Celia Saraceni junto a otros legisladores adelantaron su oposición al ingreso de residuos radiactivos al país

Una empresa rionegrina firmó un acuerdo con Australia por el cual se compromete a tratar sus residuos nucleares. La Constitución Nacional lo prohíbe. La diputada misionera adelantó su voto negativo a la ratificación del acuerdo. Mientras que su par coterránea Marta Palou aparece en la lista de legisladores, difundida por Greenpace, que apoyarían la iniciativa. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Isla de Saraceni afirmó que se adelantó al tratamiento en el recinto de ese proyecto y firmó una nota enviada a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto "fijando mi postura junto con otros diputados nacionales" porque "este acuerdo contiene artículos[/su_note]Un contrato comercial que negoció la empresa rionegrina INVAP con el gobierno de Australia, dividió las aguas en el Congreso de la Nación al punto tal que dos diputadas justicialistas por Misiones se encuentran cada una en una posición distinta. El acuerdo consiste en la venta, por parte de la empresa patagónica de un reactor de investigación, al gobierno de ese país y la oferta incluye la introducción a la Argentina de basura nuclear para su posterior tratamien-to. Actividad que está prohibida por el artículo 41 de la Constitución Argentina. «Como diputada nacional, adelanto mi voto negativo respecto a la ratificación del acuerdo entre la República Argentina y Australia sobre el ingreso de residuos tóxicos o radioactivos en el territorio nacional» señaló la justicialista misionera Celia Isla de Saraceni. Por su parte, su par y coterránea Marta Palou todavía no se encargó de desmentir una solicitada que publicara la semana pasada en el diario Clarín la organización ambientalista Greenpace en la cual se la mencionaba como una de las representantes del pueblo que «violarán la Constitución» al ratificar con su voto positivo la ratificación de ese acuerdo. Isla de Saraceni afirmó que se adelantó al tratamiento en el recinto de ese proyecto y firmó una nota enviada a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto «fijando mi postura junto con otros diputados nacionales» porque «este acuerdo contiene artículos que se oponen a la normativa vigente en nuestro país, en lo referente al ingreso de residuos radioactivos». En la nota, fechada el 12 de Junio pasado, los legisladores dejan constancia de su negativa a la ratificación del acuerdo entre la República Argentina y Australia principalmente porque «nuestro sistema legal coincide en una postura manifestada a lo largo de los años en los distintos niveles jurídicos». En ese marco, señalan que en la cúspide de la pirámide se encuentra el art. 41 de la Consti-tución Nacional, el cual no deja lugar a dudas cuando en su último párrafo dice «se prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radioactivos». Este artículo «de claridad inusitada para su clase» según los legisladores, sienta un principio en lo referente al tema de los residuos tóxicos y generaliza en cuanto a su peligrosidad, pero especifica a los radioactivos en base a su poder de contaminación. Como otro elemento de la argumentación en contra de la ratificación del acuerdo en la nota figura que en un escalón inferior «nos encontramos con las constituciones provinciales modernas» que como la de la provincia de Buenos Aires, que en su art. 28 y haciendo referen-cia a los derechos ambientales expresa «…prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radioactivos. . .» «Si seguimos descendiendo en la escala normativa» continúa la comunicación interna entre legisladores «nos encontramos con la ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que tiene carácter nacional y varias provincias han adherido a ella y las que no poseen normativa propia al respecto», completa. Aseguran los diputados nacionales que queda por demás claro cual es la postura que el país (en sus diferentes estratos), posee con respecto a los residuos radioactivos. Ya que, no sólo se prohibe su ingreso sino que además muchas provincias se expiden respecto al tránsito de los mismos por su territorio ya sea por vía aérea o pluvial. En otra parte de la notificación a sus pares de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto por los legisladores contrarios al proyecto, se indica que el argumento que manifiesta INVAP de que en realidad no se trata de un residuo, sino de un combustible reutilizable «es totalmente falaz y malintencionado». En ese sentido aclararon que «se entiende por residuo a la materia