Sombrías perspectivas para las provincias argentinas

Análisis de la consultora Fitch, que monitorea una parte de la deuda pública de Misiones [su_note note_color=»#cdcdcd»]Contra la escasa liquidez del sistema, algunos distritos regionales recurrieron a la emisión de bonos en forma de moneda provincial. Tales mecanismos de pago se han convertido en vitales para las provincias a fin de continuar cumpliendo con los servicios[/su_note]Los Gobiernos Provinciales continúan sufriendo los desfavorables efectos asociados a los cuatro años de recesión de Argentina. El adverso ambiente económico continúa deprimiendo la recaudación impositiva y de otros ingresos en todos los niveles de Gobierno. Adicionalmente, la herencia de excesos de gastos y déficits presupuestarios crónicos a nivel provincial se han traducido en un insostenible peso del endeudamiento para la mayoría de las provincias. Consecuentemente, ellas afrontan hoy una crisis fiscal agravada por ingresos decrecientes, escasez de liquidez y alarmantes necesidades de refinanciación. Después del default del Soberano en diciembre de 2001 y el abandono del Régimen de Convertibilidad en enero de 2002, el peso argentino comenzó a flotar libremente el 6 de febrero de 2002 por primera vez en una década. Por el Decreto N° 471/02 (artículos 1 y 5) emitido el 13 de marzo de 2002, todas las deudas provinciales previamente denominadas en dólares contraídas bajo Ley Argentina -principalmente deuda con entidades financieras- fueron convertidas en Pesos Argentinos a un tipo de cambio de U$S 1 = $ 1.40. Adicionalmente, el 27 de febrero de 2002, el Gobierno Federal firmó un acuerdo con las provincias referido al régimen de coparticipación federal de impuestos. Un cambio significativo en este nuevo régimen de coparticipación lo constituye el reemplazo de la suma fija mensual garantizada transferible a las provincias (la garantía mínima mensual). Por tal motivo, la eliminación del piso garantizado, el cual ha sido tenido en cuenta desde el Pacto Fiscal de 1992, resulta un síntoma de las agotadas finanzas públicas de Argentina. Como parte del acuerdo, las provincias también se comprometieron a eliminar sus déficits fiscales con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal (déficit cero) en el año 2003. A cambio de los términos arriba aceptados por los gobernadores provinciales, el gobierno federal acordó coparticipar el 30% de los ingresos provenientes del impuesto a las transacciones financieras. De este modo, el impuesto ahora conformará la canasta de recursos coparticipables a las provincias. Asimismo, el gobierno federal asumirá deudas provinciales por un total de $ 16.000 millones a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Se espera que el nuevo régimen de coparticipación federal y acuerdos relacionados sean convertidos en ley hacia fines del año 2002. De los 7 distritos regionales que Fitch Ratings califica, 4 están actualmente en default: Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán. En las dos primeras provincias, los defaults han estado asociados con servicios de deuda vencidos impagos correspondientes a emisiones bajo programas de mediano plazo en dólares o euros o a euro bonos. En las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, los defaults se relacionan con servicios de deuda impagos correspondientes a deuda consolidada provincial cuyos principales tenedores son los proveedores. En todos los casos, Fitch ve a los defaults como una consecuencia inevitable de la prolongada crisis económica, fiscal y política que afecta a la Argentina. A pesar de que la calificación «D» indica que el recupero del capital es mínimo siempre que la actual crisis de liquidez continúe, Fitch reconoce que existe variabilidad de posiciones entre los oficiales provinciales respecto a curar la deuda defaulteada. Por ejemplo, los oficiales de Mendoza han indicado que esperan curar el pago incumplido sobre los Eurobonos dentro del período de gracia provisto en los documentos, mientras que el tiempo en el que Santiago del Estero y Tucumán pueden realizar los pagos de deuda de sus respectivas obligaciones permanecen inciertos. Por otro lado, Fitch está actualmente revisando la calificación «C», rating watch negativo, de las provincias de Salta y Tierra del Fuego, y de la Ciudad de Buenos Aires. En Salta, una parte de la deuda provincial fue canjeada por nuevas obligaciones con el gobierno federal. A pesar de que esta deuda canjeada podría proveer a Salta de un alivio temporario, los términos y condiciones de esta deuda revisada aún permanecen desconocidos. A la fecha, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires continúan cumpliendo con sus respectivas obligaciones en monto y como estaban previstas. Sin embargo, debido a que el Banco Central de la República Argentina requiere para los deudores argentinos obtener un permiso para la transferencia de moneda asociado al pago de capital de sus deudas, los oficiales están preocupados ya que aun cuando su liquidez fuera suficiente, podrían producirse retrasos en los mismos. Adicionalmente, los oficiales deben abordar las presiones de la creciente falta de liquidez para afrontar el pago de capital de sus deudas a fin de evitar defaults totales en el corto y mediano plazo. Sin embargo, en todos los casos la calificación actual «C», rating watch negativo indica default inminente y refleja las devastadoras condiciones económicas y la cada vez más reducida recaudación impositiva. En términos generales, Fitch ve el reciente acuerdo de coparticipación y objetivos fiscales realizado entre el gobierno nacional y las provincias sólo como el punto de partida que debiera ser el largo y desafiante camino hacia la recuperación económica. El acuerdo resulta estrecho en lo que se refiere a instituir reformas estructurales profundas y perdurables en la relación existente entre el gobierno federal y las provincias. En particular, el acuerdo falla en crear incentivos para que los distritos ejerzan mayores esfuerzos en la generación de ingresos y en el control de gastos, sobre todo al tener en cuenta que los recursos presupuestarios disponibles para las provincias necesarios para operar y pagar servicios de deuda provienen como contribuciones desde el gobierno federal. Mas precisamente, el acuerdo fue apresuradamente alcanzado para abrir paso a la aprobación del presupuesto federal del año 2002, el cual era requerido por el Fondo Monetario Internacional para la evaluación de ayuda de emergencia y desembolsos de partidas adicionales sobre créditos existentes para la Argentina. Contra la escasa liquidez del sistema, algunos distritos regionales recurrieron a la emisión de bonos en forma de moneda provincial. Tales mecanismos de pago se han convertido en vitales para las provincias a fin de continuar cumpliendo con los servicios públicos esenciales. Sin embargo, una incontrolada emisión de monedas regionales y la proliferación de bonos provinciales no garantizados servirán para incrementar la presión inflacionaria en el país y elevar los actuales insostenibles niveles de deuda. Fitch está monitoreando muy de cerca el desempeño de las provincias y podrá tomar acciones de rating en función de la evolución de las condiciones crediticias de las mismas.