En dos semanas comenzará a debatirse la instalación de la zona roja en Posadas

La Iglesia, la policía, agentes de salud estudiarán la forma de contener el aumento de la prostitución infantil. La polémica sigue instalada en la sociedad El Concejo Deliberante decidirá en dos semanas la creación de una comisión de «Estudio y seguimiento de la prostitución sexual de menores en Posadas», donde también se analizará la propuesta de instalar una zona roja en la capital provincial y la habilitación de prostíbulos para frenar la explotación de menores. La mesa de diálogo fue una iniciativa del concejal Osvaldo Navarro y el ministro de Gobierno Juan Carlos López piensa instalar allí su propuesta de crear una zona roja. La idea generó una gran polémica entre la Iglesia y en el mismo gobierno, ya que las opiniones están muy divididas. El ministro de Gobierno Juan Carlos López propuso la creación de una zona roja como forma de frenar la explotación sexual de menores. La comisión estará conformada por miembros del Concejo Deliberante, la Municipalidad, la Policía, agentes sanitarios y el ministro de Gobierno quiere que se incorporen otros actores sociales, entre ellos el periodismo. La Iglesia reaccionó en contra de la posible instalación de la zona roja, porque estimó favorecería el comercio sexual. El padre Víctor Arenhardt, a cargo del Obispado de Posadas, rechazó la idea de una zona roja porque alentaría la prostitución. Sin embargo, el sacerdote Francisco Vogel aseguró que la Iglesia «toleraría» la instauración de una «zona roja» como forma de control legal y sanitario de la prostitución en Posadas. Para el religioso, la habilitación de locales y la determinación de sectores específicos menguarían los efectos del fenómeno, pero acompañado de controles «severísimos» de Salud Pública para evitar «ciertos contagios». Una de las primeras medidas que Vogel considera necesaria es que la cartera sanitaria «comience por limpiar un poco el centro de la ciudad de las prostitutas que andan por ahí». También apuntó la necesidad de legislar y hacer cumplir las normas para sancionar a quienes «levanten menores, permiten o se acerquen a ellos». «El problema es que nosotros decimos y ponemos leyes pero no existen controles», dijo en declaraciones a FM Express. El intendente de Posadas, Juan Manuel Irrazábal afirmó que «creo que no necesitamos eso, porque la zona roja es como una exposición pública». Pero sí se manifestó a favor de la habilitación de prostíbulos con controles de parte del Estado municipal, en la higiene, la edad de los que trabajen allí y la seguridad. POLÉMICA ROJA La idea de instalar una zona roja en Posadas surgió del ministro de Gobierno, Juan Carlos López, como una manera de enfrentar el auge de la prostitución infantil, que crece a ritmos alarmantes en la capital provincial (ver aparte). Incluso, dio el lugar donde sería «conveniente» instalarla: en las inmediaciones del cementerio Parque Tierra de Paz, en las afueras de Posadas. El gobernador Carlos Rovira prefirió analizar «en profundidad», aunque aclaró «que es un tema a hablar con el ministro». El mandatario señaló que «hay que preservar los principios católicos y la idiosincrasia misionera». En ese marco, «no cabría» la instalación de una zona roja, aunque todas las propuestas son «analizables». En Posadas, el ejercicio de la prostitución tiene una confusa lectura legal en el artículo 57 del Código de Faltas (Incitación sexual escandalosa): «Se impondrá multa de quince por ciento al 75 por ciento de un sueldo base o arresto de cinco días a la persona que ofreciere o incitare públicamente en forma escandalosa al acto sexual» (¿?). Tampoco están habilitados los locales de esparcimiento nocturno, donde se pueda ejercer la prostitución, que es justamente lo que quiere el ministro de Gobierno para combatir la prostitución infantil. Sin embargo, según un informe de la UNICEF que se realizó en Posadas -será presentado oficialmente el 28 y 29 de este mes-, la habilitación de prostíbulos no es una garantía de que no se explote a menores. «En prostíbulos y otros espacios cerrados, los menores de edad exhiben documentos falsos que los hacen pasar por mayores, pero cuando esa confusión resulta imposible, son retirados a tiempo gracias a la protección que alerta en caso de inspecciones judiciales», dice un párrafo del informe. La investigación realizada entre 1998 y 1999 comprueba la presencia de niños, niñas, y adolescentes en las «calles, terminales, baños, bares, cabarets, boliches, agencias y departamentos» en todos los niveles, «pobre, medio y de lujo». También, según fuentes consultadas aparecen «gimnasios y agencias de modelos». Asimismo, el informe señala que la prostitución no distingue clases sociales y que en el caso de la explotación infantil, se da más en las clases altas. Según UNICEF, «ni las circunstancias familiares ni la inescrupulosidad de los explotadores alcanzan a explicar cabalmente este fenómeno, cuyo origen está en la demanda específica de cuerpos cada vez más jóvenes por parte de una clientela tan amplia como heterogénea».

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