Memorando de política económica

1. El programa económico del Gobierno Argentino -que cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (en adelante el FMI) mediante un acuerdo de Crédito Contingente a tres años aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI el 10 de marzo de 2000- procura crear las condiciones necesarias para que la producción y el empleo crezcan sostenidamente, en un contexto de estabilidad de precios, de aumento del ahorro nacional y de la inversión y de mejoramiento continuo de la competitividad de la economía. 2. Los pilares fundamentales del programa son la reducción progresiva del déficit consolidado del sector público (incluidas las provincias), desde el relativamente alto nivel (4,1% del PIB) que alcanzara en 1999 hasta menos del 3% del PIB en 2000 -con progresivas disminuciones adicionales en los años posteriores hasta llegar al equilibrio en el 2003, en consonancia con lo que prescribe la ley de responsabilidad fiscal-; y un plan de reformas estructurales de amplio alcance orientado a fortalecer la administración tributaria, mejorar la gestión del gasto público, lograr que el sistema de seguridad social sea más equitativo y financieramente solvente a largo plazo, acrecentar la eficiencia del sistema de salud, seguir fortaleciendo el sistema financiero interno, modernizar la legislación laboral con miras a promover la creación de puestos de trabajo, y fomentar la competencia y la eficiencia en los sectores clave de la economía. 3. Estas políticas se describieron en el Memorando de Política Económica (MPE) adjunto a la carta del Ministro de Economía y del Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de fecha 14 de febrero de 2000, en la que se solicitó el respaldo del FMI en el marco del acuerdo de Crédito Contingente. En el presente Memorando de Política Económica se analiza el avance logrado hasta la fecha en la aplicación de dichas políticas en el contexto de la evolución de la economía durante el primer semestre de este año, y se describen las políticas y las perspectivas para el segundo semestre de 2000. II. EVOLUCIÓN ECONOMICA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2000 4. En el primer semestre de 2000, la economía argentina siguió recuperándose de la recesión de 1999, aunque a un ritmo más gradual que el previsto originalmente. Los datos disponibles muestran que, después de reducirse un 3,1% en 1999, el PIB real creció alrededor del 1,2% en el primer semestre de 2000 en comparación con el mismo período de 1999. El lento ritmo de crecimiento económico se debió a la debilidad de la demanda interna, sobre todo en el sector de la construcción, y a la volatilidad que volvió a afectar en cierta medida a los mercados financieros externos. Como resultado, la tasa de desempleo aumentó al 15,4% de la población económicamente activa en mayo de 2000, frente a un nivel de 14,5% en mayo de 1999. Las estimaciones preliminares indican que el repunte de la actividad económica cobró impulso en el tercer trimestre de este año. 5. La economía siguió ajustándose a las perturbaciones externas que sufrió en los últimos años a través de una reducción de los costos y precios internos. Los costos unitarios laborales siguieron bajando, lo cual reforzó la competitividad de la industria argentina. En julio de 2000 los precios al consumidor mostraban una reducción de alrededor de 0,9% con respecto al mismo mes del año anterior, en tanto que los precios al por mayor subieron un 4,1% en el mismo período, lo cual indica un aumento del precio relativo de los bienes transables. Al 30 de junio de 2000, el tipo de cambio real efectivo (ponderado por el IPC) se depreció un 1,7% respecto del nivel que registraba un año antes. 6. Ante la mejora de la competitividad y la debilidad de la demanda interna, la balanza comercial mejoró considerablemente, pasando de un déficit de US$397 millones en el primer semestre de 1999 a un superávit de US$896 millones en el primer semestre de 2000. Durante el mismo período el valor de las exportaciones creció más del 13%, aumento que estuvo impulsado no sólo por el incremento de los precios, sobre todo en los sectores del petróleo y el gas natural, sino también por la buena evolución del volumen de las exportaciones de manufacturas. Por su parte, en el mismo período el valor de las importaciones aumentó menos del 2%. Pese a que la balanza de servicios no factoriales se deterioró en cierta medida, se estima que el déficit de cuenta corriente se redujo de US$5.500 millones en el primer semestre de 1999 a US$4.600 millones en el correspondiente período de 2000. Una gran proporción de este déficit se financió con inversiones extranjeras directas (IED). Al 31 de agosto, las reservas internacionales brutas del Banco Central ascendían a US$25.000 millones, superando los pasivos monetarios; además, los bancos comerciales mantenían en el exterior activos líquidos por un total de US6.800 millones. 