Roberto Cabral, fiscal superior del Tribunal de Cuentas realizó un análisis de numerosas causas que maneja el organismo. Hay demoras de hasta siete años para avanzar en los procedimientos legales. Las recomendaciones de un grupo de asesores
Control. Cabral debe realizar propuestas de reforma del Tribunal de Cuentas para hacerlo más eficiente y menos burocrático.
«En el Tribunal de Cuentas hay gente muy calificada y un buen material humano. Pero falla la burocracia. Es lo más burocrático que encontré en mi carrera», dice a modo de balance Ramón Roberto Cabral, quien está a punto de cumplir cinco meses como fiscal superior del organismo de control de los gastos del Estado. Su misión es proponer reformas en las que está trabajando, pero tiene identificados como verdaderos cuellos de botella a las secretarías administrativas, en tanto que a nivel de fiscalías de cuenta no hay atrasos y se cumplen los plazos legales.
«Hay un recurrente dispendio para atender asuntos centrales, como juicios de cuenta y responsabilidad, en los que hay que expedirse en tiempo y forma», explica Cabral.
El funcionario sostiene que «se piden muchos sumarios, lo que ahoga al TC y que las demoras atentan hasta contra el principio de defensa del funcionario investigado, porque si pasa el tiempo, se instala la sospecha o muchas veces cambia de cargos o deja de ser funcionario y ya no responde por las posibles irregularidades».
Hasta ahora Cabral realizó el análisis de 2.600 expedientes, de los cuales 2.100 son de juicios de responsabilidad por manejo de subsidios o aportes del Gobierno a municipios u organizaciones no gubernamentales.
Hizo 440 observaciones sobre posibles irregularidades administrativas o demoras. Pero parece que el Tribunal de Cuentas no está exento de la morosidad en el control, que también pudo apreciarse en la Fiscalía de Estado durante el juicio al ex fiscal Lloyd Jorge Wickström. En el Tribunal de Cuentas hay causas paradas de más de catorce años y otras que acumulan recursos que no hacen más que demorar ostensiblemente los procedimientos y la apertura de juicios de responsabilidad a los funcionarios responsables de posibles irregularidades. Además, el TC todavía espera la resolución en la Cámara de Diputados de un posible juicio político, ya que su propia rendición de cuentas fue desaprobada por los diputados por groseras fallas en la presentación de los gastos del organismo que tiene que controlar que los demás entes del Estado sean impecables en el manejo presupuestario.
Las opiniones de Cabral generaron más de un dolor de cabeza a la cúpula del Tribunal de Cuentas, que ordenó a sus abogados y asesores realizar un análisis exhaustivo de las observaciones del fiscal superior. Informe de un informe.
Opiniones compartidas
Sin embargo, el equipo de asesores del TC, compartió todas las recomendaciones de Cabral, excepto una, que es polémica y generó roces entre el funcionario y el presidente del cuerpo, Pedro Perpetuo Forés. El equipo de asesores estuvo compuesto por el asesor jurídico de la Vocalía de División Central, Juan Carlos Vico; el asesor jurídico de Municipalidades, Hugo Mousquere, y el asesor jurídico de la presidencia, Francisco Benmaor.
En un caso, iniciado en 1993 con la primera rendición trimestral de cuentas de la Municipalidad de Azara, hubo sentencia que desaprobó el balance dos años después e impuso cargo pecuniario a tres funcionarios e iniciar un juicio administrativo de responsabilidad. A fines de ese año, se recepcionaron los recursos de revisión de los cuestionados funcionarios y el pago de las multas. En febrero de 1996, el TC declaró procedentes las apelaciones de los funcionarios y la causa se paralizó un año entero. En febrero de 1997, se revoca parcialmente la sentencia de dos años atrás, pero mantiene la multa de 388,43 pesos, que es pagada en dos cuotas en octubre de 1997. Nuevamente pasaron dos años hasta que los vocales tomaron conocimiento del curso de la causa. Recién el 22 de mayo de este año -siete años después- se retomó el trámite burocrático y casi un mes después, se decidió dar por bien pagadas las costas.
El equipo de asesores convocados por Forés para el análisis de las opiniones de Cabral coincidió en que se observan demoras injustificadas como los siete años de la causa paralizada y que el pago parcial de la multa no debería haberse aceptado, sino haber pedido a la Fiscalía de Estado su ejecución.
Las misma demora y el vencimiento de todos los plazos legales se encuentra en todos los expedientes analizados, lo que es admitido por el grupo de especialistas y señalado por Cabral.
«Mente fantasiosa»
