Aduciendo una ley aprobada en 1996, pero nunca reglamentada, se otorgaban nuevas instancias de presentación de pruebas a funcionarios e intendentes sentenciados por el Tribunal de Cuentas
Polémica. El Tribunal de Cuentas sancionaba, pero Fiscalía no hacía nada.
Una polémica entre los contadores del Tribunal de Cuentas y los funcionarios de la Fiscalía de Estado por causas largamente demoradas y sin ejecución, pese a tener sentencias, revela detalles del desmanejo del segundo organismo en los últimos años. El ex fiscal de Estado, Lloyd Jorge Wickström, basándose en una ley aprobada en 1996, pero que nunca fue reglamentada «ofrecía» una doble instancia de presentación de pruebas a los funcionarios o alcaldes sentenciados por el Tribunal de Cuentas por manejos irregulares de las cuentas que estaban a su cargo.
Según los funcionarios del Tribunal, la creación de este recurso, «carece de fundamento jurídico y la transgresión de los principios constitucionales y legales -que producen conflicto de leyes- no tienen sustento dentro del sistema jurídico provincial». Es que la norma aprobada por el justicialismo modificó la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, aunque el Ejecutivo nunca la reglamentó.
La modificación fue utilizada por funcionarios municipales que recibieron sanciones y fuertes multas, pero que nunca fueron ejecutados por la Fiscalía de Estado que estaba a cargo del destituido Wickström.
Los funcionarios del Tribunal de Cuentas consideraron ya en 1997 que se estaba violando la ley y que «la reforma a la ley apuntaba a la satisfacción de intereses particulares, de responsables negligentes en contra del bien común». Asimismo, señalaron que la ley debería ser declarada inconstitucional o pedir su derogación.
Pese a las advertencias del Tribunal, Wickström hizo caso omiso y así se frenaron varias causas que hasta hoy no tienen resolución y están a punto de prescribir. Incluso, notificó a varios funcionarios para que presenten nuevas documentaciones que alivien sus situaciones, pero nunca les intimó al pago de las multas impuestas por el Tribunal.
Durante el juicio que se le hizo al ex fiscal de Estado, Lloyd Jorge Wickström, el presidente del Tribunal de Cuentas, Pedro Perpetuo Forés, había revelado que más de 2.100 causas que fueron elevadas a sentencia de la Fiscalía, pero de las cuáles apenas fueron sustanciadas apenas entre 700 y 800.
Ese fue uno de los puntos clave que derivó en su destitución, pero muchas causas siguen paradas.
La Fiscalía debe iniciar las acciones judiciales, ejecución vía apremio de los cargos y multas que impone el Tribunal 30 días hábiles después de recibir las causas del TC. Pero el Tribunal tampoco tomó medidas para exigir la actuación de la Fiscalía ni inició juicios de responsabilidad ante las posibles irregularidades susceptibles de ocasionar un daño al fisco.
