Interrumpirían la entrada al principal recurso turístico de Misiones en defensa de la prestataria de las aventuras naúticas, que hace 17 meses opera el servicio gracias a demoras en el proceso licitatorio. Continúa levantando temperatura la polémica por el tardío llamado a licitación del servicio de lanchas del área de Cataratas. Luego de que el actual concesionario, Eduardo Arrabal, saliera a cuestionar públicamente el proceso que podría apartarlo del negocio que opera desde hace más de 20 años, un grupo de cuentapropistas nucleados en la Asociación de Fotógrafos y Video Operadores del Parque Nacional Iguazú se declaró en «estado de asamblea permanente» y amenazó con cortar el ingreso al principal recurso turístico de Misiones si continúa el proceso licitatorio y se manifestó en favor de la continuidad de la firma de Arrabal como prestataria de las aventuras naúticas.
En varias intervenciones mediáticas y en un comunicado difundido ayer, los fotógrafos consideraron que los pliegos elaborados por la Administración de Parques Nacionales (APN) afectan su fuente laboral en forma directa, aunque no supieron precisar de qué modo. Más allá de los planteos formulados contra los pliegos, tanto fotógrafos como guías -quienes también se oponen a la licitación- manifestaron su apoyo a la actual concesionaria. Desde estos sectores temen que un eventual apartamiento de la empresa de Arrabal, con quien mantienen una buena relación, les complique el acceso a los turistas en lugares clave del Parque.
Quienes se oponen a que la APN cumpla con la licitación que ya lleva más de 17 meses de retraso, dejaron en claro que están dispuestos a levantar el tono de la protesta si sus planteamientos no reciben la respuesta que esperan. «Estamos en asamblea permanente y no descartamos medidas de fuerza que incluirán el corte del acceso al área de Cataratas, lo que significará el cierre a los turístas y el caos que derivará de ello», afirmaron los fotógrafos en un comunicado que, líneas más adelante, convoca a las autoridades nacionales a detener la licitación para «evitar un nuevo Gualeguaychú», en referencia a las protestas contra la instalación de industrias de pasta celulósica en Fray Bentos, Uruguay.
Las amenazas de los manifestantes generaron la preocupación de muchos empresarios turísticos que operan en la zona, quienes temen que un nuevo episodio de protestas públicas en Iguazú -que este año ya sufrió cortes en puentes y rutas- alejaría a los turistas de Argentina, cansados ya de enfrentar piquetes en las ciudades que habitan, y generaría una mala imagen del destino Cataratas en el exterior, prensa negativa que alimentaría el mito existente respecto a la «inseguridad en la triple frontera».
Intereses particulares
Las manifestaciones de los fotógrafos se suman a las vertidas por la propia concesionaria de los botes, la empresa Iguazú Jungle Explorer, que sin dejar de reconocer que una eventual suspensión del proceso licitatorio los benificiaría en forma directa, reclamó la interrupción del mismo.
Desde la firma argumentaron que «se produjeron serias anomalías administrativas», aseguraron además que los pliegos contienen «severas irregularidades que generarán un alto impacto ambiental negativo» y calificaron como «dudosos manejos» a los actos de la APN.
La empresa enfatizó además la calidad del servicio que presta, cuestión que nunca se puso en duda desde la APN, pero que no justificaría una nueva interrupción en el llamado a licitación.
Por su parte, desde las demás compañías interesadas en participar de la licitación, interpretaron los reclamos de la compañía de Eduardo Arrabal como una maniobra para continuar explotando el jugoso negocio de las aventuras naúticas. Otros sugirieron incluso que la APN podría haber incurrido en errores administrativos en forma voluntaria para tener argumentos que justifiquen una nueva postergación de la licitación. Quienes sostienen esta teoría recordaron que Arrabal ya fue beneficiado por el organismo nacional con extensiones no previstas en el contrato original, cuya validez terminó hace casi un año y medio, plazo desde el cual el servicio viene siendo prestado gracias a la reticencia o la lentitud de Parques en llamar a una nueva licitación.
Proceso demorado
