El desalojo de las carpas no se concretó aún y los damnificados encuentran apoyo en su protesta contra la EBY

Ayer vencía el plazo que dio la Justicia Federal, pero nadie acudió a hacer cumplir la orden. Los afectados por la represa siguen «alerta» e insisten en que recurrirán a la fuerza para evitar el desalojo. Ayer se reunieron también con representantes de Green Cross, y fuentes del Gobierno confiaron que la Justicia Federal no tendría competencia para haber dictado esa orden. Pese a que ayer se cumplían 48 horas desde que el juez federal Ramón Chávez envió la notificación de desalojo de las carpas frente a la EBY, los que reclaman indemnizaciones a la Entidad ganaron un día más de tiempo. Ayer debían levantar las lonas en las que llevan más de un año, pero no lo harán voluntariamente y ninguna fuerza de seguridad apareció en el lugar. Mientras tanto, oleros, lavanderas, pescadores y cesperos ganaron ayer adhesiones a su protesta, y desde el mismo Gobierno provincial les dieron respaldo. El ministro de Gobierno, Juan Carlos López, se reunió ayer con los damnificados y les dio apoyo en su lucha contra la EBY. También representantes de la fundación internacional Green Cross, que en la provincia se ocupa del impacto socioambiental de Yacyretá, se reunió ayer con los afectados por la represa, aunque de ese encuentro salieron con poco optimismo. «Nos convocó pero luego no dejó participar a la prensa, que es la que puede apoyarnos en esta lucha, así que nos fuimos», señaló uno de los pescadores que participó en el encuentro. Hasta el momento, lejos de retirarse las carpas, su presencia se ha hecho más fuerte desde que se conoció la noticia. Además de que la protesta está teniendo mayor convocatoria, la calle La Rioja, sobre la que se encuentran instalados, se ha cubierto de nuevos carteles contra la represa. Sin embargo, ni el apoyo gubernamental ni la negativa de los movilizados a retirarse del lugar han hecho torcer la decisión judicial. «Gendarmería estaría preparada para intervenir, esperando el oficio del juez», sostuvieron desde la carpa afirmando que «estamos alerta todo el tiempo». JUSTICIA FEDERAL «SIN COMPETENCIA» Y mientras este grupo espera la inminente llegada de las fuerzas de seguridad, fuentes del Gobierno confiaron que el juez federal Ramón Chávez no tendría competencia en este conflicto. Según sostuvieron, la Justicia Federal no puede dictar una orden de desalojo de la vereda, porque un caso de ocupación de vereda dependería de los tribunales de faltas. «Queda bajo exclusiva responsabilidad de la EBY lo que pase en este lugar», lanzó ayer el delegado de la asociación de oleros de Posadas, Rubén Fernández. Y es que pese a la orden de desalojo, insisten en que no se retirarán, recurriendo a la fuerza si fuera necesario. «Vamos a resistir», coincidieron ayer los representantes de todos los grupos damnificados por la represa, añadiendo que «si hace falta a las garroteadas». Después de más de un año de vivir en carpas, aseguran que permanecerán en el lugar y «haremos frente a lo que venga». Aunque los que permanecen en las carpas se aferraban hasta el miércoles a que ninguno de ellos recibió la notificación oficial de desalojo, ya que esta habría llegado de forma individualizada «a personas que ya ni están», ayer confirmaron que a su abogado, Héctor Falicoff, si le llegó el documento. De momento, un día más de tiempo y un día más de incertidumbre. El plazo que daba la intimación ya se ha cumplido, y en cualquier momento podría concretarse el desalojo.