7. Debido a que la recuperación de la demanda interna fue más lenta de lo que se había previsto y a que los precios al consumidor bajaron, los ingresos tributarios registraron una insuficiencia de $Arg 600 millones en los primeros cinco meses de 2000 con respecto a las cifras previstas en el programa. A fin de asegurar el cumplimiento de las metas fiscales anunciadas, el Gobierno modificó el cronograma de pago del impuesto a las ganancias (medida que, según las estimaciones, generará un ingreso adicional de alrededor de $Arg 320 millones durante el año), a la vez que anunció un importante programa de recortes de gastos (que se estima generará un ahorro de alrededor de $Arg 600 millones en términos anualizados), que incluye una rebaja del 12% al 15% en los sueldos de los empleados públicos que perciben más de $Arg 1.000 mensuales, la reestructuración de algunas entidades públicas y la racionalización de determinadas jubilaciones de privilegio. Estas medidas, sumadas a un nivel de recursos no tributarios mayor que el previsto en el programa original y al éxito del plan de facilidades para el pago de impuestos anunciado en meses anteriores de este año, permitieron alcanzar la meta de déficit del gobierno federal para el primer semestre. También se cumplieron las metas de gasto primario del gobierno federal y de variación de la deuda total del gobierno federal. 8. La información preliminar sobre la evolución de las finanzas provinciales en lo que va del corriente año indica que -pese a que los ingresos propios de las provincias sufrieron el impacto adverso de un crecimiento de la base imponible más lento que el proyectado y a que parte de los gastos comprometidos a finales de 1999 se trasladaron al año 2000- el déficit provincial está disminuyendo sustancialmente. Esta evolución refleja las importantes medidas de contención del gasto adoptadas y el aumento de las transferencias del gobierno federal a las provincias, según lo convenido en el Pacto Federal de diciembre de 1999. Se estima que los gastos primarios disminuyeron el 10% en el primer semestre de 2000 en comparación con el correspondiente período de 1999. Por otra parte, el gobierno federal está promoviendo programas de ajuste fiscal y estructural en las nueve provincias más endeudadas, a través del fondo fiduciario para el desarrollo provincial que permite refinanciar el saldo de la deuda de estas provincias en condiciones más favorables, con la garantía de los ingresos fiscales nacionales que corresponden a las provincias. Asimismo, el Gobierno Nacional está respaldando los planes de ajuste de las principales provincias con el apoyo del Banco Mundial y el BID. 9. El sistema bancario mantuvo la sólida situación lograda en los últimos años. Los depósitos bancarios crecieron alrededor del 6% en el primer semestre de 2000. Sin embargo, los préstamos bancarios se mantuvieron estables, y los activos líquidos en poder de los bancos siguen superando con creces los requisitos de liquidez obligatorios. Esta cobertura se ve reforzada por la línea de crédito contingente acordada con bancos privados internacionales por un monto de US$6.900 millones. Por otra parte, la incipiente recuperación económica no se ha reflejado aún en la calidad de los activos de los bancos y los préstamos en mora aumentaron levemente; sin embargo, los préstamos netos de previsiones para deudas incobrables, disminuyeron del 4,7% del total de los activos en diciembre de 1999 al 4,1% en junio de 2000. El sistema bancario sigue capitalizado adecuadamente, dado que los coeficientes de capitalización (criterios de Basilea) se situaban en un nivel ligeramente superior al 20% en junio de 2000. Por último, se cumplió la meta acordada para el 30 de junio sobre la variación de los activos internos netos del Banco Central. 10. Se han logrado significativos avances en varios aspectos de las reformas estructurales. Un logro especialmente importante a este respecto fue la aprobación de la reforma laboral por el Congreso en mayo. Esta ley prolonga de uno a tres meses (seis meses mediando acuerdo) el período de prueba aplicable a los nuevos empleados, establece la eliminación progresiva de la cláusula de ultraactividad que actualmente prorroga de manera indefinida la vigencia de los convenios laborales vencidos hasta que se modifiquen por mutuo acuerdo, y establece que los convenios colectivos celebrados a nivel de empresa prevalecerán por sobre los celebrados a escala sectorial. Esta ley se orienta a promover una mejor adaptación del mercado de trabajo a los cambios en la estructura de la demanda y la producción, y a reducir la informalidad y la precariedad del empleo. 