Rechazaron pedido de juicio político a ministros de la Corte

Por diez votos contra ocho se descartó el planteo del grupo Touché y Moreno Ocampo contra los ministros que habían pedido el expediente al juez José Antonio Reyes, que lo benefició con un amparo irregular.

[su_note note_color=»#cdcdcd»]La oposición defendió a Touché que fue denunciada por presunta estafa por el Macro[/su_note]La denuncia es un panfleto político escrito para los medios. La frase del diputado radical independiente, Edmundo Soria Vieta, resumió la opinión mayoritaria de la Sala Acusadora que rechazó el pedido de juicio político contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Rojas y los ministros Cristina Leiva, Rubén Uset y Ramona Velázquez. Después de realizar el análisis de la denuncia presentada por el grupo Touché & Moreno Ocampo y otros, el oficialismo con el aporte de Soria Vieta, votó en contra de la apertura de la investigación, lo que desató un vendaval de cuestionamientos políticos de la oposición, que salió en defensa del grupo empresario liderado por el ex fiscal de Estado de Ramón Puerta, el abogado correntino Álvaro Caamaño, denunciado por presunta estafa por el Banco Macro, al que, gracias a un amparo otorgado por el juez de Apóstoles, José Antonio Reyes, le extrajo más de tres millones de pesos. El debate en la Legislatura fue más político que jurídico. La oposición esgrimió que «había que profundizar más la investigación», en una encendida defensa del accionar de Touché, incluso por los mismos diputados que en su momento cuestionaron el contrato que vinculaba al grupo con el Estado para el cobro de impuestos vencidos. El pedido de juicio político cuestionaba que los ministros del Superior Tribunal de Justicia le hayan pedido el expediente a Reyes, cuando en realidad, esa es una facultad de la Corte.

Además, el requerimiento no frenó la causa, ya que de hecho, fue posterior a la autorización para la extracción de los fondos del Macro y el juez se quedó con el original. Touché planteó que «los ministros pidieron el expediente para cubrir delitos del Ejecutivo», en alusión a las supuestas comisiones no pagadas. Rentas, en cambio, en su planteo de conflicto de poderes, sostiene que no sólo que no se le adeudaba, sino que el grupo empresario cobró de más.

«Touché no es Cáritas Diocesana. Es una empresa que tiene que cobrar», argumentó Galeano en defensa de la maniobra judicial. El abogado también rechazó que Rentas sea parte del conflicto, pese a que el dinero que cobró Touché proviene de los impuestos que pagaron los ciudadanos.

A la vez, el presidente de la sala, Esteban Lozina, defendió «la potestad» del juez Reyes para atender el amparo presentado por Touché en reclamo por supuestas deudas de la Dirección General de Rentas, con el mismo argumento que Galeano. Sin embargo, el contrato entre Touché y el Estado -de hecho, figura en los pliegos licitatorios- establecía explícitamente que las diferencias debían dirimirse únicamente en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia. Además, todas las causas contencioso administrativas, deben discutirse en el STJ, por lo que Reyes debería haber rechazado el amparo presentado por Touché. En Misiones, la materia contencioso administrativa es originaria del STJ, lo que hombres del Derecho no deberían desconocer.

El oficialismo, en cambio, expuso los defectos de la denuncia, que cuestiona la idoneidad de los cuatro nuevos ministros y descartó que haya existido delitos o «encubrimiento» en su accionar. De hecho, los camaristas que actuaron como conjueces en el Jurado de Enjuiciamiento a Reyes, descartaron que haya habido alguna irregularidad al haber reclamado el expediente. Lo mismo votó el diputado justicialista Ricardo Biazzi.

Finalmente, por diez votos contra ocho, se rechazó el pedido de Víctor Bonifato, el apoderado de Touché, que ahora deberá declarar en el juicio a Reyes, que se iniciará el miércoles próximo en el Palacio de Justicia.

Apoyo gremial
La postura opositora fue aplaudida por dirigentes de la Unión Judicial de Misiones y de la Federación Judicial Argentina. Los gremialistas, que ayer hicieron una nueva marcha de protesta al STJ por reclamos salariales, siguen sin aceptar la oferta de blanqueo y aumentos que hizo la Corte. Jorge Izquierdo, secretario general de la FJA, dijo que los que aceptaron la oferta del STJ «son los secretarios que no habían reclamado absolutamente nada».

Sin embargo, no hay 500 secretarios en la Justicia. Asimismo, Arcadio Lewin, de la UJM, insistió en «conocer una propuesta firmada» para frenar los paros.