecer leyes aplicables», detallaron desde el ministerio, en un comunicado de prensa.

En el mismo informe oficial, las autoridades de Ecología también se hicieron eco de las versiones de la zona, que «dicen que los recientes movimientos fueron propiciados por la Pastoral Católica zonal y/o por intendentes de localidades cercanas, es decir que podría tratarse de cuestiones de índole políticas», afirmaron.

Preocupación empresaria

Para el titular del Coiform, lo que sucedió en la reserva es «alarmante» y «falta decisión política» para resolver la problemática. «Hay mucha preocupación de los propietarios, y si este caso no se toma con seriedad y no se expulsa a los intrusos, podemos dar por perdida Yabotí», subrayó.

Por otra parte, confirmó las versiones que llegaron al Ministerio de Ecología, y manifestó que «en la zona norte desde hace muchos años la intrusión es promovida por integrantes de la Pastoral Social y el Programa Social Agropecuario (PSA), que son defensores de los intrusos y avanzan sobre la propiedad privada».

Asimismo, agregó que «la misma gente que se instala en el lugar te dice que tienen el apoyo de la Pastoral Social, que incluso le gestionan los documentos, ya que por medio de la Ley de Amnistía para indocumentados, con dos testigos que dicen que la persona nació en el lugar, ya se obtiene el DNI para brasileños o paraguayos».

Por otra parte, el profesional manifestó que la amenaza de intrusión sobre lotes privados de la reserva fue planteada por los propietarios en el Comité de Gestión Técnica de Yabotí, ámbito institucional que funciona bajo la coordinación de Ecología, «pero nada se hizo para evitar que suceda», dijo.

«Los empresarios pedían en el Comité que se permita desarrollar en la reserva actividades productivas alternativas, no maderables, para generan trabajo a la comunidad. Se temía que iba a llegar el momento en que la gente avanzaría sobre las tierras por la falta de trabajo, en San Pedro la presión social es muy fuerte ante la pobreza que se vive en el municipio», explicó el ingeniero.

Para Stirnermann, «el gobierno no hizo nada y hoy el temor de los propietarios es una realidad , y si no demuestran una decisión política firme de expulsar a los intrusos, la situación se profundizará porque seguirán avanzando sobre la reserva y la situación será más compleja de resolver», indicó.

Descargo del PSA

El coordinador del Programa Social Agropecuario (Sagpya) en Eldorado, Marcelo Mestres, realizó su descargo ante las graves acusaciones del titular del Coiform, y aseguró que «desde el programa nacional no se promueve la intrusión, somos un programa de asistencia del Estado nacional, y asignamos recursos dentro del marco de la ley», afirmó.

Sin embargo, el funcionario agregó que, como todo programa social, se ayuda a la gente con necesidades alimentarias y, en ese marco, tienen casos donde asisten a los ocupantes de tierras privadas. «Hemos financiado proyectos para dar una respuesta a las necesidades de distintas familias, sobre todo en Pozo Azul. Se trata de gente que esta ocupando tierras y están en litigio para regularizar su situación, y en esos casos hemos brindado proyectos, pero no promovemos la intrusión para brindar después la asistencia, esto no es así», se defendió.

En relación a la intrusión en Yaboti, aseguró que dentro de la reserva el PSA no tiene injerencia, pero si han financiado proyectos en la zona del área de influencia, sobre la Ruta 16.

«Nosotros no promovemos la intrusión, intentamos dar respuestas para mejorar la alimentación de las familias como programa social, ante las necesidades de los ciudadanos y campesinos. Me sorprenden las declaraciones del ingeniero Stirnermann, y me podré en contacto para conocer con mayor precisión su denuncia, en caso que alguien realice maniobras irregulares en nombre del programa. Mi concepto de gestión es que el Estado, nacional o provincial, tiene la obligación de dar una respuesta a las necesidades de la gente, que tiene derecho al trabajo, a educar a sus hijos dentro del marco cultural rural o campesino en el que vive. Pero otra cosa es incitar a la ocupación y en el PSA jamás trabajamos en esa línea.

Sin dudas, en la sociedad hay posturas diferentes y puede ser que cuestionen la ayuda social que brindamos a los ocupantes de tierras, pero el financiamiento se otorga a familias que buscan mejoras productivas en sus tierras y que tienen necesidades alimentarias. Hay una gran diferencia legal entre el ocupante y el intruso, y nosotros, de ninguna manera, promovemos la intrusión de la propiedad privada», dijo el coordinador del PSA.

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