En medio de la polémica por la participación de la Iglesia, los colonos se concentraron ayer para reclamar tierras

El encuentro, convocado por la Pastoral Social de la Diócesis de Iguazú exigió «una definición política» sobre la posesión de las tierras en la zona del Alto Uruguay y la costa del Paraná. Pidieron que se modifique la legislación y proponen confiscar las tierras y pagarlas con bonos a largo plazo. El tercer Encuentro de la Tierra que se concretó ayer en Pozo Azul, paraje cercano a San Pedro, consensuó propuestas en torno de la necesidad de legislar sobre la propiedad de tierras ocupadas por unas cinco mil familias, en terrenos legalmente sujetos a empresas privadas multinacionales. La reunión fue motorizada por la Pastoral Social de la Diócesis de Iguazú y convocó -según sus organizadores- a unos 1500 asistentes que exigieron «una definición política» sobre la posesión de las tierras en la zona del Alto Uruguay y la costa del Paraná. También reclamaron que se modifique la legislación y propusieron confiscar las tierras y pagarlas con bonos a largo plazo. Esta tercera versión de la polémica concentración suscitó el encono de autoridades y empresarios, exasperados con «un sector de la iglesia identificadas con el comunismo», alusión dirigida a quienes en esta oportunidad actúan como convocantes, integrantes de la Pastoral Social de la Diócesis de Iguazú. En los últimos años, distintas acciones de la Iglesia del norte misionero exhibieron una realidad que califican de «triste y lamentable». La pastoral sostiene que el problema debe ser encarado «de frente» y «en forma inmediata dar lugar a una mesa de diálogo que comprometa a los poderes Ejecutivo y Legislativo en la búsqueda de soluciones definitivas para estas comunidades». El reclamo por la posesión de tierras y la legitimidad sobre ellas si inició con el primer encuentro desarrollado en El Soberbio, en noviembre de 1995 y fue replicado dos años después en San Pedro, ambas, regiones que comprenden la mayor porción de suelo cuyo derecho de propiedad se cuestiona. En las dos convocatorias anteriores, fue el Movimiento Agrario Misionero el encargado de organizar, movilizar y dirigir el debate, con la presencia incluso de representantes del movimiento Sem Terra del Brasil, desde donde se asesoró en cuestiones legales y procedimentales a los misioneros. DERECHOS TERRENALES Y DIVIDOS Desde la Iglesia Católica -especificamente el obispo Joaquín Piña- sostienen que, si bien reconocen las leyes que enmarcan los derechos referidos a la propiedad privada, tales normas deben ser corregidas en los casos en que los dueños no hagan uso de esas tierra. Para este sector, el derecho bíblico es claro porque -señalan – atribuye la propiedad de la tierra a quien la trabaja En ese marco, los manifestantes promoverán una legislación que sustente este enunciado y permita la expropiación de las propiedades abandonadas por sus dueños y ocupadas por extraños. La ley vigente para tal cuestión, denominada de Posesión Veinteañal, establece que quien ocupe un terreno durante veinte años, adquiere inmediatamente derechos sobre ella. En Pozo Azul se insistió con la imniciativa de reducir el tiempo a diez años, después de los cuales la provincia pase a confiscar las tierras y otorgárselas a quienes vivieron en ella y la trabajaron de manera efectiva. Propusieron incluso la forma de pago a sus dueños originales. Sugieren que sea a través de bonos -similares a los utilizados para saldar la deuda con los jubilados- a cinco, seis o diez años.