La decisión sobre la extradición del militar misionero será en breve

El militar retirado Jorge Olivera continúa detenido en la cárcel romana de Regina Coeli a la espera de una decisión de la justicia italiana sobre su extradición a Francia que se producirá «en tiempo breve», según su abogado. El nuevo letrado que defiende a Olivera, Augusto Sanagra, dijo ayer que confía en un rápido pronunciamiento sobre la posible extradición, aunque advirtió que la ley italiana no marca ningún plazo para que sea tomada esa decisión. Las autoridades francesas ya han remitido a las italianas una demanda de extradición por «secuestro con torturas» de Olivera, que fue detenido hace exactamente un mes en Roma, a raíz de una orden de captura dictada por un juez galo. Sanagra, el nuevo abogado del militar argentino, es un prestigioso abogado en Roma que actuó como representante del gobierno turco en 1998 en el caso del líder kurdo Abdullah Ocalan, informó hoy la agencia de noticias EFE. Ankara solicitó entonces, sin éxito, la extradición de Ocalan, al que acusaba de terrorismo y que había pedido asilo político en Italia, en un hecho que enturbió las relaciones entre ambos países. Un portavoz del ministerio de Justicia italiano coincidió hoy en señalar que la petición de París será tramitada en un plazo corto «como es costumbre en las demandas de este tipo». La misma fuente confirmó que la Fiscalía General se encuentra examinando la documentación enviada por las autoridades francesas y que será también estudiada por el Tribunal de Apelación. Olivera fue detenido cuando se disponía a regresar a Argentina, a raíz de una orden de captura dictada por el juez Roger Le Loire, por su presunta implicación en la desaparición de la joven francesa Marie Anne Erize Tisseau en 1976 en la provincia de San Juan. En una audiencia celebrada el pasado 10 de agosto en Roma, Olivera negó su implicación en la desaparición de la joven francesa y se opuso a ser entregado a las autoridades de Francia. El mayor retirado del Ejército, juzgado y sobreseído en Argentina por la ley de Obediencia Debida, figura también en la lista de los 98 militares acusados por el juez español Baltasar Garzón por la desaparición de ciudadanos españoles durante el régimen militar. Debido a que el Estado italiano se constituyó en parte civil en el proceso que se sigue en Roma contra otros 7 ex militares argentinos por la desaparición de 8 ciudadanos ítalo-argentinos, es más que probable que el ministro de Justicia, Piero Fassino, curse favorablemente la petición de extradición.