Juez Casals falló a favor de antropólogos contra el INADI

El Juez Casals falló a favor de los antropólogos denunciados por “discriminación intelectual” y contra el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y el graduado denunciante Alejandro Kowalski. Después de que el postulante para una beca de postgrado en Antropología Social, denunciara ante INADI a cuatro prestigiosos académicos de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y que este organismo haya dictaminado a favor del postulante declarándolos “discriminadores nacionales”, algunos acusados iniciaron un recurso de amparo y medida cautelar. Los profesores de la Facultad de Humanidades Denis Baranger y Ana María Gorosito dieron a conocer ayer la decisión del Juez Federal José Luis Casals concerniente a su solicitud de amparo. Y reafirmaron su intención de continuar con todas las acciones jurídicas en contra de Alejandro Kowalski, Graciela Franzen (INADI), en búsqueda de una reparación a los daños provocados a su dignidad. Casals resolvió una medida cautelar «disponiendo la suspensión en la difusión y registro del dictamen y la resolución adoptada por la Delegación Normalizadora del INADI hasta tanto se resuelva con carácter definitivo la controversia judicial planteada». El conflicto se desató cuando Kowalski denunció a los miembros del Comité evaluador para el otorgamiento de becas de postgrado de haber incurrido en discriminación intelectual por no habérsele concedido la beca solicitada y que según los académicos había cuatro becas de 700 pesos cada una para cinco postulantes, y que Kowalski era el que presentaba menores méritos. La delegada normalizadora del INADI, Graciela Franzen admitiócomo válida la denuncia y resolvió tener por acreditada la actitud discriminatoria, y el 22 de noviembre hace pública su decisión anunciando la inclusión de los evaluadores en una «lista nacional de discriminadores». Pero recién el 10 de diciembre uno solo de los miembros denunciados fue legalmente notificado (los otros tres miembros todavía no lo han sido). Entretanto, Kowalski difundió por medio del correo electrónico el mismo 22 de noviembre el texto de esa resolución así como un supuesto dictamen de la asesora jurídica en el que se fundaba.