11. También se ha progresado considerablemente en lo que respecta a las reformas fiscales estructurales. Como se señaló en el anterior Memorando de Política Económica, en el curso de este año el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley de gran alcance, encaminado a fortalecer el cumplimiento tributario y a reducir la evasión. Si bien actualmente este proyecto de ley está a consideración del Congreso, el Gobierno sancionó por decreto algunas de sus disposiciones fundamentales; específicamente, se ha dispuesto que los pagos superiores a $Arg 10.000 deben realizarse por medio de instrumentos bancarios en lugar de efectivo. Asimismo, el Gobierno a) está modificando el régimen tributario aplicable a los combustibles y está adoptando medidas para reducir la evasión en la industria del trigo, carne y el tabaco; b) sigue fortaleciendo la capacidad operativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y c) ha obtenido la aprobación del Congreso de normas legislativas que aceleran el tratamiento judicial de las causas tributarias, entre ellas la creación de un fuero judicial especializado que se ocupará de estas causas por un lado, y de secretarías especiales nacionales y regionales dentro del sistema judicial, que se ocuparán del cobro de las deudas tributarias en mora, por el otro. 12. El Gobierno ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley de seguridad social orientado a mejorar la solvencia intertemporal del sistema y a ampliar su cobertura. Esta reforma prevé el otorgamiento de una pensión a las personas mayores de 70 años de edad que no cuenten con otras fuentes de ingreso, la redefinición de la prestación básica universal y un cronograma progresivo de prestaciones jubilatorias para las mujeres que se jubilen entre los 60 y los 65 años de edad. Asimismo, es intención del Gobierno adoptar medidas para lograr una mayor coincidencia de la base contributiva de los trabajadores autónomos con sus ingresos efectivos, reformar a mediano plazo los regímenes de pensiones especiales para determinadas categorías de empleados públicos y reforzar el marco regulatorio del sistema de capitalización para intensificar la competencia y reducir los costos operativos. 13. El Gobierno también está reformando el sistema de salud con miras a una mayor solidaridad y eficiencia en su funcionamiento. En junio el Gobierno sancionó, con efecto a partir del 1 de enero de 2001, un decreto orientado a promover la consolidación de las obras sociales existentes y a fomentar una competencia más efectiva entre las obras sociales subsistentes y entre éstas y las empresas proveedores de servicios de salud. En el nuevo sistema, todos los proveedores de servicios de salud ofrecerán cobertura básica; asimismo, los aportes al Fondo Solidario de Redistribución (que subsidiará las prestaciones a los sectores pobres y las prestaciones en caso de enfermedades que requieren alta complejidad) serán generalizados y se basarán en el nivel individual de ingresos. El Gobierno también está poniendo en práctica un programa orientado a lograr la viabilidad financiera del sistema de salud para jubilados y pensionados (PAMI), mejorando al mismo tiempo la calidad y la eficiencia de sus servicios. Desde el comienzo de este año se han renegociado los contratos con los proveedores, se han reducido considerablemente los atrasos del PAMI en sus pagos con prestadores, se ha limitado la intermediación innecesaria y se ha reducido en medida significativa el personal no permanente. A fin de promover una mayor transparencia, el gobierno reincorporará las operaciones del PAMI al presupuesto federal en 2001. III. POLÍTICAS Y PERSPECTIVAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2000 A. Políticas y perspectivas macroeconómicas 14. El Gobierno se ha comprometido plenamente a mantener sus esfuerzos de ajuste fiscal en el resto del año y en el período posterior, de manera de fortalecer la confianza en los mercados financieros dentro y fuera del país, lo cual, a su vez, es condición necesaria para una nueva reducción de las tasas de interés y una aceleración sostenible del crecimiento económico. No obstante, reconoce que, pese a las sustanciales reducciones del gasto llevadas a cabo, el efecto sobre los ingresos públicos de una recuperación de la actividad económica más lenta que la esperada no puede neutralizarse plenamente sin correr el riesgo de abortar la incipiente recuperación. Por consiguiente, el Gobierno propone una modificación del programa que contemple un déficit federal ligeramente mayor (aproximadamente 0,2% del PIB) que el previsto originalmente. Al mismo tiempo, la meta fijada en el programa en lo que respecta al gasto primario se reduciría en el equivalente del 0,1% del PIB para reflejar el esfuerzo del Gobierno en la contención del gasto público. Estas modificaciones propuestas siguen siendo congruentes con la ley de responsabilidad fiscal. 