Dos comisarios investigados por un intento de defraudación, recusaron al juez Gallardo cuando fueron citados a indagatoria

La situación de los dos policías, que están separados de sus cargos, es muy comprometida. Están acusados de intentar estafar a la Dirección de Servicios Sociales de la Policía en 9000 pesos. La investigación por un intento de estafa contra la Dirección de Servicios Sociales de la Policía pasó esta mañana a manos del juez de Instrucción Ramón Grinhauz porque los sospechosos recusaron sin causa al juez Horacio Enrique Gallardo. En la causa aparecen seriamente comprometidos en la maniobra el comisario general Ramón Fraga, quien se encontraba al frente de la Secretaría General de la Jefatura; y el comisario mayor Roberto Franco, a cargo de la Secretaría Privada del jefe de Policía. Ambos están separados de sus cargos desde hace más de tres meses y es muy poco probable que vuelvan a las filas de la fuerza. La recusación fue presentada ayer cuando ambos policías fueron citados a prestar declaración indagatoria en la causa. Esto quiere decir que el magistrado había entendido que habían suficientes elementos como para imputaarles el delito de tentativa de estafa. De acuerdo con la investigación, el más comprometido legalmente sería Franco, quien habría realizado todos los trámites para cobrar un seguro de vida de una menor (hija de un suboficial de Policía) que supuestamente había fallecido en Puerto Esperanza. Franco y Fraga fueron obligados por el jefe de Policía, comisario general Rubén Oscar Gabriel a tomarse la licencia especial de tres meses que tienen todos los oficiales con una antigüedad mayor de 20 años. Al finalizar dicha licencia, continúan separados del cargo hasta que se decida su suerte. Mientras tanto, el director de Seguridad, el comisario general Luis Eduardo Rosa trabaja en el sumario administrativo que podría dejar en la calle a los dos altos oficiales. El sumario administrativo iniciado por la Jefatura también le fue remitido a Gallardo, quien encuadró el caso como «defraudación en grado de tentativa, falsificación de documento público agravado por la condición de funcionarios públicos de los imputados. De acuerdo con lo que se pudo establecer hasta el momento, Franco inició los trámites para cobrar un seguro de vida de una menor hija de un suboficial de Policía de apellido Chávez que actualmente presta servicios en Apóstoles. La suma reclamada por Franco en nombre de Chávez rondaba los 9.000 pesos. Al iniciar los trámites presentó la fotocopia de un certificado de defunción de la menor. Dicha fotocopia estaba firmada por Fraga, quien certificaba que era copia fiel de un original. Ante la Dirección de Servicios Sociales Franco habría señalado que él realizaría todos los trámites por Chávez, quien supuestamente sería un familiar cercano. El caso quedó al descubierto cuando los funcionarios de Servicios Sociales se comunicaron con Chávez para obtener mayores precisiones sobre el monto que percibía en concepto de sueldo. El suboficial le dijo que nunca inició los trámites ni le otorgó mandato a Franco para que lo hiciera, ya que su hija estaba viva. El jefe de Policía ordenó inmediatamente el inicio de un sumario administrativo y separó a ambos oficiales de sus cargos hasta que se establezca la responsabilidad que tuvo cada uno de ellos en la maniobra. El delito que se le imputa a ambos es excarcelable, pero en el caso de ser encontrado responsables, serían inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Para los dos oficiales de la Policía, la carrera dentro de la fuerza está terminada, más allá de lo que se resuelva en la Justicia o en el sumario administrativo.

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