El proyecto implica lisa y llanamente la suspensión de todos los desmontes autorizados en el estado en que éstos se encuentren, aunque cuenten con autorización previa de la autoridad de aplicación respectiva y hasta tanto tramiten y consigan un nuevo permiso bajo la futura norma. La Cámara de Diputados aprobó el miércoles de la semana pasada un controvertido proyecto de ley presentado por el diputado kirchnerista Miguel Bonasso que declara la emergencia forestal en todo el país y que coincide en cuanto a temática y oportunidad con la campaña televisiva de recaudación de fondos organizada por la multinacional ecológica Greenpeace.
El diputado nacional salteño Osvaldo Salum (PJ), quien llevó la voz cantante contra el proyecto de Bonasso, declaró que «gracias a las fortísimas presiones ejercidas por el poder central el proyecto fue aprobado en general el jueves. Los únicos que votamos en contra fuimos la diputada Beatriz Daher (PJ-Salta) y yo. El proyecto implica lisa y llanamente la suspensión de todos los desmontes autorizados en el estado en que éstos se encuentren, aunque cuenten con autorización previa de la autoridad de aplicación respectiva y hasta tanto tramiten y consigan un nuevo permiso bajo la futura norma. Esto vulnera la seguridad jurídica y es un avasallamiento de las autonomías provinciales», sostuvo Salum.
Avasallamiento
Precisamente éste, el de las autoridades de aplicación, es el punto que muchas provincias cuestionan firmemente, ya que traslada una potestad indelegable e indelegada por los estados federales a la Nación, potestad que está contemplada y protegida por la Constitución Nacional reformada en 1994. Esta potestad es la de autorizar o prohibir explotaciones forestales o desmontes, en el marco de las normas provinciales que cada estado se haya dado, siempre que no vulneren los presupuestos mínimos de la ley de medio ambiente de la Nación.
Salum, haciendo una evaluación de la iniciativa de Bonasso, agregó que «estoy absolutamente convencido de que se trata de una ley operativa que lesiona severamente las autonomías provinciales, con más razón porque todos los estados federales tienen en sus constituciones disposiciones relacionadas a la protección del medio ambiente y leyes acordes a sus cartas magnas.
Además, discrepo totalmente con la metodología implementada para dar estado parlamentario y lograr el tratamiento en el recinto sin despachos de comisiones a este proyecto de ley, que recibió sanción en general en un marco de absoluta prepotencia», dijo y advirtió que «por iniciativa de varios legisladores de las provincias que se verán seriamente afectadas de sancionarse esta ley, como Salta y Misiones, el proyecto está sufriendo reformulaciones en gran parte de su articulado».
Atropello a las provincias
Juan Manuel Urtubey, quien votó la aprobación en general de la iniciativa de Bonasso, aclaró que falta la votación del articulado en particular. «Aprobamos la necesidad de una serie de presupuestos mínimos a nivel nacional, pero el Frente para la Victoria va a establecer en el articulado que la declaración de emergencia deberá contar con la adhesión de la legislaturas, ya que la política ambiental es una facultad no delegada. Nosotros estamos de acuerdo con que se detenga la tala indiscriminada, pero no vamos a tolerar un atropello a los derechos de las provincias y a la Constitución nacional», advirtió.
El proyecto exige el cese de los desmontes de los bosques a nivel nacional hasta que las empresas explotadoras consigan un permiso que habilite la tala y trata de imponer como autoridad de aplicación a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, prescindiendo de la normativa vigente. Hoy por hoy, las talas son autorizadas por cada provincia y, de aprobarse esta medida, el futuro agropecuario de éstas dependería de soluciones que se tomarían en el microcentro porteño.
Bonasso fundamentó su proyecto en datos proporcionados por Greenpeace, la organización que protagonizó uno de los más mayores fraudes científicos recientes en nuestro país, al colocar un collar para el rastreo satelital de yaguaretés a un ternero. De esa forma, engañó a los aportantes de buena fe que habían generado a la multinacional ecologista un ingreso de más de cien mil dólares para ese proyecto de «Defensa del Yaguareté».
Indignación misionera
El diputado misionero Juan Manuel Irrazábal indicó que «los diputados del NEA no vamos a votar una ley contra los intereses de nuestras provincias», e hizo suyos los argumentos de la formoseña Graciela de la Rosa sobre el proyecto en tratamiento.
«La ley contiene un conjunto de objetivos, pero no desarrolla los instrumentos de políticas activas, económicas y productivas que permitan cumplir los mismos», sostuvo el legislador. «Toda política de aplicación y fomento necesita de sistemas de asignación de montos, que no resultan explicitados en la ley. El texto de la norma no considera el principio de progresividad, que es propio del Derecho Ambiental, por cuanto se necesita una situación de empalme o transición de la situación vigente a la propuesta por esta norma», agregó el legislador misionero.
Para los legisladores del NEA, las determinaciones en el proyecto Bonasso son anticonstitucionales y poco prácticas. «El ordenamiento forestal corresponde que sea más flexible, dejándolo librado a los planes de cada provincia, debiendo resultar el Anexo como una guía indicativa y no imperativa como aparece en el proyecto». Asimismo, critican la ambigüedad del texto, que por ejemplo impone trámites burocráticos ante la administración nacional y exige estudios de impacto ambiental desconociendo los que ya se establecen en las administraciones locales. Otros puntos cuestionados sostienen que «las audiencias y consultas públicas deben tener algún parámetro razonable de dimensión para su concreción.
En cuanto a la emergencia forestal, deberá adecuarse a los criterios de emergencia que cada provincia declare y sobre esta base operar el sistema. Se advierte una complejidad burocrática en las tramitaciones administrativas, cuyas dimensiones socioeconómicas no lucen en la normativa propuesta».
Agresión a las economías regionales El legislador misionero Diego Sartori (PJ) adelantó que «no apoyamos medidas extremas, y menos que afecten a las economías regionales como es la foresto-industria en Misiones.
Se generó un fuerte debate en la sesión y se está logrando un consenso para incorporar, por ejemplo, un artículo que permitirá a cada provincia decidir su adhesión o no a la ley». Para el ministro de Ecología de Misiones, Luis Jacobo, el proyecto original presentado por el diputado Bonasso es «inviable y, como provincia, no lo podemos acompañar». «Estamos de acuerdo que se trata de un tema prioritario en la agenda del Estado.
Acompañaremos la legislación en la medida que no signifique ni la paralización económica de la provincia de Misiones ni vulnere el principio constitucional de que las provincias tienen el dominio originario sobre sus recursos naturales», remarcó Jacobo.
