En disidencia, el Tribunal Penal 1 de Posadas, anuló el procesamiento de un oficial. Y llamó la atención al juez de Instrucción por «morosidad» en el trámite de la causa.
La fiscal Picazo pidió la confirmación del procesamiento del oficial Miranda.
El Tribunal Penal 1 de Posadas sentó un peligroso antecedente al anular el procesamiento de un oficial de la Policía de Misiones que había sido denunciado por apremios ilegales cuando prestaba servicios en la Seccional Cuarta de la capital provincial.
En un fallo divido, los camaristas sostuvieron que hubo un análisis parcial de la prueba y criticaron con dureza al juez de Instrucción Horacio Enrique Gallardo por considerar que hubo una excesiva demora en la tramitación del expediente.
El hecho ocurrió a mediados de abril de 2001 en el Cerro Pelón. En esa oportunidad, un móvil de la Seccional Cuarta concurrió al lugar alertado por los vecinos sobre un desorden.
La patrulla era encabezada por el oficial Diego Ariel Miranda y los suboficiales Rudy Villalba y Marcelo Almirón, quienes intentaron detener a la pareja.
De acuerdo con la versión del policía, hubo un forcejeo y el hombre intentó escapar. Fue alcanzado y se resistió al arresto.
Como varios vecinos intentaron salir en defensa del detenido, José Luis Montaña, intervinieron varios vecinos, entre ellos el presidente de la comisión vecinal y su hermano, de apellido Llanes.
Los tres hombres fueron llevados a la Seccional Cuarta, donde quedaron detenidos por resistencia a la autoridades, lesiones y daño.
Los tres hombres radicaron luego una denuncia por la brutal paliza que recibieron de parte de los policías, las que quedaron reflejadas en extensos certificados médicos y fotografías.
El juez Gallardo procesó al oficial y dictó la falta de mérito de los suboficiales, pero esa resolución fue apelada por el abogado de Miranda, Julio César González Genes.
Mientras el camarista Angel Cardozo votó por la confirmación del procesamiento; su par Demetria González de Canteros sostuvo que el delito imputado no se configuró porque «la figura de apremios ilegales está constituída por todo tipo de presión física o moral aplicada a una persona para obligarla a hacer decir algo».
Para la jueza «hay unilateralidad en el análisis y sólo se toma en cuenta las denuncias y no las pruebas».
En un claro desconocimiento de la realidad, dijo que «los policías no portan bastones de goma, como mendazmente se ha insertado en la denuncia».
También se mostró en desacuerdo con la incorporación de las fotografías de las víctimas al expediente «porque no hubo control por parte del imputado en su producción».
El camarista Martín Errecaborde apoyó el voto de Canteros.
A raíz de esta decisión, la causa podría ser archivada en los próximos meses, dijeron voceros judiciales.
En la Justicia temen que esta resolución derive en una mayor violencia policial.
Tanto la fiscal Liliana Picazo como los integrantes del Tribunal advirtieron una excesiva mora en la tramitación del expediente, motivo por el cual le hicieron un llamado de atención al juez Horacio Gallardo.
En los juzgados trascendió ayer la versión que el procesamiento fue revocado porque uno de los policías involucrados en la golpiza es familiar indirecto de un conocido camarista del fuero penal.
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