El Concejo Deliberante finalmente destituyó al jefe comunal, acusado de supuesta malversación de fondos. Apelará ante el STJ. San Vicente. En un período de cinco años, seis funcionarios pasaron por el sillón del Ejecutivo Municipal de San Vicente, localidad que nuevamente está inmersa en un conflicto político. Es que en la sesión especial del viernes, los concejales destituyeron al intendente renovador Luis Benítez, medida que será apelada por el jefe comunal como él mismo lo había anticipado.
La sesión comenzó a las 16 y dos horas después se dio a conocer el veredicto: con una votación de cuatro contra uno imperó la decisión de expulsar a Benítez, acusado de supuesta malversación de fondos.
Fueron los concejales Luis Krivenki (FR), Martín Soto González (PJ), Juan Gagek (UCR), y Mario Franco De Lima, quienes votaron a favor de la destitución del jefe comunal, siendo el edil Edgardo Escalante (FR) el único que votó en contra.
El intendente ahora tiene un plazo de cinco días hábiles para apelar ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Y en caso de que el alto cuerpo ratifique la medida del Concejo Deliberante, debe asumir el concejal de la misma línea del intendente, Carlos Escalante, quien tendrá 60 días para convocar a elecciones para el nuevo jefe comunal de esa localidad.
Los cargos
La gestión del jefe comunal fue puesta en tela de juicio por la comisión investigadora -conformada el 8 de marzo- que presentó once cargos en su contra dejando en evidencia «incumplimiento de sus acciones como funcionario público».
De acuerdo a la investigación Benítez incrementó el presupuesto del Ejecutivo municipal a espaldas del cuerpo deliberativo en tres oportunidades durante el año pasado. El intendente reconoció dicho aumento y lo justificó a costa de la densidad poblacional de la localidad.
El siguiente cargo es por haber tomado, según los concejales, atribuciones del Legislativo al condonar parte de la deuda impositiva de una empresa, propietaria de grandes extensiones de tierra.
También lo cuestionan por la compra de una compactadora de residuos bajo la denuncia de falsificación de instrumento público. Otro cargo es por haber utilizado sin autorización del Concejo fondos afectados a una cuenta especial; y por haber construido un salón comunitario y un tanque de agua, en el municipio de San Pedro con fondos del municipio de San Vicente. Una vez expuestos los cargos en el recinto, se dió lectura al descargo del intendente y luego tomó la palabra invocando citas bíblicas en su defensa. Lo cierto es que presentó la nulidad de la resolución 01/05 por la cual el Concejo creó la comisión investigadora. «En la comisión no se determina específicamente las presuntas transgresiones a investigar sino que en el artículo 4 el objeto se define genéricamente como el de investigar y esclarecer todas las irregularidades y transgresiones», señaló en su descargo.
Según los ediles el descargo estuvo dotado de evasiones a contestar con pruebas. Mientras se resolvía la situación, fuera del edificio municipal unas 500 personas se manifestaban en apoyo a Benítez que había convocado a «un acto por la democracia».
Luego de 16 años de hegemonía radical, el PJ llegó al poder de la mano del polémico Héctor Carballo, quien asumió el 10 de diciembre de 1999. Fue intendente por apenas 5 meses. Su mal desempeño desencadenó su destitución el 22 de mayo del 2000. Acusado de malversación de fondos públicos y prófugo de la justicia, se paseaba por los cafés de Posadas mientras el gobierno provincial decretaba la intervención al municipio el 11 de agosto de ese año nombrando como comisionado interventor a Luis Eduardo Castro (ex intendente de San Pedro) a través del decreto 3.672,
Castro efectuó la convocatoria para los comicios municipales junto con las legislativas del 2001, pero a pocos días de la contienda electoral la Cámara de Representantes, a través de la normativa 3.778, decidió prorrogar la intervención hasta el 10 de diciembre de 2003 es decir hasta cubrir la totalidad del mandato del destituido Carballo.
Pero la férrea disputa entre los roviristas y puertistas también tuvo su efecto colateral aquí, cuando el gobernador Carlos Rovira decidió desplazar a Castro (muy identificado con el senador Ramón Puerta) el 4 de julio del 2003 y en su lugar lo puso al entonces concejal Antonio Benítez, mediante el decreto 796/03 y confirmado en su cargo el 16 de julio por la misma vía (894/03).
No conforme con la medida, Diputados sancionó la ley 3.972, mediante el cual daba por terminada la intervención en San Vicente, por lo que el Concejo debía nombrar al sucesor de Carballo en calidad de intendente. Así Antonio Benítez volvió a su banca de concejal, y como titular del DEM quedó Adolfo Raczinek. Sin embargo, éste decidió dar un paso al costado y su lugar fue ocupado la concejal Elvira Machado, quien cumplió mandato y entregó el sillón al ahora destituido Luis Benítez el 10 de diciembre del 2003.
