Aseguran que la jueza Vázquez de Moreira no respetó la identidad cultural de los niños entregados en adopción

Los datos surgen de las pruebas aportadas por el Consejo del Menor, ya que la mayoría de las adopciones fueron realizadas con familias de Buenos Aires y otras provincias, sin respetar las listas de espera. La Constitución garantiza el derecho del niño a tener su identidad cultural y a mantener su idiosincracia El Jury a la jueza Aída Rosa Vázquez de Moreira está a un paso de confirmarse, ya que los miembros del Jurado consideran que hay elementos como para iniciar un juicio por la supuesta vinculación de la magistrada con una red de tráfico de niños en Oberá. Asimismo, los integrantes el Jury admiten que «el caso de la jueza desnuda una realidad mucho más grave y que la cuestión de fondo es la falta de contención del Estado ante la pobreza extrema de muchas madres y sus familias». El diputado Hernán Damiani anticipó que es muy probable que avancen los dos pedidos de Jury que pesan sobre la jueza porque hay elementos «llamativos» como la cantidad de adopciones realizadas con padres de Buenos Aires y «fallos que van contra la misma Constitución Nacional». También aclaró que «el Jury servirá para demostrar la inocencia» de la magistrada si se comprueba que no tiene vinculación con la supuesta red de venta de niños en Oberá. Según Damiani, los indicios más contundentes de posibles irregularidades son la cantidad de adopciones que se realizaron con padres de Buenos Aires y otras grandes ciudades del país. De las 240 realizadas en el juzgado Civil y Comercial I de Oberá, a cargo de Vázquez de Moreira, más de la mitad habrían sido para familias de Buenos Aires, según los datos aportados por el Consejo del Menor y la Familia. Ese sería un indicio de que la jueza «no respetó» la lista de espera en la provincia y un principio básico en defensa del niño: el respeto por su identidad cultural. Así cae el argumento de la magistrada para justificar la entrega de chicos «si las madres deciden» para que «puedan atenderlos mejor». El legislador explicó que ese argumento escapa a la legislación argentina y que es extemporáneo. Antes, los padres decidían lo que era mejor para los menores, pero con la reforma constitucional de 1994, la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, fue incorporada a la Constitución Nacional y establece que un juez debe decidir lo que es mejor para el chico más allá de lo que pretendan los padres. Entre «lo que es mejor para el niño», está el respeto por su identidad cultural. El Jurado de Enjuiciamiento se reunirá la semana que viene para determinar si se avanza o no con el Jury a la magistrada, pero todo parece indicar que la decisión será avanzar, más aún teniendo en cuenta la decisión de la misma magistrada, quien pidió su desafuero para ser investigada. Habría varios elementos que incriminan a la jueza Vázquez de Moreira, como testimonios y el informe realizado por Gendarmería Nacional a mediados del año pasado. Los únicos datos que los miembros del jurado siguen esperando son lo de la cuenta bancaria, supuestamente a nombre de la jueza y su esposo Claudio Moreira, el otro supuesto involucrado en la red de tráfico de niños. De prosperar el Jury, la jueza en principio podría ser suspendida y si se comprueba que hubo irregularidades, podría enfrentar una causa penal. Fuentes consultadas señalaron que en la investigación preliminar «no hay muchos elementos nuevos», sino que es «casi todo lo que se maneja en la prensa». Los únicos datos que pueden aportar alguna prueba serían los de la investigación realizada por el fiscal Estanislao Bys, quien hace cinco días aseguró que «hubo avances significativos en la investigación sobre la red de tráfico de bebés en Oberá». Bys incorporó a la causa el informe de Gendarmería que fue adelantado por Misiones On Line en abril que sostiene que la jueza llevó a una joven a un hogar de madres en tránsito y nunca apareció el bebé. La jueza está en el centro de la tormenta a raíz de un informe realizado por Telenoche Investiga donde se reveló una red de tráfico de bebés en la que estaría involucrada la jueza Moreira, su esposo el abogado Claudio Moreira, otros abogados, médicos y clínicas de Oberá. Los dos pedidos de Jury que pesan sobre la magistrada fueron impulsados por el justicialismo a través de Gloria Báez y por la Alianza, a través del prosecretario del bloque, Jorge Varela.