El Tribunal de Cuentas inició juicio a Benítez

Es para determinar sus culpas en diversas presuntas irregularidades denunciadas por los concejales González (PJ); Krivenki (FR) y Franco de Lima (UCR).

Al banquillo. El Tribunal de Cuentas de la Provincia inició un juicio contra Benítez.

Al banquillo. El Tribunal de Cuentas de la Provincia inició un juicio contra Benítez.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia decidió iniciar Juicio de Responsabilidad Administrativo a la gestión del intendente de San Vicente, Luis Benítez, para determinar sus culpas en presuntas irregularidades denunciadas varias veces por los concejales de la localidad, sobre todo por Claudio Soto González (PJ); Luis Krivenki (FR) y Mario Franco de Lima (UCR), cuando conformaron la comisión investigadora que derivó en la destitución contra el por ahora jefe comunal en licencia.

Son varias las cuestiones detectadas en diversos actos de gobierno de Benítez, desde que asumió hasta que debió pedir licencia médica, después de la manifestación en su contra que terminó con el saqueo e incendio de la sede municipal el 13 de marzo. Por lo pronto el Tribunal de Cuentas le notificó tanto al Ejecutivo actual, a cargo de Edgardo Escalante, como al Concejo Deliberante, el inicio del Juicio de Responsabilidad, en base al trabajo de la Comisión Investigadora. Más allá que entonces los ediles lo destituyeron, nunca se expidió al respecto el Superior Tribunal de Justicia, luego de que Benítez apelase lo resuelto por los ediles.

Ahora el Tribunal de Cuentas tiene suficientes elementos para investigar una condonación parcial de deudas impositivas a una empresa, sin la aprobación del Concejo Deliberante. También para avanzar sobre el proceso de compra de un compactador de basura, algo que no era de necesidad absoluta para el funcionamiento municipal. Los auditores del Tribunal tendrían suficientes pruebas como para dudar sobre la legalidad administrativa del proceso. Es que existen dos expedientes respaldatorios paralelos y distintos. Uno lo tienen ellos y otro fue remitido al Concejo Deliberante. Aunque se supone que las fotocopias de ambos deberían ser idénticas, hay diferencias notables y burdas en las firmas de los funcionarios que participaron; tachaduras y enmiendas; diferentes sellos; fechas que no coinciden; y un comprobado desorden en los folios que componen cada una de las dos copias, que deberían ser iguales. Además se abonó alrededor de 22 mil pesos, cuando el límite de compra directa es de 8 mil. Esto también fue denunciado por los concejales ante el juzgado de Instrucción encabezado por el magistrado Juan Carlos Cantero, quien tampoco se expidió.

Los fiscales del Tribunal también tienen en sus manos, la construcción de un salón comunitario y un sistema de agua potable, que aunque Benítez aseguró en declaración jurada que se haría, como es lógico, dentro del municipio, terminó en tierras de la vecina comuna de San Pedro.



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