El Concejo Deliberante creó por ordenanza un nuevo ramal para Bencivenga aunque la Alianza pidió que se licite

Es el ramal B de la línea 28 en el barrio Itaembé Miní de Posadas. Era un viejo reclamo de los vecinos. La oposición, que votó dividida, consideró que es un nuevo «parche». Pidieron que se autorice por un tiempo límite y se licite. El PJ coincidió pero dijo que así se resuelve el problema de las personas. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Con la ordenanza sancionada, el panorama para Bencivenga se vuelve bastante oscuro. Ya que si no acepta prestar el servicio en la nueva ruta que le fue otorgada corre el riesgo de perder la concesión.[/su_note][su_note note_color=»#cdcdcd»]Lo que reveló otra problemática: una disposición a favor de la necesidad de la gente no fue cumplida por la inseguridad y la falta de controles que permiten el accionar mafioso e impide a una empresa desarrollar su actividad libremente.[/su_note]El Concejo Deliberante aprobó ayer por ordenanza la creación del ramal B para el recorrido de la Línea 28 de la empresa Bencivenga en el bario Itaembé Miní en una sesión ordinaria convocada de apuro cerca del medio día. La urgencia estaba dada en la necesidad de resolver la polémica situación que se creó al prolongar ese recorrido por medio de la resolución 499/02 -votada por unanimidad en el cuerpo- y que devino en el principio de una guerra entre las principales empresas de transporte urbano de pasajeros de la ciudad. Maris Esquivel (PJ), presidenta de la Comisión de Transporte y Tránsito señaló al fundamentar el dictamen que de esta forma se buscaba «llenar una necesidad real de los vecinos de Itaembé Miní». Sin embargo el presidente del bloque aliancista, Hugo Benmaor, consideró que la ordenanza que permitió prolongar el recorrido a la línea 28 no era más que otro «parche» que se imponía en lugar de medidas abarcativas. «Se está iniciando un nuevo parche. Se ha hablado infinidad de veces de implementar un sistema serio, abarcativo y nosotros seguimos con parches cuando todas las modificaciones que tiene que hacerse al transporte urbano de pasajeros tienen que ser en un plan general y todos tiene que tener la claridad de la licitación de por medio. No me gusta, no siento satisfacción al dar prerrogativas -aún previstas- por ordenanza sin que medie el sistema clarificador y transparente de una licitación». Subrayó que se está pagando «la culpa original» de la prórroga del convenio del transporte público «cuando ni un argumento serio lo hubiera permitido». Posteriormente añadió que la ordenanza «no solo no va a mejorar la situación existente de esta guerra creada en el ámbito de los transportistas sino que va a aumentar los problemas porque nosotros, alegremente, vamos a darle a una línea una extensión que evidentemente debe ser atractiva del punto de vista económico». En nombre de su bloque -sin ser presidente del mismo- el ingeniero Aníbal Velázquez coincidió con la cuestión de los «parches» pero argumentó que «mientras se va resolviendo con una mano la realidad con la otra hay que sostener lo que está». Subrayó que la superpoblación de Itaembé Miní «exige que nosotros pongamos una línea y yo como concejal me siento orgulloso de resolver el problema de las persona» y adelantó que «si la empresa plantea problemas para no ir a cubrir ese recorrido y renuncia nosotros tenemos otra oportunidad más porque hay otra empresa -que reclamó no haber sido convocada- a la que nosotros podemos recurrir por necesidad, lo que nos obliga a tomar una resolución hoy».

¿Camino al monopolio?

Justamente, la posibilidad de convocar a esa empresa era uno de los problemas que planteaban por lo bajo los operadores de la Alianza. «Con esta ordenanza se oculta un problema mucho más serio y es que se va avanzar en abrirle el camino a Don Casimiro a quedarse con el monopolio del servicio», dijeron. Aunque no se descarta que reaparezca en escena como contrapeso un viejo enemigo de esa compañía. Un hombre dedicado al transporte de cargas que hace años fue vencido en una «encarnizada» guerra de colectivos y cuya derrota todavía no digirió. Una vez que Bencivenga empezó a prestar el servicio concedido por la resolución 499/02, la empresa Don Casimiro -que explotaba en exclusividad la zona- decidió poner un servicio gratuito hasta Villa Cabello por la avenida López y Planes, el corredor más rentable de aquella. A todas luces un serio incumplimiento del contrato de concesión que hasta ahora no tuvo sanción. Tras una serie de deliberaciones con el Ejecutivo Municipal, comandadas por el Secretario de Gobierno Carlos Valenzuela, se llegó a un acuerdo de suspender esa prestación. Acuerdo que se llegó mediante la firmeza del funcionario de marras. «Paran con esto o secuestramos las unidades» habría sido la advertencia. El servicio se suspendió, pero inmediatamente Don Casimiro impugnó la resolución y casi al mismo tiempo Bencivenga renunció a la misma en nombre de una sugestiva «convivencia entre las empresas». Aunque también hubo una denuncia policial por el daño que recibieran en 19 cubiertas por la acción de clavos miguelitos arrojados por manos anónimas en su ruta. Lo que reveló otra problemática: una disposición a favor de la necesidad de la gente no fue cumplida por la inseguridad y la falta de controles que permiten el accionar mafioso e impide a una empresa desarrollar su actividad libremente. Con la ordenanza sancionada, el panorama para Bencivenga se vuelve bastante oscuro. Ya que si no acepta prestar el servicio en la nueva ruta que le fue otorgada corre el riesgo de perder la concesión. En ese punto hubo disidencias entre concejales y técnicos. Algunos sostenían que se debería licitar toda la línea 28 y no sólo el nuevo recorrido asignado al ramal B. Otros consideraban que la empresa estaría incumpliendo el contrato de concesión lo que sería motivo suficiente para que se le suspenda la concesión y se liciten nuevamente todos sus recorridos.

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