residual que surge como consecuencia de un proceso y es radioactivo porque emana radiación. Que pueda ser reutilizado o no, no le quita la condición de residuo» y además «quién puede decir que los enva-ses de nylon, las latas de aluminio o las botellas de PVC no son residuos, más allá de que su material es reciclable». Afirman que otro punto a tener en consideración es la supuesta seguridad del proceso «lo cual nos lleva a pensar en por qué Australia, ya que encara una inversión de esa magnitud, quiere incrementar sus gastos acondicionando los residuos, transportarlos hacia el otro ex-tremo del continente y luego posibilitar su retorno». Finalmente se preguntan «no sería más fácil hacerlo en su país o será que no es tan seguro como dicen y su legislación no se lo permite, o será acaso la opinión pública de sus ciudadanos la que lo fuerza a realizarlo fuera del país». GREENPACE Y MARTA PALOU Greenpeace publicó el martes pasado una solicitada poniéndole nombre y apellido a los diputados nacionales que ya se habrían comprometido «a violar la Constitución Nacional» convalidando un acuerdo nuclear con Australia, que implica el ingreso al país de residuos radiactivos e instó a la población a llamarlos por teléfono. Entre los legisladores cuestionados por Greenpeace, se encuentra la Diputada Nacional justicialista por Misiones Marta Palou. La posición de la legisladora se contradice con la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, que emitió una declaración el pasado 23 de mayo, en la que expresa su «profunda preocupación» ante la posibilidad que el Congreso Nacional apruebe el ingreso de residuos nucleares provenientes de Australia. Si bien la noticia fue de carácter nacional, hasta ahora la legisladora no salió a desmentir esta versión o a defender su posición. De hecho apenas conocida la solicitada la producción de Radio A intentó ponerla al aire en algunos de sus programas. La solicitada, publicada el martes en el diario Clarín, pregunta: «¿Qué le dirías a un diputado que quiere violar la Constitución?». Y especifica más adelante, e incluyendo fotografías: «Acá tenés seis: José Fernández Valoni (Acción por la República de la Capital Federal), Rafael González (Partido Justicialista de Chaco), Alberto Briozzo (Partido Justicialista de la provincia Buenos Aires), Angel Baltuzzi (Partido Justicialista de Santa Fe), Marta Palou (Partido Justicialista de Misiones) y Luis Cicogna (Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires)». «Miralos bien. Estos diputados van a votar a favor de la importación de basura nuclear. Algo expresamente prohibido en la Constitución Nacional. Ellos están de acuerdo con que el país se haga cargo de los residuos nucleares generados por un reactor nuclear en Australia. La votación de la ley es inminente. Estos seis diputados pidieron apresurar su tratamiento y ya adelantaron el voto favorable. Un voto a favor del riesgo atómico», destaca la solicitada, e insta a la gente a que llamen a esos legisladores para comunicarles su repudio. La organización ha publicado los internos telefónicos de los despachos de esos diputados. En la última reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, el jueves pasado, este grupo de legisladores de Acción por la República (AR) y del justicialismo (PJ) demandaron finalizar con las discusiones y aprobar el Acuerdo que avala el proyecto de INVAP. «Toda la negociación del contrato de INVAP y del Acuerdo entre la Argentina y Australia está viciada de irregularidades y secretismo. No dudamos que ahora se intentará ocultar de la vista pública su definitiva aprobación… y el Mundial de Fútbol será un momento propicio para cualquier maniobra que quiera pasar desaper-cibida», dijo Juan Carlos Villalonga, encargado de asuntos nucleares de Greenpeace. «Los diputados están buscando hacerle trampa a la Constitución de manera patética: algunos argumentan que el ingreso «temporario» de los residuos no viola la Constitución, otros señalan que lo que ingresará no son «residuos radiactivos» sino «combustibles gastados» y otros que el Acuerdo sólo abre una posibilidad y que por el momento no es inconstitucional, ya que la inconstitucionalidad se daría «a futuro», cuando ingresen los residuos. Es verdaderamente lamentable ver ese cuadro», concluyó Villalonga. Por otra parte, Greenpeace está exponiendo el voto tentativo de los legisladores nacionales a través de su página de internet ( www.greenpeace.org.ar ). Además, desde la página la gente puede firmar el «mandato de voto» a los diputados: más de 23 mil personas ya lo hicieron.