El proyecto de ley de Presupuesto 2005-2006 será enviado esta semana a la Cámara. Prevé gastos por 1.200 millones de pesos. La negociación de la deuda pública quedará en manos de la Legislatura. No pretende la devolución del recorte del 13% [su_note note_color=»#cdcdcd»]Las previsiones presupuestarias se hicieron en base a la política fiscal actual[/su_note]El Gobierno enviará entre mañana y pasado el nuevo proyecto de Presupuesto 2005-2006 en medio de una fuerte polémica con la oposición por la quita de facultades al Ejecutivo que aprobaron la semana pasada para manejar la aplicación de impuestos.
El cálculo de gastos y recursos está estimado cerca de 1.200 millones -es similar al proyecto original que fue rechazado por la Legislatura- y destina más recursos a las áreas sociales: Salud, Educación, Bienestar Social y el Agro.
Por primera vez, en la ley se incorporará el Seguro de Salud Provincial creado este año y cerca de seis millones de pesos para subsidios agrícolas y a cooperativas.
Según trascendió, el Gobierno insistirá con la prórroga de la emergencia económica por un año más -la oposición la estiró hasta el 31 de diciembre- y también intentará postergar por más tiempo los vencimientos de los bonos Cemis, Seniors y Juniors, que debían pagarse el año que viene y están en default desde la crisis de 2001.
La emergencia económica será una discusión clave: la oposición pretendió derogarla y a regañadiente aceptó una prórroga hasta fin de año.
Si la ley cae, la provincia puede enfrentar juicios laborales y por deudas por más de 200 millones de dólares que actualmente están frenados.
Otro capítulo polémico será la renegociación de la deuda: hasta ahora era el Ejecutivo el encargado de negociar con los acreedores, pero en el proyecto que será girado a la Cámara, se dedica un capítulo especial a la evolución de los pasivos y deja en manos de los legisladores la renegociación.
El año que viene la provincia tiene vencimientos de deuda por 380 millones de pesos y hasta ahora apostaba todo a una renegociación con la Nación -principal acreedora a través de distintos programas- o a una quita del 75 por ciento o similar a la que consiga la Argentina con los acreedores internacionales. Ahora, serán los diputados los encargados de ver cómo se paga o no la deuda.
Pese a los reclamos crecientes de los gremios de empleados estatales y especialmente de los docentes agremiados a la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, el proyecto del Ejecutivo no prevé mayores recursos para incrementos salariales ni para la devolución del recorte del 13 por ciento, pese a la ley sancionada por la mayoría opositora. «Si quieren que se devuelva el descuento salarial, que nos digan de dónde sacamos los recursos. Si creamos un impuestos o bajamos alguna partida», indicó una fuente de Hacienda.
La alusión no es vana. Ahora la Cámara de Diputados recuperó la potestad de subir o bajar impuestos y el Ejecutivo asegura que sólo con un incremento de algún gravamen puede devolver lo descontado por los años a los estatales.
En cambio, los opositores podrían llegar a bajar Ingresos Brutos -actualmente en 2,5 por ciento para el sector industrial- o subir las alícuotas a las empresas constructoras que hoy tienen una alícuota cero.
De acuerdo al proyecto original rechazado por la Cámara en diciembre pasado, Educación iba a recibir 234.366.700 pesos, Bienestar Social 84.271.800 y Salud Pública 97.694.000, menos que lo destinado para este año. Todas estas áreas tendrían un incremento en el nuevo proyecto.
Para la aprobación de la ley se espera un nuevo fuerte debate con la oposición, tal como ocurrió con el proyecto de este año. En principio, los legisladores de la oposición se resisten a sancionar una ley bianual y quieren que la norma sea sólo para el año que viene. El Ejecutivo argumenta que el proyecto es bianual para garantizar previsibilidad en el manejo de los recursos. Un dato: el proyecto fue creado con las proyecciones de la recaudación de Rentas con la política actual que puede llegar a ser
cambiada.
El presupuesto de este año todavía sigue en discusión en el Superior Tribunal de Justicia. El conflicto de poderes se generó porque el Gobierno rechazó los cambios en el proyecto que hicieron los diputados de la oposición el año pasado.
Básicamente, le quitaron facultades de renegociación de la deuda y de creación de fideicomisos para el financiamiento de obra pública. Los números que aprobó la Legislatura eran similares a los que envió el Ejecutivo, pero con los cambios en la letra chica, según Hacienda, hacían al presupuesto «inviable».
En cambio, los opositores aseguran que la norma es idéntica a la del Ejecutivo y por eso plantearon el conflicto de poderes para que se aplique la ley sancionada.
Pese a que ya pasaron varios meses, el Superior Tribunal de Justicia continúa el estudio de la disputa y es poco probable que haya una resolución en el corto tiempo. Ahora se abre otra posible disputa por el manejo de los recursos.
