Un pedido de informes sobre cheques sin fondo

La Cámara de Diputados aprobó anoche un pedido de informes sobre la situación de la jueza Alicia Gladis Isassa de Zapelli y la emisión de los cheques sin fondos que fueron emitidos supuestamente por su esposo con una chequera a nombre de los dos. El pedido de informes se hace para aclarar la situación de la jueza «porque la ciudadanía está altamente sensibilizada». Según las fuentes del justicialismo que fueron consultadas, los legisladores hicieron consultas con los bancos, y la magistrada tendría cuentas cerradas en estado «irrecuperable». A pesar de que el esposo de la magistrada, Raúl Alberto Zappelli, afirmó que la emisión de los cheques sin fondos fue de su responsabilidad y que la jueza no tenía nada que ver, los legisladores tienen decidido por lo menos avanzar hasta un pedido de informes, aunque en un primer momento se hablaba de un inminente pedido de Jury. «Los cheques son míos. Mi esposa no tiene nada que ver». Raúl Alberto Zappelli, esposo de la jueza Alicia Gladis Isassa de Zapelli, asume toda la culpa y asegura que su señora no tiene nada que ver en el asunto. Zapelli, no desmintió que se hayan emitido los cheques, sino que hayan sido firmados por la magistrada a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 5. Según el esposo de la jueza, todo comenzó el año pasado cuando «me embarqué en un proyecto muy ambicioso que me fue mal». No serían sólo 20 los cheques sin fondos, ya que según sus propias palabras fueron «más de cien» de los que quedarían 35 en la calle. Zappelli llegó hasta la redacción de Misiones On Line muy consternado por la divulgación de la investigación que encaran diputados justicialistas y asumió toda la culpa: «La culpa la tengo yo, fueron cheques de usura que tuve que largar. Estaba en un proyecto muy ambicioso -la fabricación de panales de abejas para una empresa de Buenos Aires- y de repente todo se me cayó», señaló. Fuentes de la Cámara de Diputados señalaron que la intención es investigar a la magistrada a partir de la emisión de unos veinte cheques -ahora serían más- emitidos a partir de una cuenta conjunta con su esposo, Raúl Alberto Zappelli en dos entidades bancarias de Posadas. La emisión de cheques sin fondos está contemplada en el artículo 302 del Código Penal y fija penas de prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años. Pero este caso sería más grave ya que su accionar se encuadraría dentro de la figura de defraudación. Esta situación llevó a que Isasa de Zapelli presentara a fines de año pasado un pedido de separación de bienes en una causa radicada en el Juzgado Civil y Comercial II, a cargo de María Teresita Berti de Benmaor. Sin embargo, por más que ella no sea la emisora de los cheques, es responsable en forma directa por ser una de las titulares de la cuenta. «Trátenla bien, porque ella no es la responsable de esto, sino su ex esposo, que vivía de fiesta», pidió un alto funcionario judicial cuando fue consultado sobre la situación de la magistrada. Un legislador de la bancada aliancista confirmó lo dicho por el juez: «Siempre fue una chica trabajadora y fue su esposo el que emitió los cheques». La misma opinión tuvo el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Manuel Augusto Márquez Palacios, quien sin embargo, afirmó que si la magistrada firmó los cheques, le corresponde un jurado de enjuiciamiento. Según fuentes oficiales, la situación de la jueza viene siendo investigada desde hace unas dos semanas y podría llegar a pedírsele un juicio político por «defraudación». Los cheques fueron librados a mediados del año pasado y no fueron cancelados en tiempo y forma. Esto derivó en una denuncia policial realizada por varios de los damnificados e incluso se pudo averiguar que al menos cinco abogados recibieron denuncias para iniciar el cobro de los documentos por vía judicial, pero todos se negaron para no ir en contra de una magistrada. Asimismo, uno de los abogados habría puesto dinero de su bolsillo para salvar a la jueza. Esta agencia quiso comunicarse con el juzgado donde trabaja, pero los llamados no fueron respondidos. Tampoco en su casa fue posible. La magistrada está siendo investigada por algunos legisladores justicialistas de la Cámara de Diputados, y según confiaron, «su situación es comprometida». Los legisladores están investigando en el mayor de los sigilos las cuentas bancarias de la magistrada. A menos de un año de haber librado los cheques sin fondo, las cuentas de la magistrada -según los registros del Banco Central sobre deudores- en los bancos Roberts y Citibank arrojan un saldo positivo: en el primero, en abril de este año su cuenta tuvo un movimiento de 82.000 pesos, en el segundo, en el mismo mes, de 13.900 pesos. En junio, según la misma fuente, el saldo se redujo en el primero de los bancos a 81.300 pesos, en tanto que en el segundo se redujo 200 pesos.