Un anteproyecto de ley abre una esperanza para que los aborígenes accedan a la titularidad de las tierras

La noticia la dio a conocer ayer el Ministerio de Justicia de la Nación. El Instituto Nacional de Comunidades Aborígenes deberá pronunciarse en 30 días, tras lo cual se buscará un proyecto consensuado que se elevará al Parlamento. El anteproyecto se basa en una de las reformas constitucionales del 94, que recién ahora se reglamentaría. De las 53 comunidades con personería jurídica en la provincia solo 14 tienen los títulos de propiedad de las tierras, pero para esa mayoría de los 3 mil guaraníes que viven en Misiones podría llegar una oportunidad de ser dueña de lugar donde vive. El Ministerio de Justicia de la Nación puso ayer en conocimiento de autoridades de las comunidades aborígenes el anteproyecto de ley sobre la instrumentación de la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas de todo el país. La ceremonia, que se realizó en la sede de esa cartera fue presidida por el secretario de justicia y asuntos legislativos, Jorge Pérez Delgado, y contó con la presencia de miembros del Instituto Nacional de Comunidades Aborígenes. Pérez Delgado manifestó que «de acuerdo a sus tradiciones, todo tema que esté vinculado a sus derechos son motivo de consulta por parte de sus miembros». En tal sentido, las comunidades se comprometieron a responder en un plazo no mayor de 30 días, a partir del cual «se hará un proyecto consensuado que se va a elevar al Parlamento», sostuvo. La presentación se basa en el derecho preexistente de los aborígenes a sus tierras, consagrado en la constitución reformada de 1994, y trata de llenar un agujero legal en cuanto a establecer que se entiende por «comunidad aborigen», un concepto novedoso desde el punto de vista jurídico. El proyecto establece un régimen para el caso en que existiesen cuestionamientos, «porque es posible que esos asentamientos se encuentren en territorios hoy ocupados por particulares», dijo el funcionario, aunque aclaró que «en ese caso se declaran las tierras como de utilidad pública para facilitar su expropiación». La comisión que elaboró el anteproyecto estuvo integrada por Elva Roulet, encargada del tema durante la reforma, el magistrado Jorge Alterini y el escribano de la presidencia, Natalio Etchegaray, según informó la agencia Telam. LA REALIDAD EN MISIONES Sentados en las plazas o recorriendo las calles en un intento por vender sus artesanías, los aborígenes suelen ser vistos más bien como un atractivo turístico que como integrantes de la sociedad en que viven. Misiones, con una comunidad de 3 mil guaraníes, casi en su totalidad de la etnia mbyá, no escapa a esta regla. Con una población mayormente conformada por jóvenes y niños -cada familia tiene cinco o seis hijos -, los mbyá guaraníes insisten en que, a pesar de la ayuda oficial y privada, necesitan más apoyo para enfrentar los problemas sociales de sus comunidades. Saben, también, que su propia cultura muchas veces les juega en contra. Un ejemplo fue narrado hace poco por aborígenes de Pepirí Guazú, donde los integrantes se negaban a aceptar la vacuna contra la gripe. En esos casos, son los caciques los que deben esforzarse por convencer a su gente de la necesidad de usar fármacos a los que nunca tuvieron que recurrir. El progreso ha irrumpido duramente en estas comunidades, y la caza, la pesa o la recolecta de frutas silvestres ya no alcanzan para mantener a una familia. La naturaleza ha sufrido un fuerte golpe y dejó de ser una forma de supervivencia. Los Integrantes de comunidades como Sapucay, Guavirá Poty, Ivotí Ocara o Ñamandú, que no responden a los «Generales» designados desde organismos gubernamentales exhibieron en la ya pasada Semana del Aborigen carteles y pancartas denunciando olvido y miseria en sus lugares de asentamiento por lo que consideran «falta de política seria en la cuestión guaraní», según las expresiones de Antonio Reiser, asesor de la asociación y responsable de la organización no gubernamental Inal en Posadas. «Los generales prostituyen a nuestras niñas», «queremos el título de nuestras tierras» y «denunciamos prostitución en el albergue de la Dirección» (por la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes)» son las expresiones registradas en prolijos carteles que trajeron a la capital provincial. Silencio, marginación, pobreza y olvido fueron los motores que trajeron hasta la capital provincial la voz de los aborígenes, que tampoco hoy pudieron ser escuchados, como hace 500 años, aunque desde algunos sectores llegaron música y palabras para festejar la «Semana del Aborigen». Ahora, al menos la cuestión de la tenencia de las tierras podría llegar a encontrar una solución si se concreta la promesa lanzada desde la Nación. Aunque fue en el año 94 cuando se modificó la Constitución llenando un espacio legal con respecto a este tema, recién ahora, en 30 días según adelantaron, elaborarán el proyecto definitivo que se elevará al Parlamento.

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