15. El déficit del Gobierno Federal para 2000 se limitará a $Arg 5.300 millones (1,8% del PIB). El logro de esta meta será posible debido a que se proyecta un fortalecimiento moderado de los ingresos tributarios en el segundo semestre del año -como consecuencia de una recuperación gradual del producto, cierto afianzamiento de los precios y los efectos del plan de facilidades para el pago de impuestos- y un menor nivel de gastos que el programado inicialmente, como resultado de las medidas anunciadas en mayo y de ahorros adicionales que se lograrán en los próximos meses, y que se refleja en una nueva meta para el gasto primario en el tercer y cuarto trimestres del año, más baja que la prevista originalmente. 16. A pesar de los considerables esfuerzos que están realizando la mayoría de las provincias para fortalecer sus finanzas, es probable que el déficit consolidado supere la meta indicativa fijada en el programa ($Arg 2.200 millones, 0,7% del PIB) en el equivalente de 0,2% del PIB aproximadamente, en parte debido a que en 1999 el déficit fue considerablemente mayor que el que se había estimado en un principio. Por consiguiente, el Gobierno propone que la meta fijada en el programa para la deuda del sector público consolidado se eleve a $Arg 7.000 millones (2,4% del PIB). Por otro lado, se realizaron esfuerzos para superar las dificultades técnicas que se plantearon en la implementación del sistema propuesto para el seguimiento de la deuda bancaria de las provincias denominada en moneda extranjera y en moneda nacional, y dicho sistema entró en funcionamiento en el mes de agosto de 2000. 17. Como se indicó en el anterior Memorando de Política Económica, se espera que la reducción del déficit federal y provincial en 2000 en conjunto con la consolidación de algunas obligaciones del Estado impuestas por fallos judiciales, resulte en un incremento moderado de la relación entre la deuda pública y el PIB este año. No obstante, en la medida que el déficit siga la trayectoria que prescribe la ley de responsabilidad fiscal, la deuda pública en relación con el PIB disminuirá progresivamente. Durante el período que abarca el programa continuarán los esfuerzos para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda, reducir al mínimo su costo mediante un dinámico manejo de pasivos y fomentar el desarrollo de los mercados de capital internos. Además, el Gobierno tiene previsto mantener un nivel adecuado de prefinanciamiento de sus obligaciones financieras y seguirá recurriendo al financiamiento a corto plazo dentro de los límites fijados en el programa. Proseguirán los esfuerzos para vender determinados activos públicos, entre ellos las acciones remanentes en empresas privatizadas y los bienes inmuebles. Se espera que estas operaciones generen $Arg 400 millones en 2000. 18. La política financiera seguirá centrándose en fortalecer la confianza en el sistema bancario nacional y en crear las condiciones para una mayor monetización del economía y un flujo adecuado de crédito al sector privado. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prevé mantener en alrededor del 35% la cobertura de los depósitos bancarios del sector privado con activos externos líquidos. La fuerte liquidez de los bancos y el pago programado del saldo del crédito pendiente con el FMI permitirán al BCRA seguir reduciendo sus activos internos netos los cuales, según la meta fijada, se reducirán en $Arg 1.080 millones en 2000. 19. El Gobierno espera que la recuperación económica en marcha cobre más impulso a medida que transcurra el año y que dé como resultado un crecimiento real del PIB del 2% para el año en su conjunto. La estabilidad de los salarios en conjunto con el aceleramiento de la actividad económica y la mayor flexibilidad introducida en el mercado de trabajo formal por la reciente ley de reforma laboral, reducirán progresivamente el desempleo. 20. Según las proyecciones, el balance comercial registrará un leve superávit, resultado del crecimiento sostenido de los volúmenes de las exportaciones que superará en gran medida la recuperación paulatina de las importaciones en el segundo semestre del año a medida que repunta la demanda interna. Se proyecta también que los términos de intercambio mejorarán casi 4% en 2000, en parte gracias al incremento de los precios del petróleo. La mejora del balance comercial será más que compensada por los mayores de pagos de intereses y de remesas de utilidades al exterior, pero se prevé que el déficit de cuenta corriente se reduzca de US$12.300 millones (4,3% del PIB) en 1999 a US$10.800 millones (3,7% del PIB) este año. Se estima asimismo que más de la mitad del déficit de la cuenta corriente será financiado por inversión extranjera directa (IED). Se prevé que el balance de pagos registrará un significativo superávit en 2000, que permitirá que las reservas internacionales sigan aumentando durante el año. 21. En lo que se refiere a 2001, el Gobierno confía en que su compromiso con la disciplina fiscal y las reformas estructurales, claramente demostrado en lo que va del año, en conjunto con un entorno externo que se prevé más estable, ayudarán a fortalecer la confianza interna y externa en la economía y facilitarán una recuperación sostenida del crédito y de la demanda interna. En estas circunstancias, el Gobierno considera que el crecimiento real del PIB se acelerará a aproximadamente 3,7% en 2001, en tanto que los precios aumentarían menos de 1%. Sobre esta base, y en consonancia con la ley de responsabilidad fiscal, el Gobierno está preparando el proyecto de presupuesto para 2001, que presentará al Congreso a mediados de septiembre, y establecerá una disminución del déficit del Gobierno Federal, en base caja, a aproximadamente $Arg 4.100 millones (1,4% del PIB). Esta meta se alcanzará como consecuencia del fortalecimiento de los ingresos fiscales asociado a la aceleración de la actividad económica y como resultado de las medidas ya adoptadas para mejorar la administración tributaria, además de una mayor contención del gasto que reflejará el efecto pleno de las reducciones efectuados en 2000. Tal como dispone la ley de responsabilidad fiscal, el logro de esta meta presupuestaria será un paso importante para encauzar las finanzas públicas en una senda sostenible a mediano plazo. B. Reformas estructurales 22. Además de seguir desplegando esfuerzos para que el Congreso apruebe cuanto antes la legislación sobre las reformas pendientes, el Gobierno procurará nuevas reformas estructurales en otras esferas importantes, entre ellas el sistema de coparticipación de ingresos con las provincias, la reforma administrativa, la promoción de la inversión privada en infraestructura, medidas para aliviar la situación de los desempleados y los pobres, y políticas para fomentar el sano desarrollo de la pequeña y mediana empresa, promover la competencia en la economía, incluso mediante una mayor apertura comercial, y modernizar los mercados financieros internos. 23. El Gobierno está tratando de establecer un nuevo acuerdo con las provincias que tiene por objeto, entre otras cosas, reducir el déficit fiscal global de las provincias para lograr el equilibrio en 2003, congelar el gasto nominal a los niveles de 2000 durante un período de cinco años, establecer límites para la deuda de las provincias, otorgar más transparencia a las cuentas en todos los niveles de gobierno y establecer un Fondo Fiduciario Federal de Asistencia Social, financiado con una parte de las transferencias automáticas a las provincias y con aportes del gobierno federal. El acuerdo también reafirma el compromiso de presentar al Congreso, en el curso de 2000, una propuesta de reforma del sistema de coparticipación de ingresos que entrará en vigencia cuando caduque el actual Pacto Federal al final de 2001. Los elementos principales de la propuesta serían la inclusión de todos los impuestos federales (con excepción de los impuestos sobre el comercio exterior) como base de la coparticipación, la adopción de un promedio móvil trienal en el cálculo de los ingresos coparticipados para suavizar el impacto de las fluctuaciones cíclicas en los recursos provinciales, partiendo de la actual distribución de los ingresos fiscales entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales. 24. En el ámbito social, los esfuerzos del Gobierno se centran en mejorar la situación de los desocupados y los pobres. El Gobierno incrementó las asignaciones presupuestarias en el marco de programas de empleo temporario, como el programa Trabajar y el Programa de Emergencia Laboral (PEL). Además, está mejorando la asignación de los recursos en el marco de estos programas, dando más transparencia a la selección de los beneficiarios y centrando la asistencia en los jefes de familia. A efectos de ampliar el alcance de los programas a más población, se han reducido las prestaciones en el programa Trabajar de $Arg 200 a $Arg 160 mensuales. En el marco del programa piloto Identidad, el Gobierno procura coordinar la asistencia a los niños de zonas urbanas en materia de nutrición, educación y salud. Asimismo, se están redoblando esfuerzos para lograr un mejor manejo de las situaciones de emergencia, en particular las vinculadas con las consecuencias de los desastres naturales. En las zonas urbanas pobres, el Gobierno está promoviendo la construcción de infraestructura sanitaria básica y el abastecimiento de agua potable. 