La orden de desalojar las carpas contra la EBY tendrá que cumplirse por la fuerza

Los oleros, pescadores, junqueros y lavanderas que llevan un año frente a la sede de Yacyretá sostienen que no recibieron las notificaciones judiciales, y que estas solo llegaron a personas que ya dejaron las carpas. «Si hay una orden judicial no podemos intervenir por un principio de legalidad, aunque no de legitimidad», sostuvieron desde la Municipalidad. Los oleros, pescadores, lavanderas y cesperos que se encuentran instalados frente a la EBY reclamando indeminzaciones adelantaron que no piensan levantar las carpas, pese a que la Justicia Federal ordenó su desalojo y dio un plazo de 48 a partir de que se reciba la intimación. «Vamos a resistir», coincidieron ayer los representantes de todos los grupos damnificados por la represa, y añadiendo que «si hace falta a las garroteadas». Después de más de un año de vivir en carpas, aseguran que permanecerán en el lugar y «haremos frente a lo que venga». Mientras tanto, la Comuna de la ciudad donde se encuentran instaladas las carpas se hará a un lado en la polémica entre la EBY y los damnificados, ante la intervención de la Justicia. «Si hay una orden judicial para desalojar las carpas no podemos intervenir por un principio de legalidad, no de legitimidad», afirmó ayer el delegado municipal ante la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ovidio Córdova, puntualizando que «puede que la resolución judicial no sea legítima». Uno de los puntos a los que se aferran los que aún permanecen en las carpas es que ninguno de ellos recibió la notificación oficial. Aunque conocen la existencia de las mismas, argumentan que estas llegaron de forma individualizada «a personas que ya ni están». Según sostienen, los nombres contra los que se presentó el recurso de amparo en el que se basa la decisión judicial pertenecen a personas que ya cobraron las indemnizaciones de la EBY. UNA COMPENSACIÓN «POCO JUSTA» Y es que algunos de los grupos, como los oleros o las lavanderas, ya recibieron compensaciones económicas de Yacyretá, mientras otros siguen esperando o las consideran insuficientes. «8 mil pesos no es una suma cuantificáblemente justa», afirmó desde la Municipalidad el doctor Córdova, recordando el monto que se abonó a los pescadores como compensación por la pérdida de su fuente laboral, y que en el caso de las lavanderas fue de 3.600 pesos. «Hubiera sido más conveniente una pensión, algo vitalicio», apuntó. En referencia a las críticas que se han vertido contra los que se declaran damnificados por la hidroeléctrica, a los que se ha acusado de reclamar algo que no les corresponde deslegitimando su reclamo, Córdova admitió que «por lo general los abogados somos exagerados para recamar». Sin embargo, pese a aceptar que «quizás las exigencias sean desmedidas», sostuvo también que «uno tiene que pedir bastante para negociar algo» porque «para lo único que no hay que ser pobre es para pedir». En lo que sí coincidió es en que «lo que sí hay que definir es quiénes son los verdaderos afectados, porque cada vez hay más». De momento, mientras la Justicia se define sobre las querellas abiertas contra la Entidad, este poder ya ha dado un primer fallo contra los manifestantes. Aunque los que permanecen en las carpas alegan que no han recibido notificaciones personales, las enviadas individualmente alcanzan a todos los instalados frente a la sede de Yacyretá. Entre hoy y mañana podría concretarse el desalojo, y lejos de pensar en retirarse voluntariamente, los damnificados amenazan con recurrir a la fuerza para evitar la medida dictada por la Justicia.

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas