Varios ex funcionarios en la mira de la DGI

Ostentan más de lo que supuestamente recibieron en salarios. Otros declararon menos propiedades [su_note note_color=»#cdcdcd»]Algunos ex funcionarios no pudieron justificar sus ingresos de acuerdo a los salarios que ganaban[/su_note]Según trascendió de fuentes de la Dirección General de Impuestos (DGI), varios ex funcionarios de Gobierno durante la década pasada estarían en la mira de los sabuesos, porque no pueden justificar sus ingresos e incluso algunos no presentaron la declaración jurada de Impuesto sobre los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta del año pasado, que debía ser instrumentada durante este mes.
Aunque no se conocieron los nombres de quienes están siendo investigados, también habría algunos empresarios que no declararon todo lo que ganaron durante el año pasado. A los ex funcionarios, se los está investigando por el crecimiento de su patrimonio personal, lo que no se condice con los salarios que cobraban mientras estuvieron en la función pública.
«No se descarta que incluso algunos tengan que pasar por la Justicia», reveló una fuente oficial del organismo recaudador de impuestos.
Como ya anticipó la Administración Federal de Ingresos Públicos, sus funcionarios saldrán a la búsqueda de los que no están inscriptos y de aquellos que nunca presentaron su declaración jurada.
En el caso de Bienes Personales, el patrimonio debe superar los $102.300 para que tribute el 0,5% sobre el excedente de ese monto. En pocas palabras, si la suma de sus bienes no alcanza ese valor, no deberá pagar el impuesto.
Para calcular, la AFIP toma dos parámetros: la valuación fiscal y el precio que se pagó según la escritura. Se tomará el valor más alto para hacer el cálculo, que generalmente es el de la escritura.
Con el objetivo de acelerar las intimaciones fiscales a deudores impositivos o lisa y llanamente a evasores, la AFIP dispuso la modificación de las regulaciones vigentes ampliando sus facultades para fijar domicilios de oficio y declarar inexistentes domicilios fiscales.
«La decisión política de avanzar contra los evasores está tomada desde el Gobierno nacional», dijo un funcionario local.

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