Entre los autos entregados en guarda por los jueces, aparecen funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo

Los jueces siguen siendo reacios a entregar la información sobre la entrega de los vehículos. Algunos autos habrían sido utilizados en campañas políticas «Tengo una muy mala noticia», anunció el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Manuel Augusto Márquez Palacios. La «muy mala noticia» es que entre los autos entregados en «guarda» por los jueces a distintos a agentes públicos, aparecen «varios funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo», que son reacios a devolver los vehículos secuestrados. Aunque Márquez Palacios no quiso revelar los nombres de los funcionarios, en el Superior Tribunal están algunos de los expedientes enviados por los jueces a raíz de la requisitoria del STJ para que informen sobre los elementos incautados desde 1991 hasta la fecha. Estos vehículos habrían sido utilizados en campañas políticas. Hasta ahora, solo una magistrada devolvió un vehículo. Asimismo, el presidente del STJ reveló otra maniobra reñida con la ley por parte de los jueces. «Un juez de primera instancia o un juez penal no puede dar en guarda un auto a un funcionario, porque eso es exclusiva responsabilidad del Superior Tribunal de Justicia», se quejó. Márquez Palacios estimó que «no hay un delito» en la entrega de los autos, pero que sí se está incumpliendo una ley. «No pensé que iba a causar tanto revuelo cuando quise saber el destino de los autos entregados», afirmó. Ayer, Márquez Palacios había reconocido que los jueces «tienen mucha resistencia» a devolver los autos, con el justificativo de que si no se entregaban, «se deterioraban». «Pero hay una ley que dice que los autos deben ser rematados cuando no son reclamados y ese dinero debería depositarse en el fondo de Justicia», señaló. El caso de los autos entregados en depósito judicial fue puesto sobre el tapete por una publicación de un matutino local que descubrió autos judiciales entregados en guarda por la Justicia misionera en el Chaco. Los autos habrían sido vendidos a un ciudadano de esa provincia. Asimismo, el abogado Miguel Iglesias, quien sostuvo que sólo en Posadas circulan más de 500 vehículos secuestrados por la Justicia y entregados a terceros en depósito judicial. El abogado penalista y secretario del Instituto de Ciencias Penales del Nordeste criticó la falta de control por parte del Superior Tribunal de Justicia y aseguró que «hasta me da temor investigar esto porque está involucrada la clase política, porque muchos de los políticos tienen estos autos». En la justicia provincial los rodados sólo pueden ser entregados en calidad de depósito judicial a la persona que tenga justo título o acredite ser poseedor de buena fe del bien hasta que se establezca con certeza quién es su legítimo propietario. También pueden ser cedidos a instituciones de bien público y sin fines de lucro con la condición, en todos los casos, que se contrate un seguro contra todo riesgo y se lo mantenga en buen estado de conservación y funcionamiento. Este año el Superior Tribunal de Justicia sacó una acordada por la cual pidió a los jueces de Instrucción de la provincia «una estricta observación de las leyes para la disposición de los bienes registrables (lanchas y automotores). Para el abogado Iglesias, «en el STJ no tiene un control de todos los autos que se secuestran durante los turnos, que pueden ser de dos a 20 rodados por juzgado». Agregó que «en una época se quiso cortar con eso, pero al no haber una justicia independiente son entregados para la campaña política u otros usos, lo cual nos acerca más a un feudo que a una provincia independiente».