Nuevos vetos del Gobierno a leyes

El Gobierno provincial vetó en su totalidad la ley de “Violencia Laboral” impulsada por la oposición por considerar que vulnera las atribuciones del poder administrador e hizo lo mismo parcialmente con la prórroga de la Emergencia Agropecuaria por considerar que las condiciones climáticas mejoraron y los productos no sufrieron daños severos. En cambio, se declaró zona de desastre a la producción yerbatera de Apóstoles, afectada por un temporal de granizo hace pocas semanas. Por otra parte, el Poder Ejecutivo analiza todavía qué hacer con la insistencia legislativa en el aumento del presupuesto provincial en 164 millones de pesos destinados a aumentar salarios de los empleados públicos. Aunque la intención original es recurrir al Superior Tribunal de Justicia, fuentes oficiales consideraron que también se estudian otras alternativas para no seguir con la judicialización de la pelea política entre oficialismo y oposición. La ley de violencia laboral, que tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia laboral, y se define como toda acción u omisión que manifieste abuso de poder en desmedro de la integridad física, sexual, psicológica y social con mecanismos como amenazas, intimidación, inequidad salarial, acoso, define en su artículo tercero “como maltrato psíquico y social el traslado de su lugar habitual de trabajo con el ánimo de separarlo de compañeros”. Ese punto fue rechazado por el Ejecutivo porque “sabido es que el traslado por razones de servicio es facultad del administrador dentro de las llamadas discrecionales, (…) la Fiscalía de Estado ha dicho en innumerables oportunidades que la administración posee entre sus facultades el derecho de efectuar nuevas asignaciones y o traslados de dependientes”, señala el veto publicado ayer en el Boletín Oficial. También se describe en la ley impulsada por el arco opositor como causal de «acoso» llamar la atención a trabajadores que se hallen «conversando»; generando con eso una burocratización del manejo del personal y la generación de posibles innumerables demandas por simples llamados de atención de las autoridades funcionales.

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