25. Por otra parte, el Gobierno está estableciendo un marco para que los servicios públicos sean de mayor calidad y más eficientes, incorporando al sector privado en el desarrollo de la infraestructura básica. Esto incluye la creación de un fondo con activos públicos para otorgar garantías y reducir los costos financieros para los contratistas privados a quienes se les encomienda la construcción de infraestructura pública o la prestación de servicios públicos. En el marco de este programa, los contratistas privados se encargarían de la construcción, el mantenimiento y el funcionamiento de las obras de infraestructura pública, y alquilarían estas obras al Gobierno una vez concluidas. 26.Con miras a fomentar el desarrollo del mercado financiero interno, se están realizando esfuerzos, entre otras cosas, para introducir nuevos instrumentos financieros, fortalecer el marco normativo para los intermediarios financieros no bancarios y mejorar los vínculos con otros mercados financieros de América Latina. El Gobierno está procurando obtener la aprobación legislativa para los cambios propuestos a la Carta Orgánica del BCRA, con el objeto de reforzar la capacidad del Banco Central para tratar con instituciones financieras que padezcan dificultades. El BCRA continúa haciendo lo posible por fortalecer aún más la supervisión bancaria mediante acuerdos de cooperación con entidades de supervisión de los principales países industriales y otros mercados financieros pertinentes, y mediante la adecuada capacitación de su personal. La nueva legislación tiene por objeto reorientar las actividades crediticias del Banco de la Nación (BN) hacia la pequeña y mediana empresa. El Gobierno ha fortalecido el capital de este banco transfiriéndole las acciones que tenía en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En los últimos meses, la gerencia del BN tomó medidas para incrementar la transparencia de sus operaciones, limitar la exposición frente a deudores que no hayan recibido una calificación crediticia adecuada y asegurar la constitución de reservas suficientes para su cartera de préstamos incobrables. 27.El Gobierno considera que la promoción de la competencia en los mercados internos es crucial para mejorar el bienestar del consumidor y la competitividad de la economía. En el sector de las telecomunicaciones, el Gobierno está aprovechando la conclusión a fines de 2000 de los contratos con las dos principales empresas que operan en ese sector, para avanzar en el proceso de desregulación. Se autorizará la participación de nuevas empresas y se reducirán más de un 50% los derechos de conexión, en tanto que se están tomando medidas para asegurar la prestación de servicios telefónicos en zonas aisladas, lo cual supondrá un gran volumen de nuevas inversiones en ese sector. El Gobierno está trabajando en colaboración con las empresas que operan en los sectores de servicios públicos a fin de eliminar la indexación de las tarifas nacionales a las variaciones del índice de precios al consumidor de Estados Unidos. 28.En agosto, el Congreso aprobó una ley cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, a la vez de ayudar a corregir las imperfecciones del mercado que impiden el desarrollo de dichas empresas. La ley incluye la creación de dos fondos para garantizar los empréstitos que obtengan las empresas pequeñas y para proporcionar capital de riesgo destinado a proyectos de largo plazo. Para constituir el capital de estos fondos se asignará parte del capital del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y se proporcionará cofinanciamiento con organismos multilaterales y bancos comerciales privados. También se ha previsto establecer partidas presupuestarias anuales para subsidiar parcialmente las tasas de interés de los préstamos a la pequeña empresa. El Gobierno está trabajando directamente con el sector privado para impulsar la formación de consorcios de pequeñas y medianas empresas con el objeto de facilitarles el acceso a los mercados extranjeros. 29.El Gobierno está aplicando una política de apertura comercial dentro y fuera del Mercosur. En este contexto, tiene previsto eliminar a partir de finales de año la sobretasa del 3% aplicable al arancel externo común del Mercosur. Además, el Gobierno está impulsando con fuerza la institucionalización de mecanismos para la resolución de las diferencias comerciales y para asegurar una mayor convergencia macroeconómica mediante un diálogo más intenso sobre políticas. Los países miembros del Mercosur, así como Chile y Bolivia, participan activamente en la armonización de las estadísticas, sobre todo las referentes al plano fiscal y de balance de pagos.