Tiempos cortos

En trece días vence el plazo para que el Estado analice el pedido de rescisión del contrato que hizo Samsa el 19 de septiembre pasado. Según fuentes oficiales, es poco probable que el vínculo se mantenga a partir de ese momento, pero el Estado obligaría a la empresa a realizar un traspaso ordenado para hacerse cargo -si no se reprivatiza- recién en los primeros meses del año que viene.
El Gobierno no quiere pagar un costo político de tener nuevamente a la población capitalina sin agua en los meses de mayor calor.
Pero más allá de la ruptura, queda claro que se inicia una batalla judicial en la que el Estado deberá demostrar los incumplimientos de Samsa y sobre todo, la falta de inversión. La empresa ya presentó un escrito ante la Procuraduría de la Nación, como instancia previa al CIADI (Tribunal Arbitral Internacional del Banco Mundial para dirimir diferendos de inversiones) con un pedido de resarcimiento, que el Estado no está dispuesto a reconocer, ya que tuvo que hacerse cargo de inversiones que debería haber afrontado la empresa con créditos del Banco Mundial.