El fiscal aseguró que hubo avances significativos en la investigación sobre la red de tráfico de bebés en Oberá

Bys incorporó a la causa el informe de Gendarmería, pero señaló que «sólo corrobora» los datos que ya tenía. El informe compromete a la magistrada en un caso. El Jury se reunirá recién la semana que viene El fiscal Estanislao Bys, a cargo investigar la actuación de la jueza Aída Rosa Vázquez de Moreira en una supuesta red de tráfico de niños, aseguró que «hubo avances significativos» en la causa y adelantó que incorporó el informe de Gendarmería Nacional que compromete la situación de la magistrada. Aunque no quiso revelar cuáles fueron los avances, amparándose en el secreto de sumario, fuentes cercanas a la investigación señalaron que varios testimonios aseguran que la jueza conocía y estaría vinculada con la venta de niños. El pedido de Jury recién se analizará la semana que viene, ya que el Superior Tribunal de Justicia quiere reunir «toda la información» sobre los trámites de adopciones realizados en el Juzgado de la jueza Moreira. Una secretaria del STJ visitó Oberá ayer y hoy volverá a la Capital del Monte para conseguir más información. Sin embargo, el fiscal Bys no estaba enterado de la visita. Bys incorporó a la investigación el informe de Gendarmería que fuera adelantado por Misiones On Line en abril que sostiene que la magistrada el 8 de julio del año pasado, la jueza Vázquez de Moreira llevó a Olga Raquel Vilar de 18 años, quien estaba a punto de tener un bebé a la clínica Integral, donde se habría producido el parto sin que se registre documentalmente. Días después, la misma jueza devolvió a la joven al Hogar de Madres en Tránsito, con la particularidad de que la chica ya no presentaba estado de gravidez y no tenía a su hijo. Esta circunstancia «llamó poderosamente la atención» de la madre María -directora del Hogar- quien le manifestó su desconfianza a la magistrada, que le contestó que «el bebé había nacido muerto». Sin embargo, le pidió a la monja que no registre el alojamiento de Vilar en el Hogar. Los lugares involucrados en la presunta red de tráfico de bebés serían el hospital Samic, la Clínica Integral y sanatorios privados -entre los que habría que incluir a la clínica Sábato Romano que aparece en el informe de Telenoche Investiga-. Según GN, en estos lugares «trabajaría clandestinamente una organización que se dedicaría a la realización de partos clandestinos, no registrados, en la captación de ‘panzas’ con el conocimiento de algunos médicos, asistentes sociales, abogados e incluso personas vinculadas al Poder Judicial». La investigación también asegura que «mensualmente se realizan 60 adopciones» -es decir tres chicos por día si se tiene en cuenta que los fines de semana no hay actividad judicial- en los juzgados Civil y Comercial, justamente a cargo de Vázquez de Moreira y del juez Julio Skanata. Según Bys, el informe «no aporta cosas que no se sepan en la investigación», pero «corrobora» algunos datos.

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